Los candidatos y sus equipos ignoran que el patrullaje en las calles se debe realizar de acuerdo con una doctrina elaborada por la Policía Nacional que se llama Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Esa doctrina fue publicada el presente año y trata de que los policías salgan a la calle después de un ejercicio de planeación. Los comandantes de policía, y en especial los comandantes de estación, deben identificar las áreas en donde se ha concentrado el delito en los últimos cinco años e incluso deben procurar que los policías ejecuten sus tareas en segmentos de calle específicos. En otras palabras, los policías deben salir a la calle con una misión. De nada sirve que salgan a patrullar de modo aleatorio por las calles. Esto es así porque el delito no se distribuye de modo uniforme en las ciudades y por eso los escasos recursos de seguridad se deben focalizar.

De modo improvisado se ha impulsado la construcción masiva de propiedad horizontal en estratos bajos sin tener en cuenta los retos de convivencia y seguridad que deben enfrentar estas nuevas comunidades. Ni el Ministerio de Vivienda, ni el Ministerio del Interior y mucho menos el Ministerio de Defensa se han ocupado de estos futuros focos de problemas.

La nueva doctrina del servicio de policía se ajusta a innovaciones policiales cuya efectividad ya ha sido probada y evaluada en Colombia por la Fundación Ideas para la Paz. Valdría la pena que los equipos de los candidatos consideren los siguientes temas que son claves en materia de seguridad ciudadana:

El Liderazgo. Es necesario aclarar si el liderazgo en materia de seguridad ciudadana va a continuar en cabeza del ministerio de Defensa, orientado a las capturas, incautaciones y al cumplimiento de metas estadísticas o va a ser reorientado hacia la solución de los problemas de convivencia y seguridad, dirigido desde las autoridades civiles (ministerio del Interior, Justicia, alcaldías y gobernaciones). Ronda la idea sobre la eventual creación de un ministerio de Seguridad Ciudadana, pero no hay claridad sobre cuál es la idea de ese proyecto, ni sus objetivos ni se ha explicado cuáles serán las ventajas para el ciudadano y su calidad de vida. Es claro que el actual liderazgo en materia de seguridad ciudadana resulta incoherente y contradictorio.

Incentivos perversos... falsos positivos a la escala de la seguridad ciudadana. Mientras entidades como la Policía avanzan en la construcción de capacidades para prestar un servicio más profesional, los incentivos y los mecanismos de evaluación continúan siendo militaristas. La preocupación por los resultados operativos no le permite a los policías prevenir el delito y mucho menos ocuparse de la atención a la ciudadanía. Así como el sistema de incentivos en el Ministerio de Defensa produjo ‘falsos positivos’ en una escala que produjo una tragedia en derechos humanos, los incentivos actuales en la policía están impulsando la indiferencia frente al ciudadano de a pie en materia de convivencia y seguridad, porque es mucho más reconocida la captura, que evitar la ocurrencia de las infracciones. Las medallas y los descansos tienden a ser asignados a los policías de los cuadrantes que reportan más capturas. A los que mantienen su cuadrante con baja incidencia delictiva no se les hacen reconocimientos significativos.

La Política. No se dijo si se va a continuar impulsando la Política Nacional de Seguridad y Convivencia que ha promovido la elaboración de los planes integrales de seguridad y convivencia (PISCC), los cuales han facilitado el proceso de coordinación entre todas las entidades públicas responsables de la seguridad ciudadana. Es necesario superar el mito de que la responsabilidad en materia de seguridad ciudadana es exclusivamente de la Policía. Generar condiciones de seguridad ciudadana involucra de manera directa la responsabilidad de las autoridades locales y nacionales, las cuales deben focalizar la inversión social y de infraestructura en las zonas en las cuales se concentra la delincuencia y la violencia. No hay manera de que la Policía produzca resultados sostenibles en materia de seguridad ciudadana si los gobiernos nacional y local no intervienen de manera articulada. Esto se agrava además porque el periodo de los alcaldes no coincide con el periodo de los comandantes de las unidades. A los alcaldes les toca coordinar con varios comandantes y cada uno tiene una agenda distinta.

