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  • 29 abril 2019
    • Siguiendo el Conflicto
    • Grupos armados

    La fragilidad de la transición: la paz incompleta y la continuidad de la confrontación armada

    Tras la firma del Acuerdo de Paz y luego de un periodo en el que los indicadores de seguridad tuvieron un importante descenso, la confrontación armada continúa, protagonizada por distintos actores ilegales y con impactos humanitarios que advierten sobre la fragilidad de este proceso. Conozca el análisis de la FIP sobre las dinámicas que ponen en riesgo la transición.

  • 22 octubre 2018
    • Siguiendo el Conflicto
    • Grupos armados

    La Estabilización en la fase de transición

    El deterioro de la seguridad exige acciones concretas que prevengan y contengan la violencia. De ahí la importancia de la Estabilización, un conjunto de medidas que buscan restaurar la seguridad y sentar las bases para la reconstrucción económica y social. Como paso urgente, la FIP hace un llamado para que el Gobierno ponga en marcha un Plan de Respuesta Rápida. Conozca las recomendaciones.

  • 3 octubre 2018
    • Siguiendo el Conflicto
    • Grupos armados

    Las Garantías de Seguridad: una mirada desde lo local

    Desafíos para la protección de las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.

  • 23 agosto 2018
    • Siguiendo el Conflicto
    • Grupos armados

    Inseguridad y violencia en las fronteras, los desafíos del nuevo Gobierno

    En las zonas limítrofes con Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú hay disputas y alianzas entre facciones criminales y organizaciones al margen de la ley que afectan directamente a la población civil. En este informe, la FIP identifica los principales desafíos de seguridad para el nuevo Gobierno. Conozca el análisis y el especial multimedia

  • 4 mayo 2015
    • Siguiendo el Conflicto
    • Grupos armados

    El ELN y la industria petrolera: ataques a la infraestructura en Arauca

    Arauca es uno de los departamentos más ricos en recursos naturales, especialmente en petróleo. Pero más allá de aportar a la economía de la región, este recurso lo ha convertido en blanco de constantes atentados por parte de las guerrillas. En el caso del ELN, los ataques a la infraestructura son una herramienta para alcanzar objetivos no solo en lo económico, sino también en lo sociopolítico y militar de su lucha armada. Análisis FIP

  • 1 octubre 2007
    • Siguiendo el Conflicto
    • Grupos armados

    Nº 46. Nuevos retos en un viejo conflicto: el futuro de la Seguridad Democrática

    Este boletín plantea que una serie de mutaciones en los grupos armados ilegales combinadas con la aparición de fuertes condicionantes sobre la política de seguridad del Estado, anuncian un giro en el escenario estratégico cuyo desenlace decidirá si el país avanza hacia una pacificación relativamente rápida o se sumerge en otro ciclo de violencia. Según el documento, para entender los rasgos del nuevo escenario emergente, es imprescindible recordar el impacto de cuatro años de Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) en cabeza del presidente Álvaro Uribe ante la posibilidad de que bandas criminales llenen el vacío dejado por los paramilitares y los cambios en la correlación de fuerzas entre el Estado y las guerrillas.

  • 1 abril 2007
    • Siguiendo el Conflicto
    • Grupos armados

    Nº 49. Relaciones peligrosas: los dilemas de los empresarios en el conflicto

    Aborda las decisiones e investigaciones contra las multinacionales Chiquita Brands y Drummond por su relación con grupos paramilitares, casos paradigmáticos para analizar los vínculos entre empresas y grupos armados en Colombia sugiriendo que evitar dichos vínculos requiere, sin embargo, mayor claridad en las reglas del juego para las empresas. El documento gira en torno a los siguientes cuestionamientos: ¿Justifica la protección de una empresa y de sus empleados el pago sistemático de dinero a las guerrillas y a los paramilitares? ¿Cuál es la responsabilidad de una empresa con la violación de derechos humanos por parte de sus contratistas de seguridad y de la Fuerza Pública que recibe su apoyo? ¿Debe dársele el mismo trato a un campesino o pequeño comerciante que paga extorsión que a una empresa grande que puede acceder a convenios con la Fuerza Pública? ¿Qué hacer con los financiadores o colaboradores de un grupo armado ilegal en medio de una negociación de paz?

