Desde finales de la década del 70 los actores principales del conflicto armado colombiano han sido evidentemente el Estado a través de sus fuerzas armadas, las guerrillas, el paramilitarismo y el narcotráfico. Sin embargo, el papel que ha jugado la Fuerza Pública en lo que se refiere a los diversos acercamientos entre el gobierno y los insurgentes, ha generado cuestionamientos en cuanto a su postura ante la idea de una solución política al conflicto.
Ante un posible escenario de negociación con las FARC es necesario evaluar los mecanismos y las lecciones aprendidas de procesos de negociación propios y externos para identificar los elementos de un dialogo político que permite construir confianza y llegar a acuerdos factibles que consoliden la solución negociada del conflicto a nivel político, económico, social y jurídico.
La coyuntura del conflicto interno caracterizada por el problema de las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el terrorismo ejercido por los grupos al margen de la ley han configurado los lineamientos políticos de todos los gobiernos en Colombia que hasta hoy han otorgado un papel determinante a la relación bilateral con Estados Unidos, caracterizada por el acercamiento entre los discursos, los objetivos y las estrategias (Tickner; 2008). Dentro de esas estrategias, la extradición como instrumento jurídico de cooperación internacional en contra de la impunidad ha jugado un papel substancial durante los últimos 30 años en el país.
El Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 establece que la Corte Penal Internacional será una institución permanente, la cual estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones de dicho Estatuto. Entró en vigor el 1 de julio de 2002, tras la ratificación de 60 Estados Partes.
El objetivo central de esta investigación es identificar y analizar la importancia del proceso de desmovilización y reintegración de los mandos medios de las FARC. Asimismo, el documento busca explorar las posibilidades del rediseño del programa de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en Colombia con énfasis en los mandos medios de este grupo guerrillero. Este informe está compuesto de cuatro apartados. Una primera parte busca comprender la importancia de un mando medio para un grupo irregular y la importancia de su desmovilización para el curso de la paz y de la guerra en un conflicto armado. La segunda parte se centra en los procesos de desmovilización de mandos medios dentro del conflicto colombiano, haciendo especial hincapié en la oferta institucional existente y los propósitos de este tipo de programas. Seguidamente se exponen los principales resultados del estudio cualitativo desarrollado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Finalmente se presentan algunas recomendaciones para facilitar la intervención gubernamental en materia de desmovilización y reintegración de mandos medios. El informe fue elaborado por investigadores de la FIP y los aportes de la Fundación Ford.