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“Del Capitolio al Territorio” es una iniciativa impulsada por la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, que cuenta con el apoyo técnico de la FIP y el apoyo financiero de la embajada Británica.

En el marco de este proyecto, durante 2020 se llevaron a cabo visitas virtuales y presenciales a varias regiones del país (Guaviare, Montes de María, Catatumbo, Bajo Cauca y nordeste antioqueño, sur de Córdoba, Urabá y sur de Bolívar), en las que congresistas de diferentes partidos políticos conocieron de cerca los avances, desafíos y tareas pendientes en la implementación del Acuerdo de Paz, a través de las percepciones, preocupaciones y opiniones de los actores locales.

El desarrollo de estos encuentros se dio en medio de la pandemia por el covid-19, por lo que la visión y posición de los actores en el territorio estuvo marcada por los impactos de la emergencia sanitaria en la paz y la seguridad.

En ese sentido, dentro de los principales efectos identificados, se destaca el recrudecimiento de la violencia armada y otros tipos de violencias; un déficit de participación en diferentes procesos debido a las dificultades de conexión y la falta de dispositivos tecnológicos; la agudización de rezagos e incumplimientos; falta de recursos, así como un aumento del desempleo, la deserción escolar y la discriminación social.

Con relación a algunos de los componentes y puntos del Acuerdo de Paz, las principales opiniones y percepciones de los actores locales fueron:

Dinámicas de la confrontación, seguridad territorial e impacto humanitario

· El Estado no logró copar efectiva y oportunamente los vacíos de regulación que dejó la desactivación de las estructuras de las antiguas FARC, lo que favoreció la expansión y fortalecimiento de otros grupos armados ilegales.

· Se viene configurando un escenario de riesgo a partir de la recomposición de estos grupo ilegales que buscan ampliar su influencia y ejercer un mayor control social y territorial alrededor de economías ilícitas.

· La respuesta del Estado se ha enfocado en el fortalecimiento del dispositivo de la Fuerza Pública por medio del aumento de pie de fuerza de la Policía y las Fuerzas Militares, lo cual ha sido ineficaz, porque no ha logrado neutralizar la amenaza que representan estos grupos, e insuficiente porque no se ha acompañado de inversión social.

· Las disputas entre estos grupos armados ilegales han generado un alto impacto humanitario que se ha expresado en el aumento de los homicidios, desplazamientos y reclutamientos forzados, entre otros hechos victimizantes.

· Además, el accionar de estos grupos ha debilitado gradualmente procesos organizativos y comunitarios, lo que ha generado rupturas en el tejido social y en la identidad colectiva de los actores que están vinculados a la implementación del Acuerdo de Paz.

Renovación territorial

· La alta participación que tuvieron líderes, organizaciones sociales y las comunidades en general, en las fases tempranas de alistamiento y concertación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se ha perdido durante la ejecución de las obras y de los proyectos productivos.

· Se reconoce desde las comunidades que hay voluntad y esfuerzo por parte de las administraciones municipales en la inclusión de los PDET en los planes de desarrollo a nivel local.

· Muchos rezagos e incumplimientos que venían reportándose antes de la pandemia no solo se han mantenido durante la emergencia sanitaria, sino que se han profundizado.

· El proceso carece de mecanismos efectivos de supervisión y veeduría de la gestión que adelantan las entidades involucradas, por lo que se han presentado irregularidades y falta de transparencia, generando temor y desconfianza entre las comunidades. Esto se ha acentuado en medio de la pandemia por el covid-19.

Reincorporación

· Hay voluntad por parte de la población en proceso de reincorporación de seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz, pese a las dificultades que enfrenta.

· Existe una presunta brecha entre la atención y el acompañamiento que están recibiendo los excombatientes en función de las trayectorias que han seguido y su ubicación. En su opinión, los beneficios, garantías y servicios a los que acceden quienes están en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) no son los mismos que reciben quienes están por fuera.

· La participación de los excombatientes en el diseño de la ruta de reincorporación ha sido prácticamente nula, por lo que muchas de las medidas adoptadas por las entidades involucradas no siempre se ajustan a las realidades territoriales.

· Hay preocupaciones frente a la falta de tierras para el desarrollo de proyectos productivos, individuales y colectivos; por las dificultades en la adjudicación de predios en las zonas de manejo especial; los altos niveles de estigmatización y por la falta de garantías de seguridad.

Sustitución de cultivos ilícitos

· El Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS) no está funcionando como se esperaba porque, en su opinión, no está garantizada su sostenibilidad financiera a largo plazo; se han cambiado las reglas de juego en los tiempos y cronogramas; y algunos de sus componentes tienen rezagos.

· Además, no hay suficiente acompañamiento y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos, y no es claro como el Programa se articula con los PDET, las llamadas Zonas Futuro y otras iniciativas. Tampoco hay garantías de comercialización de los productos para lograr hacer el tránsito hacia la legalidad.

· Las personas y organizaciones que lideran este proceso, así como las familias vinculadas al Programa están expuestas a un alto riesgo por parte de los grupos armados ilegales que los obligan a seguir sembrando o a entregar los beneficios económico a los que acceden.

· En su opinión, el manejo que el gobierno está dando al tema de los cultivos ilícitos es contradictorio porque no adopta medidas para superar sus fallas estructurales, lo que lleva a muchos a desvincularse para resembrar como único medio de subsistencia y, al tiempo, privilegia la erradicación forzada, lo que está generando tensiones sociales, mayor desconfianza, temor y rechazo por parte de las comunidades.

Situación de las víctimas

· La influencia de los grupos armados ilegales constituye un obstáculo para el trabajo que adelantan las diferentes entidades del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) por las agresiones contra las personas que participan en estos procesos.

· Hay dificultades en la implementación de la Ley 1448 de 2011 (prorrogada recientemente) por los rezagos y lentitud con la que avanzan las indemnizaciones y la restitución de tierras.

· A pesar de los esfuerzos que se ha hecho desde la institucionalidad para avanzar en el proceso de reparación integral, las víctimas consideran que aún falta acompañamiento y asistencia, por ejemplo, para la formulación y desarrollo de proyecto productivos.

· Hay preocupación porque en opinión de varias víctimas el proceso no tiene un enfoque diferencial étnico y de género; la atención está centralizada en los centros urbanos y no hay suficiente cubrimiento en las zonas rurales; no hay garantías de seguridad para quienes lideran la reparación y, además, la participación en la implementación de los diferentes componentes de la Ley se ha reducido, especialmente en medio de la pandemia.

Las alternativas que proponen los actores locales

1. Garantizar la seguridad desde un enfoque amplio e integral que combine el despliegue de la Fuerza Pública con la provisión de bienes y servicios, así como mayor inversión social.

2. Fortalecer la participación de las comunidades en las fases de implementación de los distintos planes, programas y estrategias ligadas al Acuerdo de Paz.

3. Mejorar la articulación institucional a nivel nacional, regional y local para avanzar de manera más efectiva en la implementación del Acuerdo.

4. Adoptar medidas de protección efectivas para quienes lideran y defienden la implementación de los diferentes componentes del Acuerdo.

5. Mejorar las capacidades institucionales para hacer frente a los desafíos que plantea el covid-19 para la paz y la seguridad en los territorios.

* En la elaboración de este informe participaron los investigadores locales :Diamar Urbina, Sandra Arroyo, Juliana Forero, Bhiana Holguín, Víctor Oviedo, Luzmila Castro y Julie Potes.

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