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Nº 24. ¿Quién hace qué?
Luego de que 13 patrulleros y un agente pertenecientes a un Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) de la Policía Nacional murieran cuando explotó un campo minado en la carretera que comunica al corregimiento de Atánquez con Valledupar (César) el 1 de agosto de 2005, en hecho atribuido a la guerrilla de las FARC, se evidencian tres problemas básicos del conflicto que se presentan en este boletín: el control territorial en áreas de alto valor estratégico; la relación de la fuerza pública con las comunidades indígenas; y, sobre todo, la distribución de tareas entre los organismos de seguridad. Si no se define con claridad quién es responsable de qué, no habrá seguridad permanente.
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Nº 23. La paz pública
A partir del intercambio de cartas entre la guerrilla del ELN y el Gobierno de Colombia en el 2005, en este boletín se explican las lecciones que este hecho dejó en materia de diálogo en público. La decisión por parte del gobierno y del ELN de hacer públicas sus comunicaciones deja en evidencia las dificultades de estos difíciles acercamientos, pero también deja entrever que aún hay ventanas abiertas. Ante todo arroja la pregunta: ¿es posible hacer la paz en público? Cualquier negociación de paz tiene que encontrar un equilibrio entre la confidencialidad, que amplía el margen de maniobra y evita que las conversaciones se entierren desde el comienzo en la búsqueda de consensos entre todos los interesados, y la transparencia, indispensable para garantizar que los acuerdos logrados tengan apoyo. Sobre todo en el caso de una prenegociación, que suele constar de conversaciones sobre conversaciones -y que es lo que hay hoy entre el gobierno y el ELN- el juego con los medios puede ahogar el proceso antes de que haya aprendido a dar sus primeras brazadas.
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Nº 22. Reinserción sin reconciliación
Este boletín evidencia y analiza el fenómeno de la reinserción desde la perspectiva de la reconciliación a partir del desmonte de los Hogares de Paz que servían como lugar de acogida de los reinsertados luego de un atentado. El problema de los albergues, más que la seguridad, es la falta de un discurso de reconciliación. El debate planteado alrededor de los albergues en Bogotá, que se endureció luego del ataque en contra de un Hogar de Paz en Teusaquillo, es ante todo el resultado de una situación particular: la reinserción de ex combatientes sin acuerdos de paz. Esa es la diferencia fundamental con procesos anteriores. Ante la falta de un acuerdo, todo depende de la voluntad de los políticos y de la sociedad de crear consensos que permitan reintegrar a los ex combatientes a la vida civil. Es decir, de un proceso de reconciliación, que hasta hoy ha brillado por su ausencia.
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Nº 21. Justicia y paz en España
En este boletín se habla acerca de la visita del mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez a España en el año 2005. La visita deja un balance ambiguo. Hubo logros importantes en materia de cooperación judicial y créditos blandos para el sector agropecuario. En lo que respecta a la ley de Justicia y Paz, el Presidente Zapatero escuchó, pero no se comprometió a defender la ley. La novedad fue la propuesta de una comisión europea de verificación de la ley.
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Nº 20. La soberanía del Macizo
Esta entrega analiza el ataque a la población caucana de Caldono por parte del el Frente 6 y la columna móvil Jacobo Arenas de las FARC, el 5 de julio de 2005 y plantea que lo sucedido confirma una vez más dos hechos claves -y relacionados- del conflicto: que la campaña de las FARC en el Macizo Colombiano es de largo aliento (ver Boletín 9); y que en esas condiciones el movimiento de abierta resistencia civil, que surgió precisamente en Caldono, ha llegado a su fin. En ese sentido, la pregunta que conduce el texto sería ¿La guerra en el Cauca copa hoy todos los espacios? Todo depende de cómo se relacione la fuerza pública con la población civil. Lo que a su vez depende en buena parte de cómo se entienda el concepto de soberanía.