  • 26 agosto 2005
    • Siguiendo el Conflicto
    • Grupos armados

    Nº 27. Pre-diálogo electoral

    Ante el anuncio de iniciar un predialogo con los grupos armados ilegales por parte de la iglesia en Colombia, en este boletín se analizan los beneficios y retos que esta medida, si se concreta, puede llegar a tener. Como propuesta, el “prediálogo” anunciado esta semana es un paso correcto y necesario; si echa raíces, se colocaría una pieza clave para la solución del conflicto. Sin embargo, los interrogantes son muchos. Todo indica que en el mejor de los casos, se garantizará un espacio para que la Iglesia continúe haciendo lo que ya viene haciendo; en el peor, se pondrá en riesgo la credibilidad del recurso de mediación más importante que tiene el país. Sin embargo, son tantos los interrogantes y el contexto en el año electoral acercándose, que parece tan poco favorable que las esperanzas se pueden ver rápidamente frustradas: ¿Cuál es el mandato de la Iglesia? ¿A quién incluye? ¿Por cuánto tiempo? Sobre nada de esto hay claridad. Tampoco parece que haya margen político de maniobra.

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  • 29 abril 2019
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    La fragilidad de la transición: la paz incompleta y la continuidad de la confrontación armada

    Tras la firma del Acuerdo de Paz y luego de un periodo en el que los indicadores de seguridad tuvieron un importante descenso, la confrontación armada continúa, protagonizada por distintos actores ilegales y con impactos humanitarios que advierten sobre la fragilidad de este proceso. Conozca el análisis de la FIP sobre las dinámicas que ponen en riesgo la transición.

  • 22 octubre 2018
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    La Estabilización en la fase de transición

    El deterioro de la seguridad exige acciones concretas que prevengan y contengan la violencia. De ahí la importancia de la Estabilización, un conjunto de medidas que buscan restaurar la seguridad y sentar las bases para la reconstrucción económica y social. Como paso urgente, la FIP hace un llamado para que el Gobierno ponga en marcha un Plan de Respuesta Rápida. Conozca las recomendaciones.

  • 3 octubre 2018
    • Siguiendo el Conflicto
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    Las Garantías de Seguridad: una mirada desde lo local

    Desafíos para la protección de las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.

  • 23 agosto 2018
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    Inseguridad y violencia en las fronteras, los desafíos del nuevo Gobierno

    En las zonas limítrofes con Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú hay disputas y alianzas entre facciones criminales y organizaciones al margen de la ley que afectan directamente a la población civil. En este informe, la FIP identifica los principales desafíos de seguridad para el nuevo Gobierno. Conozca el análisis y el especial multimedia

  • 4 mayo 2015
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    El ELN y la industria petrolera: ataques a la infraestructura en Arauca

    Arauca es uno de los departamentos más ricos en recursos naturales, especialmente en petróleo. Pero más allá de aportar a la economía de la región, este recurso lo ha convertido en blanco de constantes atentados por parte de las guerrillas. En el caso del ELN, los ataques a la infraestructura son una herramienta para alcanzar objetivos no solo en lo económico, sino también en lo sociopolítico y militar de su lucha armada. Análisis FIP

  • 1 octubre 2007
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    Nº 46. Nuevos retos en un viejo conflicto: el futuro de la Seguridad Democrática

    Este boletín plantea que una serie de mutaciones en los grupos armados ilegales combinadas con la aparición de fuertes condicionantes sobre la política de seguridad del Estado, anuncian un giro en el escenario estratégico cuyo desenlace decidirá si el país avanza hacia una pacificación relativamente rápida o se sumerge en otro ciclo de violencia. Según el documento, para entender los rasgos del nuevo escenario emergente, es imprescindible recordar el impacto de cuatro años de Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) en cabeza del presidente Álvaro Uribe ante la posibilidad de que bandas criminales llenen el vacío dejado por los paramilitares y los cambios en la correlación de fuerzas entre el Estado y las guerrillas.

  • 1 abril 2007
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    Nº 49. Relaciones peligrosas: los dilemas de los empresarios en el conflicto

    Aborda las decisiones e investigaciones contra las multinacionales Chiquita Brands y Drummond por su relación con grupos paramilitares, casos paradigmáticos para analizar los vínculos entre empresas y grupos armados en Colombia sugiriendo que evitar dichos vínculos requiere, sin embargo, mayor claridad en las reglas del juego para las empresas. El documento gira en torno a los siguientes cuestionamientos: ¿Justifica la protección de una empresa y de sus empleados el pago sistemático de dinero a las guerrillas y a los paramilitares? ¿Cuál es la responsabilidad de una empresa con la violación de derechos humanos por parte de sus contratistas de seguridad y de la Fuerza Pública que recibe su apoyo? ¿Debe dársele el mismo trato a un campesino o pequeño comerciante que paga extorsión que a una empresa grande que puede acceder a convenios con la Fuerza Pública? ¿Qué hacer con los financiadores o colaboradores de un grupo armado ilegal en medio de una negociación de paz?

