Al programa de reintegración de los paramilitares desmovilizados que desarrolló la Alcaldía no se le puede achacar más de lo que le corresponde.
Reintegración y Seguridad Ciudadana en Medellín es un informe que recoge y sistematiza información para conocer algunos de los principales hitos del proceso de formulación y diseño del Programa de Paz y Reconciliación (PPR) de la ciudad de Medellín, desarrollado por la Alcaldía de esta ciudad desde 2004. El documento, además, pretende aportar un balance del desempeño y la ejecución del mismo programa, es decir, identificar los principales logros del programa, algunos de los obstáculos que ha atravesado a lo largo de sus cinco primeros años de duración y los grandes desafíos que enfrenta en el presente. El texto está dividido en tres partes, la primera de ellas destinada a hacer una aproximación a la historia y naturaleza del fenómeno paramilitar que se gestó en Medellín, así como los alcances del PPR. En la segunda parte se plantean las numerosas dudas alrededor de la primera desmovilización colectiva de paramilitares en el país, precisamente la del Bloque Cacique Nutibara en Medellín. En la tercera se intenta verificar si el programa cumple tres aspectos que se consideran críticos según la literatura internacional sobre desarme, desmovilización y reinserción. La siguiente parte busca responder la pregunta de si el programa ha sido un aporte efectivo al mejoramiento de las condiciones de seguridad de la ciudad de Medellín. Por último, el texto plantea un conjunto de recomendaciones orientadas a revitalizar la confianza ciudadana en el programa, para que afronte con vigor las nuevas etapas que se vislumbran en el futuro inmediato.
La administración del Alcalde de Medellín, Alonso Salazar, ha enfrentado en los últimos meses una fuerte turbulencia. Contra él se han dirigido virulentos ataques que pretenden deslegitimar la elección misma que lo llevó a la alcaldía de la ciudad. Su adversario en las elecciones del 2007, Luis Pérez, argumenta que la campaña del actual alcalde fue financiada y apoyada por nadie menos que el extraditado Don Berna. Este último, desde su reclusión en una cárcel norteamericana, confirma las acusaciones a través de una carta pública que combina vaguedades con aparentes precisiones: paquetes de a veinte millones, canalizados a través de un cuñado del candidato y apoyo electoral y proselitista en las comunas dominadas por los desmovilizados. A partir de esa acusación central se intenta lograr una reinterpretación de la historia reciente de la ciudad: los logros de la administración de Sergio Fajardo fueron montajes mediáticos que ocultaron una turbia realidad; los aportes de Alonso Salazar a la consolidación del programa de Paz y Reconciliación no fueron en pro de la desmovilización, sino que fueron el inicio y son el indicio de un complot electoral para consolidar su proyecto político en la ciudad de Medellín y en el país.
Yo todavía me acuerdo, seño. Acá se formaban unas plomaceras grandísimas y mataron a mucha gente; entonces las personas agarraron sus motetes y se fueron y no volvieron más nunca. Los recuerdos tienen ya cinco años de añejamiento, pero permanecen frescos en las mentes de los gemelos Andrés y Javier, de 11 años, testigos de la guerra que se vivió en lo alto de la montaña, en un pueblo con nombre de progreso (Estados Unidos) enclavado en las estribaciones de la Serranía del Perijá, en Becerril, Cesar, que en nada se parece a la majestuosa nación que los niños han visto en el televisor de don Joaco, el tendero.
Este informe se realizó con el objetivo de analizar el componente de generación de ingresos del proceso de desarme, desmovilización y reintegración que se está adelantado en Colombia con los paramilitares. La intención de este documento no es otra que servir como recuento histórico de los modelos implementados por el Programa de Reinserción a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del Interior y Justicia desde el año 2002 hasta el 2006, y por la Alta Consejería para la Reintegración (ACR) desde el año 2006 hasta hoy. Por esta razón se detiene en examinar el contexto en que cada uno de estos modelos fue diseñado, sus aciertos y deficiencias y, en general, la evolución de las medidas tomadas en materia de reintegración económica de excombatientes. Para esto se plantean las siguientes secciones: El proceso a la luz de las experiencias internacionales; Reinserción económica en Colombia; y Los retos de la reinserción económica a futuro.