El “cómo”. La seguridad del ciudadano de a pie continua siendo un reto para los candidatos. Sin embargo, no se dijo de qué manera se va a llevar la seguridad a cada calle o región del país. Ello requiere continuar fortaleciendo la capacidad de análisis de la Policía a nivel local, de forma que cada uno de los fenómenos de delincuencia y violencia que se manifiestan en las ciudades y municipios rurales sean correctamente diagnosticados y analizados. Es necesario comprender las causas de los fenómenos, diseñar estrategias policiales efectivas según la problemática y vincular las demás instituciones que a nivel local tienen responsabilidades específicas en materia de espacio público, prevención social, educación, generación de empleo, entre otras. Conviene tener en cuenta que el nivel de coordinación depende de la complejidad del problema. Hay retos de convivencia y seguridad que un comandante de estación puede enfrentar sólo, pero hay otros que requieren la participación de la SIJIN, la SIPOL y varías secretarías de la Alcaldía correspondiente.

Las capacidades. La Policía ha avanzado estableciendo en cada estación de policía un centro de análisis (CIEPS) en el cual se estudian las cifras, sus tendencias, las modalidades criminales, sus variaciones y desplazamientos geográficos. Finalmente, el crimen está siendo georreferenciado a nivel de calle, se están identificando los puntos críticos en donde se concentran la violencia y la delincuencia y se está organizando el servicio de Policía con herramientas tecnológicas para la planeación seguimiento y control a las patrullas. Ello implica cambios en los criterios de reclutamiento, capacitación del personal, toma de decisiones y despliegue operativo que le permitan a la Policía adecuarse y responder de manera efectiva a las nuevas modalidades delincuenciales. No es solo el incremento de pie de fuerza, son sus capacidades las que podrán hacer la diferencia en esta materia.

El riesgo de hacer una deficiente incorporación. El Ministerio de Defensa se comprometió con un aumento del pie de fuerza de 20.000 hombres en la Policía Nacional. Esta es una meta que obliga a "cumplir" a la Dirección de Incorporación de la Policía (DINCO). Se puede lograr pero obliga a bajar el estándar de admisión, con el riesgo de que algunos criminales inicien una carrera policial. Otro riesgo es la incorporación de policías con bajas competencias sociales e incluso con baja empatía. La vocación que tiene la Policía para cumplir con una meta puede resentir la calidad del servicio de vigilancia a la ciudadanía. Este proceso de incorporación acelerado aumentará los problemas de integridad policial.

La articulación. La desarticulación entre las entidades del Estado es un reto mayor en la administración pública. Sin embargo, en materia de seguridad ciudadana se manifiesta con toda su fuerza generando espacios propicios para que el delito y la violencia se enquisten en ciertos lugares, generando problemas mayores. ¿Cómo se va a garantizar que las entidades nacionales y locales se articulen con la Policía, prioricen y focalicen la inversión de manera que se erradiquen los puntos críticos y se de sostenibilidad a las intervenciones policiales?

La información. No es secreto que la información sobre delitos y contravenciones requiere mayor transparencia y accesibilidad. Esta información tiende a manejarse como si fuera reservada, lo cual genera barreras para que las mismas autoridades conozcan en detalle la situación de violencia y delincuencia local y para que los estudiosos puedan evaluar el impacto de las políticas públicas. La calidad de esta información es deficiente no solo por la baja denuncia, sino también por la manera de registrar los hechos. Las cartografías están desactualizadas y se facilita la manipulación que genera la falta de publicidad y accesibilidad de los datos. Los gobiernos locales no tienen información sobre delitos y contravenciones que le permitan coordinar acciones con la Policía. Los incentivos apuntan a que los comandantes de policía tiendan a no entregarle información a los alcaldes.

Siendo la seguridad ciudadana uno de los temas más sensibles, la ciudadanía continua escuchando más de lo mismo, cuando en realidad se ignoran los avances y las posibilidades de progreso en esta materia. El riesgo es que por falta de conocimiento sobre lo construido, hasta en el mismo gobierno, estos esfuerzos se pierdan, no se consoliden y se vuelva a la idea de que simplemente con más policías se controlará la violencia y la delincuencia.