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Nº 19. Límites estratégicos
El 25 de junio de 2005 en el poblado de Teteyé (Putumayo), fronterizo con Ecuador, las FARC emboscaron a un pelotón del Ejército adscrito al Plan Energético y Vial Número 11 y hostigaron el puesto militar de la zona. Murieron 21 soldados y 8 más quedaron heridos. Las víctimas hacían parte de un destacamento de 50 hombres que estaba a cargo del cuidado de los pozos petroleros Quillaniza y Teteyé, en la frontera con Ecuador. Este boletín revisas los anteriores hechos planteando que este ataque, y otros similares perpetrados recientemente en el departamento del Cauca, se inscriben en la misma lógica: dislocar la fuerza del Ejército; asegurar su movilidad y abastecimiento logístico; y hacer ruido en los medios. Ello demuestra, sugiere el documento, que las FARC se están acomodando a la política de seguridad del gobierno y han sabido utilizar los momentos políticos. ¿La estrategia está llegando a sus límites?
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Nº 18. Medio tiempo
Este boletín registra la aprobación en el Congreso de la Ley de Justicia y Paz el 20 de junio de 2005 y busca discutir cuál será su futuro en vista de las debilidades que aún contiene y que han motivado una lluvia de críticas. Sin desconocer el avance que este proyecto representa en materia de un marco legal para los procesos de paz el texto argumenta que es imprescindible no perder de vista los retos que enfrenta esta ley. Para el documento estudia la jurisprudencia reciente nacional e internacional (Argentina) sopesando algunas de las discusiones más sobresalientes en lo que tiene que ver con la justicia transicional. El planteamiento general es que todo depende ahora de la capacidad del gobierno y del sistema judicial de implementar el proyecto a cabalidad pues la aprobación de la ley es apenas el medio tiempo.
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Nº 17. La derrota de la coca
Esta entrega analiza la desmovilización de 29 miembros de la compañía Héroes de Anorí del ELN la primera semana de junio de 2005. Mientras que para el Gobierno este hecho es un triunfo más de la política de seguridad, el ELN la atribuye a un engaño de uno de sus comandantes sobre su propia tropa. En ese sentido el boletín indaga cuál es la situación estratégica que permitió o impulsó esa desmovilización y acude a la publicación por estos días del último informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) sobre Colombia que da pie para aventurar una hipótesis: al ELN lo está derrotando la coca.
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Nº 16. Relaciones públicas
Este boletín registra la forma en la que las primeras declaraciones en público de Vicente Castaño, que pretendían ser una presentación en sociedad para marcar un hito en la negociación del gobierno con las autodefensas -si se quiere, un punto de no retorno-, terminaron a la vez sacudiendo el proceso. La entrevista en la que el paramilitar hizo un repaso de las autodefensas en la última década y del contexto actual no sólo da luces sobre la actitud de los paramilitares frente al proceso de negociación sino tambiénse convirtió en una ocasión para hacer públicas las relaciones de las autodefensas con la política y la sociedad en general. Este documento analiza los efectos que desató este acontecimiento y qué tan amenazante resulta para la negociación. ¿Se trata de una estrategia o de un simple error de cálculo? Probablemente de las dos.
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Nº 13. La sedición paramilitar
La resurrección del artículo 64 (que otorga reconocimiento político a los paramilitares bajo la figura de "sedición"), en la ponencia coordinada por el Senador Mario Uribe y respaldada por el Gobierno, ha revivido el debate alrededor de la tipificación e incluso la conveniencia de la figura del "delito político" en Colombia. La Fundación ideas para la Paz aborda en este documento la coyuntura política enmarcada en el proceso de negociación con los paramilitares y sugiere que los calores ideológicos y los intereses del momento no deben impedir la consideración serena de las consecuencias para la paz del trato que se le dé a esta figura y de su conveniencia para el caso de los paramilitares. En ese sentido, cualquier análisis tiene que partir de al menos tres puntos: la Constitución y la jurisprudencia constitucional en la materia; la conveniencia de la figura para las actuales y futuras negociaciones de paz; y la conveniencia de la figura en vista de la transformación del poder coercitivo de las organizaciones armadas al margen de la ley.