El 25 de junio de 2005 en el poblado de Teteyé (Putumayo), fronterizo con Ecuador, las FARC emboscaron a un pelotón del Ejército adscrito al Plan Energético y Vial Número 11 y hostigaron el puesto militar de la zona. Murieron 21 soldados y 8 más quedaron heridos. Las víctimas hacían parte de un destacamento de 50 hombres que estaba a cargo del cuidado de los pozos petroleros Quillaniza y Teteyé, en la frontera con Ecuador. Este boletín revisas los anteriores hechos planteando que este ataque, y otros similares perpetrados recientemente en el departamento del Cauca, se inscriben en la misma lógica: dislocar la fuerza del Ejército; asegurar su movilidad y abastecimiento logístico; y hacer ruido en los medios. Ello demuestra, sugiere el documento, que las FARC se están acomodando a la política de seguridad del gobierno y han sabido utilizar los momentos políticos. ¿La estrategia está llegando a sus límites?
Este boletín registra la aprobación en el Congreso de la Ley de Justicia y Paz el 20 de junio de 2005 y busca discutir cuál será su futuro en vista de las debilidades que aún contiene y que han motivado una lluvia de críticas. Sin desconocer el avance que este proyecto representa en materia de un marco legal para los procesos de paz el texto argumenta que es imprescindible no perder de vista los retos que enfrenta esta ley. Para el documento estudia la jurisprudencia reciente nacional e internacional (Argentina) sopesando algunas de las discusiones más sobresalientes en lo que tiene que ver con la justicia transicional. El planteamiento general es que todo depende ahora de la capacidad del gobierno y del sistema judicial de implementar el proyecto a cabalidad pues la aprobación de la ley es apenas el medio tiempo.
Esta entrega analiza la desmovilización de 29 miembros de la compañía Héroes de Anorí del ELN la primera semana de junio de 2005. Mientras que para el Gobierno este hecho es un triunfo más de la política de seguridad, el ELN la atribuye a un engaño de uno de sus comandantes sobre su propia tropa. En ese sentido el boletín indaga cuál es la situación estratégica que permitió o impulsó esa desmovilización y acude a la publicación por estos días del último informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC) sobre Colombia que da pie para aventurar una hipótesis: al ELN lo está derrotando la coca.
Este boletín registra la forma en la que las primeras declaraciones en público de Vicente Castaño, que pretendían ser una presentación en sociedad para marcar un hito en la negociación del gobierno con las autodefensas -si se quiere, un punto de no retorno-, terminaron a la vez sacudiendo el proceso. La entrevista en la que el paramilitar hizo un repaso de las autodefensas en la última década y del contexto actual no sólo da luces sobre la actitud de los paramilitares frente al proceso de negociación sino tambiénse convirtió en una ocasión para hacer públicas las relaciones de las autodefensas con la política y la sociedad en general. Este documento analiza los efectos que desató este acontecimiento y qué tan amenazante resulta para la negociación. ¿Se trata de una estrategia o de un simple error de cálculo? Probablemente de las dos.
La resurrección del artículo 64 (que otorga reconocimiento político a los paramilitares bajo la figura de "sedición"), en la ponencia coordinada por el Senador Mario Uribe y respaldada por el Gobierno, ha revivido el debate alrededor de la tipificación e incluso la conveniencia de la figura del "delito político" en Colombia. La Fundación ideas para la Paz aborda en este documento la coyuntura política enmarcada en el proceso de negociación con los paramilitares y sugiere que los calores ideológicos y los intereses del momento no deben impedir la consideración serena de las consecuencias para la paz del trato que se le dé a esta figura y de su conveniencia para el caso de los paramilitares. En ese sentido, cualquier análisis tiene que partir de al menos tres puntos: la Constitución y la jurisprudencia constitucional en la materia; la conveniencia de la figura para las actuales y futuras negociaciones de paz; y la conveniencia de la figura en vista de la transformación del poder coercitivo de las organizaciones armadas al margen de la ley.
Este texto recoge los hechos presentados el 14 de abril de 2005 en Toribío, Cauca, en el que 150 hombres de la columna Jacobo Arenas y el Frente 6 de las FARC atacaron la zona durante diez horas, y dejaron como saldo la muerte de 3 policías y un niño de 10 años, así como varias viviendas destruidas. El análisis de estos hechos concluye que este ataque es el primer anticipo de la campaña sistemática que las FARC iniciarán para desprestigiar al Presidente Álvaro Uribe de cara a las elecciones. Sin embargo, el texto plantea que ni las FARC ni el Gobierno consiguieron lo que querían: las FARC no lograron desalojar a la Policía de una zona estratégica como es el norte del Macizo Colombiano. Pero el Estado tampoco ha logrado desarrollar un esquema de seguridad adecuado. Por eso el texto concluye que sin un eslabón entre la acción policial y la militar, y sin el apoyo de la población, la recuperación del territorio será pasajera.
En este boletín se analiza, en primera medida, un ataque de las FARC en la carretera que conduce de Tame a Fortul, Arauca, en el que murieron 18 militares. El boletín analiza este hecho y concluye, primero, que Arauca sigue siendo una de las zonas más difíciles en el conflicto armado; y segundo, que sin una política coherente del Estado, es imposible rehabilitar. El análisis también concluye que sin el apoyo de la gente cualquier estrategia navega en el vacío, incluso la estrategia militar.
Este boletín, sobre la última semana de febrero y la primera de marzo de 2005, se centra en analizar, en primera instancia, el asesinato de ocho personas en las veredas La Resbalosa y Mulatos, en Apartadó, Antioquia sin conocer hasta ese momento el autor. El análisis se centra precisamente en esclarecer al autor de los hechos, cuyos sospechosos están las FARC, las AUC y una brigada del Ejército. En el boletín también se analizan diferentes hechos del conflicto que tienen un componente internacional, como la firma de la extradición de alias Sonia, la captura de algunos guerrilleros y los acercamientos entre el gobierno francés y las FARC para lograr la liberación de Íngrid Betancourt.
El texto es un seguimiento a los hechos relacionados con el conflicto armado colombiano durante la tercera semana de febrero de 2005. El análisis se centra en tres hechos puntuales: las declaraciones de Raúl Reyes, uno de los jefes de las FARC, en las que anunció el fin del repliegue, lo que puede significar que esta guerrilla intenta sacarle el mayor provecho a la coyuntura política del momento. El otro hecho tiene que ver con la vigorosa campaña política emprendida por las AUC, lo que, en concepto de la FIP, va en contravía con el ultimátum dado días atrás de romper con el proceso de desmovilización, y pretende más bien evitar trancas jurídicas que les cierren espacios políticos. Por último, se analiza el ruido de guerra de las FARC, lo que puede tentar al ELN a una contraofensiva, sobre todo después de anunciar el retiro de México como facilitador de una negociación con el Gobierno colombiano.