Esta tercera entrega de los Cuadernos del conflicto recoge las presentaciones e intervenciones del seminario internacional Verdad, memoria histórica y medios de comunicación organizado por la Fundación ideas para la Paz en asocio con la Revista Semana y el Centro Internacional para la Justicia Transicional. El documento, como el seminario, recoge experiencias nacionales e internacionales en torno al rol de los medios de comunicación dentro de procesos de justicia transicional. En la primera parte del texto figuran los aportes analíticos sobre casos emblemáticos de la justicia en su forma transicional como la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR) de Suráfrica, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sierra Leona y la Argentina post dictadura. En la segunda sección se presenta la discusión sobre el caso colombiano alrededor de preguntas como ¿cuáles deberían ser las prácticas periodísticas para cubrir un proceso tan complejo como el de la desmovilización de los grupos paramilitares?; ¿cuáles deben ser las fuentes y los criterios para contextualizar los hechos?; ¿qué cubrimiento merecen las víctimas de estos grupos? y, en últimas, ¿qué implicaciones tendrá para el derecho a la verdad y a la reconstrucción de la memoria histórica el tipo de prácticas y de cubrimiento que los medios de comunicación le están haciendo al proceso y sus actores?
Este boletín plantea que una serie de mutaciones en los grupos armados ilegales combinadas con la aparición de fuertes condicionantes sobre la política de seguridad del Estado, anuncian un giro en el escenario estratégico cuyo desenlace decidirá si el país avanza hacia una pacificación relativamente rápida o se sumerge en otro ciclo de violencia. Según el documento, para entender los rasgos del nuevo escenario emergente, es imprescindible recordar el impacto de cuatro años de Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) en cabeza del presidente Álvaro Uribe ante la posibilidad de que bandas criminales llenen el vacío dejado por los paramilitares y los cambios en la correlación de fuerzas entre el Estado y las guerrillas.
Aborda las decisiones e investigaciones contra las multinacionales Chiquita Brands y Drummond por su relación con grupos paramilitares, casos paradigmáticos para analizar los vínculos entre empresas y grupos armados en Colombia sugiriendo que evitar dichos vínculos requiere, sin embargo, mayor claridad en las reglas del juego para las empresas. El documento gira en torno a los siguientes cuestionamientos: ¿Justifica la protección de una empresa y de sus empleados el pago sistemático de dinero a las guerrillas y a los paramilitares? ¿Cuál es la responsabilidad de una empresa con la violación de derechos humanos por parte de sus contratistas de seguridad y de la Fuerza Pública que recibe su apoyo? ¿Debe dársele el mismo trato a un campesino o pequeño comerciante que paga extorsión que a una empresa grande que puede acceder a convenios con la Fuerza Pública? ¿Qué hacer con los financiadores o colaboradores de un grupo armado ilegal en medio de una negociación de paz?
El presente boletín analiza la coyuntura sobre la realización de la Novena conferencia de las FARC en los primeros tres meses del 2007, en la que la organización subversiva discutió su futuro curso de acción político-militar. El texto da cuenta de que a medida que se ha avanzado en el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y en la negociación entre el ELN y el gobierno, los ojos de políticos y analistas han girado de forma abrumadora hacia las FARC como el actor clave cuyo comportamiento determinará si el conflicto se extingue paulatinamente o por el contrario tiende a prolongarse en el futuro. A partir de allí, el documento brinda algunos elementos de análisis sobre los incentivos de las FARC para realizar su novena conferencia tras casi cinco años de implementación de la Política de Seguridad Democrática; sus posibles síntomas de debilidad y su proyección frente al panorama general del conflicto amado.
La presente entrega se detiene en los retos y dilemas que encierra la reciente adopción del concepto de reintegración por parte de la administración Uribe en el marco del proceso de desarme, desmovilización y reinserción luego de la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Partiendo de la realidad tangible de que en el país existen hoy 43.500 excombatientes de grupos armados el documento analiza los lo que se ha hecho así como algunos desafíos que deberá afrontar el proceso en términos de acabar con el mercado de la guerra, cuándo establecer el límite final del proceso, qué hacer con las comunidades receptoras, el tratamiento diferenciado entre los desmovilizados y finalmente qué hacer si el proceso de reintegración fracasa.