En este estudio sobre la extradición desarrollado durante el 2009, la Fundación Ideas para la Paz se enfocó en la relación de Colombia y Estados Unidos vis-à-vis la extradición, y encontró que los vínculos políticos son un componente determinante en el uso de esta herramienta judicial. En este documento se presentan los casos de México y Venezuela los cuales reafirman esta tendencia y proporcionan una mejor comprensión del proceso de extradición, vislumbrando sus fallas y logros frente al objetivo principal consistente en alcanzar una implementación más efectiva de esta figura.
En los últimos meses la prensa colombiana y estadounidense han publicado los detalles del caso de Gabriel Consuegra y su hijo, Gabriel Consuegra Arroyo, dos vendedores de banano que fueron extraditados a los Estados Unidos y puestos en libertad tras confesar una participación menor en una conspiración para ingresar narcóticos a los Estados Unidos. Ambos han regresado a Colombia, e intentan reconstruir sus vidas. Con base en la información de prensa se puede deducir que ambos, o bien jugaron un rol insignificante o incluso, que son inocentes. El caso de los Consuegra no es un caso aislado. La FIP encontró varios casos semejantes y considera que estos eventos reflejan una tendencia preocupante. Por muchas razones las redes de la extradición se han ido ampliando de manera desproporcionada y, en ocasiones, esto ha traído consecuencias devastadoras. La FIP considera que tanto el Gobierno colombiano como el estadounidense son responsables por dicha tendencia.
Esta investigación se centra en intentar determinar si un acusado y posible extraditable, jugaba un papel significativo en los casos a los que había sido vinculado, si se le garantizó el debido proceso en Colombia y un juicio justo en los Estados Unidos. En esta medida la FIP buscó indagar las razones por las que un número creciente de miembros sin importancia de los carteles han sido juzgados y extraditados. Las respuestas que encontramos ponen en tela de juicio las prácticas que se aplican tanto por parte de Colombia como de los Estados Unidos. Así, si bien se cree que la extradición es una herramienta necesaria e importante en la lucha contra organizaciones criminales, la FIP afirma que los casos expuestos en este documento minan la credibilidad de la efectividad del mecanismo e ilustran una cruda realidad colombiana: que en muchos de estos procesos a los acusados no se les respeta el debido proceso.
El presente documento es una descripción detallada de los procesos de extradición de varios miembros de las FARC, entre ellos, los casos de alias Simón Trinidad, alias El Marrano, y alias Sonia. En texto presenta otros casos de extraditados de esta guerrilla durante el periodo 2006 2010, así como las solicitudes de extradición negadas por la Corte Suprema de Justicia. Por último, el texto se ocupa de casos de extradición de personas que no precisamente eran considerados miembros activos de las FARC, pero que incurrieron en delitos relacionados con conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera; conspiración para cometer contrabando de extranjeros; y lavado de activos.
El mes pasado, un juez del distrito Sur de Nueva York arrojó un rayo de esperanza en una situación que era un tanto oscura. Durante una audiencia, el juez Richard M. Berman, le dio al líder paramilitar y narcotraficante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, 45 días para dar su testimonio acerca de la violación de los derechos humanos en Colombia.Ésta era la primera vez que un juez o fiscal en los Estados Unidos mostraba interés en colaborar con el difícil proceso de paz y reconciliación colombiano que se vio interrumpido hace un año con la extradición de Murillo y otros 14 líderes paramilitares como él.
Este reporte es el resultado de un seminario auspiciado por la Fundación Ideas para la Paz, la Friedrich Ebert Stiftung, el Open Society Institute, y el Center on International Cooperation de New York University. Esta publicación discute la relación entre políticas antidrogas y la construcción de paz sostenible con base en las experiencias de Colombia y Afganistán. Una de las ideas más innovadoras que los lectores encontraran es la de pensar este problema en términos análogos a la justicia transicional, es decir, aplicar en situaciones de conflicto y construcción de paz una política transicional del control de drogas. Para dar cuenta de este fenómeno este documento está dividido en las siguientes secciones: Características claves de los conflictos relacionados con las drogas; Coherencia en las políticas; Elementos para una política antidrogas sensible al conflicto; y finalmente una mirada al Control de las drogas desde la perspectiva transicional.