  • 26 agosto 2005
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    Ante el anuncio de iniciar un predialogo con los grupos armados ilegales por parte de la iglesia en Colombia, en este boletín se analizan los beneficios y retos que esta medida, si se concreta, puede llegar a tener. Como propuesta, el “prediálogo” anunciado esta semana es un paso correcto y necesario; si echa raíces, se colocaría una pieza clave para la solución del conflicto. Sin embargo, los interrogantes son muchos. Todo indica que en el mejor de los casos, se garantizará un espacio para que la Iglesia continúe haciendo lo que ya viene haciendo; en el peor, se pondrá en riesgo la credibilidad del recurso de mediación más importante que tiene el país. Sin embargo, son tantos los interrogantes y el contexto en el año electoral acercándose, que parece tan poco favorable que las esperanzas se pueden ver rápidamente frustradas: ¿Cuál es el mandato de la Iglesia? ¿A quién incluye? ¿Por cuánto tiempo? Sobre nada de esto hay claridad. Tampoco parece que haya margen político de maniobra.

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Manifiesto FIP

Desde 1999, cuando un grupo de empresarios colombianos creó la Fundación Ideas para la Paz (FIP), hemos contribuido, con independencia, a la búsqueda de la superación del conflicto armado en Colombia y a la construcción de una sociedad democrática, pacífica y próspera que se inserte con éxito en el orden político y económico internacional, a través de propuestas, conocimiento e investigaciones.

Colombia está hoy ante un escenario de grandes desafíos. En un contexto en el que el fortalecimiento institucional, los avances en la modernización del Estado y el crecimiento económico contrastan con carencias que persisten en términos de equidad, respeto, integración territorial, corrupción, seguridad ciudadana y convivencia, es indispensable continuar trabajando en la construcción de una paz sostenible. Esto implica la generación de cambios políticos y sociales profundos, transformación de valores y realidades en todos los niveles y en los diferentes territorios. También, estamos ante una seria posibilidad de cerrar de manera definitiva el conflicto armado con las guerrillas lo que se constituiría en una oportunidad adicional para avanzar en estos propósitos.

La FIP tiene el compromiso de contribuir de manera significativa a estos cambios partiendo de la comprensión de las conflictividades de nuestro país, buscando la vocería y ejerciendo el liderazgo necesario para movilizar a ciudadanos, servidores públicos y empresarios alrededor del objetivo común de construir una sociedad en paz en todo el territorio nacional. Para alcanzar este propósito entendemos que es necesario trabajar en la producción de conocimiento, la consultoría y la gestión de proyectos con el fin de crear competencias y desarrollar capacidades en diferentes actores. Es por esto que la misión de la FIP consiste en generar conocimiento, proponer iniciativas, desarrollar prácticas y acompañar procesos para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

La FIP basa su contribución en cuatro enfoques:

  • Cultura de paz y la legalidad, vista desde una óptica de construcción de capital social, convivencia y respeto a los derechos humanos, así como el fomento de comportamientos legales y el uso de vías legítimas para el desarrollo económico y social en todos los territorios de Colombia.
  • Seguridad, entendida como un bien público en cuya provisión confluyen la acción del Estado y la ciudadanía. Para la FIP, la seguridad vista desde una perspectiva de prevención y creación de condiciones que permitan el ejercicio libre de derechos y libertades públicas, es una condición necesaria para que la paz sea sostenible.
  • Fortalecimiento institucional, entendido como el desarrollo de capacidades y competencias en personas y organizaciones que promuevan la excelencia, contribuyan a la construcción de lo público, garanticen la gobernabilidad y fomenten comportamientos éticos, justos, transparentes y equitativos.
  • Participación activa del sector empresarial, visto como actor clave en las transformaciones sociales, políticas y económicas, que le exige al Estado una presencia territorial y que trabajando con él se convierte en catalizador de desarrollo equitativo y democrático.

Para el 2020, la FIP habrá sido un actor fundamental, líder y promotor de la articulación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil para la consolidación de una Nación en paz. Habrá movilizado a más empresarios a comprometerse con el trabajo de la Fundación y ayudado a comprender sus roles en diferentes contextos. También habrá realizado alianzas estratégicas con organizaciones que tienen fortalezas y experticias complementarias, para potenciar su misión. La FIP será reconocida por su independencia y su compromiso con el bien público, al mismo tiempo que se posiciona como uno de los centros de pensamiento más relevantes de la región en temas de conflicto, construcción de paz y seguridad ciudadana, que cuenta con un equipo humano altamente calificado e innovador.

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