El desmonte de las estructuras militares, políticas y de complicidades de los grupos paramilitares que negociaron con el gobierno colombiano entre los años 2003 y 2006, fue parcial e incompleto.
La administración del Alcalde de Medellín, Alonso Salazar, ha enfrentado en los últimos meses una fuerte turbulencia. Contra él se han dirigido virulentos ataques que pretenden deslegitimar la elección misma que lo llevó a la alcaldía de la ciudad. Su adversario en las elecciones del 2007, Luis Pérez, argumenta que la campaña del actual alcalde fue financiada y apoyada por nadie menos que el extraditado Don Berna. Este último, desde su reclusión en una cárcel norteamericana, confirma las acusaciones a través de una carta pública que combina vaguedades con aparentes precisiones: paquetes de a veinte millones, canalizados a través de un cuñado del candidato y apoyo electoral y proselitista en las comunas dominadas por los desmovilizados. A partir de esa acusación central se intenta lograr una reinterpretación de la historia reciente de la ciudad: los logros de la administración de Sergio Fajardo fueron montajes mediáticos que ocultaron una turbia realidad; los aportes de Alonso Salazar a la consolidación del programa de Paz y Reconciliación no fueron en pro de la desmovilización, sino que fueron el inicio y son el indicio de un complot electoral para consolidar su proyecto político en la ciudad de Medellín y en el país.
Este boletín plantea que una serie de mutaciones en los grupos armados ilegales combinadas con la aparición de fuertes condicionantes sobre la política de seguridad del Estado, anuncian un giro en el escenario estratégico cuyo desenlace decidirá si el país avanza hacia una pacificación relativamente rápida o se sumerge en otro ciclo de violencia. Según el documento, para entender los rasgos del nuevo escenario emergente, es imprescindible recordar el impacto de cuatro años de Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) en cabeza del presidente Álvaro Uribe ante la posibilidad de que bandas criminales llenen el vacío dejado por los paramilitares y los cambios en la correlación de fuerzas entre el Estado y las guerrillas.
Aborda las decisiones e investigaciones contra las multinacionales Chiquita Brands y Drummond por su relación con grupos paramilitares, casos paradigmáticos para analizar los vínculos entre empresas y grupos armados en Colombia sugiriendo que evitar dichos vínculos requiere, sin embargo, mayor claridad en las reglas del juego para las empresas. El documento gira en torno a los siguientes cuestionamientos: ¿Justifica la protección de una empresa y de sus empleados el pago sistemático de dinero a las guerrillas y a los paramilitares? ¿Cuál es la responsabilidad de una empresa con la violación de derechos humanos por parte de sus contratistas de seguridad y de la Fuerza Pública que recibe su apoyo? ¿Debe dársele el mismo trato a un campesino o pequeño comerciante que paga extorsión que a una empresa grande que puede acceder a convenios con la Fuerza Pública? ¿Qué hacer con los financiadores o colaboradores de un grupo armado ilegal en medio de una negociación de paz?
El presente boletín analiza la coyuntura sobre la realización de la Novena conferencia de las FARC en los primeros tres meses del 2007, en la que la organización subversiva discutió su futuro curso de acción político-militar. El texto da cuenta de que a medida que se ha avanzado en el desmantelamiento de las estructuras paramilitares y en la negociación entre el ELN y el gobierno, los ojos de políticos y analistas han girado de forma abrumadora hacia las FARC como el actor clave cuyo comportamiento determinará si el conflicto se extingue paulatinamente o por el contrario tiende a prolongarse en el futuro. A partir de allí, el documento brinda algunos elementos de análisis sobre los incentivos de las FARC para realizar su novena conferencia tras casi cinco años de implementación de la Política de Seguridad Democrática; sus posibles síntomas de debilidad y su proyección frente al panorama general del conflicto amado.
La presente entrega se detiene en los retos y dilemas que encierra la reciente adopción del concepto de reintegración por parte de la administración Uribe en el marco del proceso de desarme, desmovilización y reinserción luego de la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Partiendo de la realidad tangible de que en el país existen hoy 43.500 excombatientes de grupos armados el documento analiza los lo que se ha hecho así como algunos desafíos que deberá afrontar el proceso en términos de acabar con el mercado de la guerra, cuándo establecer el límite final del proceso, qué hacer con las comunidades receptoras, el tratamiento diferenciado entre los desmovilizados y finalmente qué hacer si el proceso de reintegración fracasa.
