Tras la firma del Acuerdo de Paz y luego de un periodo en el que los indicadores de seguridad tuvieron un importante descenso, la confrontación armada continúa, protagonizada por distintos actores ilegales y con impactos humanitarios que advierten sobre la fragilidad de este proceso. Conozca el análisis de la FIP sobre las dinámicas que ponen en riesgo la transición.
El deterioro de la seguridad exige acciones concretas que prevengan y contengan la violencia. De ahí la importancia de la Estabilización, un conjunto de medidas que buscan restaurar la seguridad y sentar las bases para la reconstrucción económica y social. Como paso urgente, la FIP hace un llamado para que el Gobierno ponga en marcha un Plan de Respuesta Rápida. Conozca las recomendaciones.
Desafíos para la protección de las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.
En las zonas limítrofes con Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú hay disputas y alianzas entre facciones criminales y organizaciones al margen de la ley que afectan directamente a la población civil. En este informe, la FIP identifica los principales desafíos de seguridad para el nuevo Gobierno. Conozca el análisis y el especial multimedia
Arauca es uno de los departamentos más ricos en recursos naturales, especialmente en petróleo. Pero más allá de aportar a la economía de la región, este recurso lo ha convertido en blanco de constantes atentados por parte de las guerrillas. En el caso del ELN, los ataques a la infraestructura son una herramienta para alcanzar objetivos no solo en lo económico, sino también en lo sociopolítico y militar de su lucha armada. Análisis FIP
Este boletín plantea que una serie de mutaciones en los grupos armados ilegales combinadas con la aparición de fuertes condicionantes sobre la política de seguridad del Estado, anuncian un giro en el escenario estratégico cuyo desenlace decidirá si el país avanza hacia una pacificación relativamente rápida o se sumerge en otro ciclo de violencia. Según el documento, para entender los rasgos del nuevo escenario emergente, es imprescindible recordar el impacto de cuatro años de Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) en cabeza del presidente Álvaro Uribe ante la posibilidad de que bandas criminales llenen el vacío dejado por los paramilitares y los cambios en la correlación de fuerzas entre el Estado y las guerrillas.
Aborda las decisiones e investigaciones contra las multinacionales Chiquita Brands y Drummond por su relación con grupos paramilitares, casos paradigmáticos para analizar los vínculos entre empresas y grupos armados en Colombia sugiriendo que evitar dichos vínculos requiere, sin embargo, mayor claridad en las reglas del juego para las empresas. El documento gira en torno a los siguientes cuestionamientos: ¿Justifica la protección de una empresa y de sus empleados el pago sistemático de dinero a las guerrillas y a los paramilitares? ¿Cuál es la responsabilidad de una empresa con la violación de derechos humanos por parte de sus contratistas de seguridad y de la Fuerza Pública que recibe su apoyo? ¿Debe dársele el mismo trato a un campesino o pequeño comerciante que paga extorsión que a una empresa grande que puede acceder a convenios con la Fuerza Pública? ¿Qué hacer con los financiadores o colaboradores de un grupo armado ilegal en medio de una negociación de paz?
Ante el anuncio de iniciar un predialogo con los grupos armados ilegales por parte de la iglesia en Colombia, en este boletín se analizan los beneficios y retos que esta medida, si se concreta, puede llegar a tener. Como propuesta, el prediálogo anunciado esta semana es un paso correcto y necesario; si echa raíces, se colocaría una pieza clave para la solución del conflicto. Sin embargo, los interrogantes son muchos. Todo indica que en el mejor de los casos, se garantizará un espacio para que la Iglesia continúe haciendo lo que ya viene haciendo; en el peor, se pondrá en riesgo la credibilidad del recurso de mediación más importante que tiene el país. Sin embargo, son tantos los interrogantes y el contexto en el año electoral acercándose, que parece tan poco favorable que las esperanzas se pueden ver rápidamente frustradas: ¿Cuál es el mandato de la Iglesia? ¿A quién incluye? ¿Por cuánto tiempo? Sobre nada de esto hay claridad. Tampoco parece que haya margen político de maniobra.