Aborda el debate protagonizado por el magistrado Jaime Araujo y el presidente de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, sobre los cambios en la decisión de constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz que determinaría la acumulación o no de las penas para ex combatientes paramilitares que se acojan a dicha ley (Sentencia C-370). En ese sentido, el documento platea que más allá de las repercusiones que puedan tener las revelaciones del magistrado Araujo para el funcionamiento de la Corte Constitucional y de sus insistentes sugerencias sobre la necesidad de hacer públicos los debates internos -lo que evidentemente haría imposible la deliberación franca y plena en esa y cualquier Corte- la pregunta es: según el artículo 20 de la Constitución Colombina, ¿cuáles serán las penas para los paramilitares que ya tienen condenas a la hora de acogerse a Justicia y Paz?
Con la concreción de la Mesa de Acercamiento en La Habana, se abre finalmente una fase de diálogo directo entre el gobierno y el ELN luego de los intercambios de propuestas que comenzaron en junio de 2004. ¿Qué se puede esperar? Según la propuesta original del gobierno del 29 de junio de 2005, el propósito central de la Mesa de Acercamiento, será la definición de un cese de hostilidades como compromiso del ELN para facilitar el inicio de un proceso de diálogos. En reciprocidad, el gobierno ofrece suspensión de operaciones militares contra el ELN, sin la exigencia inicial de desarme y desmovilización (ver Boletín 23). ¿Es ese un propósito viable? De acuerdo con el análisis que plantea este boletín, los acercamientos con el ELN no ocurren en un vacío sino que están inscritos en un triángulo en el que mucho depende del comportamiento de las otras dos partes: las autodefensas y las FARC. Dentro de ese triángulo, el ELN tiene hoy una ventana de oportunidad. El documento argumenta también que con la desmovilización de los paramilitares, las condiciones para una negociación de paz satisfactoria -el escenario estratégico- parecen inmejorables, pero la implementación de mecanismos sobre el terreno -el escenario táctico- que permitan avanzar en esa negociación supone retos de inmensa dificultad. La conclusión a la que se llega es que la tarea de La Habana debe ser entonces bosquejar el puente que lleve de un escenario a otro y ponerle un cronograma. Y para eso no basta con discutir un cese de hostilidades.
La crisis del proceso con los paramilitares se agudizó esta semana con un intercambio de comunicados entre las partes. Dos temas atraviesan la discusión: el incumplimiento del cronograma de desmovilizaciones y la participación de estos grupos en política. Detrás de la crisis hay evidentemente otro tema más, que es el mismo que dio origen al proceso y que ahora, si no se trata con delicadeza y con imaginación, lo puede acabar: el temor a la extradición. A criterio de la Fundación Ideas para la Paz, los tres problemas tienen una misma solución, que es el cumplimiento de unas reglas de juego. En ese sentido, este boletín recoge algunas de las recientes declaraciones de los voceros de las autodefensas en las que insisten en que hay que buscar redefinir reglas de juego, tratar de enderezar el camino devolviendo la confianza a los interlocutores que actúan en la mesa de diálogo y que ha habido improvisaciones y ha tocado inventarse muchas cosas, porque esto no tiene libreto y argumenta que para evitar el naufragio del proceso y a la vez el desdibujamiento de la política en Colombia, hay que aclarar entonces cuáles son las reglas y cómo se verifica su cumplimiento.
Este boletín analiza dos hechos que sacudieron al país la segunda semana de octubre de 2005: el traslado de "Don Berna" de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita a la cárcel de Itagüí y el atentado con un carro bomba contra el senador Vargas Lleras. Para la Fundación Ideas para la Paz Ambos casos tienen esto en común: probablemente no son lo que se dijo que fueron. Ni el gobierno tenía la intención de extraditar a Don Berna ni los paramilitares tenían la intención de abortar las desmovilizaciones. No fue esta "la crisis más grave" del proceso, como dijera Ernesto Báez; más bien un tropiezo en un juego de apariencias. Ambos, gobierno y autodefensas, estaban cañando. Por su parte, el atentado contra Vargas Lleras produjo un apresurado consenso sobre la autoría de las FARC, a pesar de que la evidencia hasta ahora es prácticamente inexistente y el análisis no favorece esa tesis. La pregunta retórica que permanece entonces es si la mencionada corresponde a un juego de espejos.