Descargue el informe completo del Bajo Cauca y del nordeste antioqueño AQUÍ y del sur de Córdoba AQUÍ

El pasado 30 y 31 de julio algunos miembros de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes se reunieron virtualmente con líderes comunitarios, víctimas, excombatientes de las FARC, autoridades locales, representantes de organizaciones internacionales y entidades del Gobierno para escuchar sus preocupaciones y percepciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño. El mismo ejercicio se desarrolló el pasado 11 de septiembre en el sur de Córdoba.

Luego, a comienzos de octubre, el equipo “Del Capitolio al Territorio” realizó encuentros virtuales de seguimiento con líderes y excombatientes para identificar, de primera mano, los avances y rezagos en el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la puesta en marcha del Acuerdo.

Con dos nuevos informes, los investigadores de la FIP que acompañaron las visitas describen las principales preocupaciones sobre cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz y dedican un capítulo especial a las capacidades de estas regiones para responder a la pandemia del covid-19.

Seguridad territorial

· En el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, tras la firma del Acuerdo de Paz no hubo presencia institucional efectiva, lo que permitió la incursión de diferentes grupos armados a lugares en los que antes no estaban.

· En el sur de Córdoba, la influencia que ejercen los grupos ilegales está generando un alto impacto humanitario y debilitando gradualmente los procesos participativos y organizativos.

· En el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, frente al control de la minería ilegal, de los cultivos de coca y del tráfico de cocaína, existe una dinámica compleja de disputas y alianzas entre el Clan del Golfo, los “Caparros”, el ELN y las disidencias del frente 18 y del frente 36 de las antiguas FARC.

· En el sur de Córdoba, la estrategia de la Fuerza Pública de entregar beneficios económicos a cambio de información sobre grupos armados ilegales, pone en riesgo a los líderes sociales porque los estigmatiza así no participen en esas redes cívicas de colaboración.

· En ambas regiones, las comunidades creen que no basta ni es conveniente la militarización del territorio. Es fundamental que vaya acompañada de inversión social y económica.

Los impactos humanitarios

· En ambas regiones, la intensificación de la violencia ha provocado desplazamientos masivos, confinamientos, agresiones a líderes sociales, extorsiones, eventos por minas antipersonal y reclutamiento forzado de menores de edad.

· En las dos regiones, los homicidios y los desplazamientos han llevado al deterioro de los procesos organizativos porque los liderazgos rara vez han podido vincularse a los espacios de participación.

· En ambas regiones, la violencia afecta especialmente a los líderes sociales que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y a las personas en proceso de reincorporación. La situación de inseguridad es tan crítica en zonas como Ituango, que en los últimos meses varios excombatientes y sus familias han tenido que ser reubicados por agresiones en su contra.

Desarrollo rural

· En el sur de Córdoba, la influencia que ejercen los grupos armados ilegales obstaculiza el proceso de adjudicación y formalización de las tierras. El temor que esto genera ha llevado a muchos líderes a abandonar estos procesos.

· En las dos regiones, el proceso participativo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) generó gran expectativa entre la población y significó mayor presencia institucional. Sin embargo, la puesta en marcha de las iniciativas priorizadas por las comunidades avanza de manera lenta y la participación se ha reducido. Esto ha generado malestar, incertidumbre y desconfianza.

· Se destaca en las dos subregiones que todos los alcaldes acogieron los PDET como parte de los Planes de Desarrollo Municipales.

· Hay preocupación porque buena parte del Bajo Cauca, el nordeste antioqueño y el sur de Córdoba están incluidos dentro de las zonas protegidas por la Ley 2 de 1959 (Zona de Reserva Forestal), lo que implica una serie de barreras en los procesos de adjudicación y titulación de tierras para campesinos. Además, es un obstáculo para ejecutar obras de infraestructura y formular proyectos productivos.

Sustitución de cultivos ilícitos

· Según varios líderes sociales de las dos regiones, el PNIS es una ‘rueda suelta’ porque no se articula con los PDET y tampoco está funcionando adecuadamente porque no se ha traducido en oportunidades económicas reales; no tiene enfoque diferencial, étnico y de género; no hay funcionarios y los que hay tampoco brindan garantías. Señalan además que, ante la falta de voluntad del Gobierno, muchos han tenido que dejar el programa porque no tienen medios de subsistencia.

· Los retrasos en los pagos de asistencia alimentaria y el apoyo para ejecutar proyectos productivos se convierten en incentivos para la resiembra de cultivos ilícitos en las dos regiones.

· El incumplimiento del Estado pone en riesgo a quienes defienden el programa en ambas regiones, pues actúan como intermediarios entre las comunidades y las instituciones, por lo que la frustración de las comunidades termina dirigiéndose contra los líderes.

· En el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, programas nuevos con los que supuestamente se intenta compensar las falencias del PNIS, como "Hecho a la medida" y "Antioquia libre de coca", generan desconfianza en las comunidades porque, según ellos, "no fue lo que se acordó; no fueron concertados, sino que están siendo impuestos; y no tienen en cuenta lo que se ha hecho en el PNIS”. Además, no es claro de dónde saldrían los recursos para financiarlos.

· En el sur de Córdoba, a las presiones ejercidas por los grupos armados ilegales para que las familias vinculadas al PNIS entreguen los subsidios que reciben por hacer parte del programa, se suman la estigmatización hacia estas personas por parte de algunas autoridades locales y regionales.

Reincorporación

· En ambas regiones, la reincorporación ha sido fuertemente obstaculizada por las condiciones de inseguridad y la dificultad que tienen los excombatientes para acceder a la tierra. De acuerdo con los actores locales, estos inconvenientes han hecho insostenible el proceso, al punto de que muchos reincorporados en la zona han tenido que desplazarse a otras regiones.

· En el sur de Córdoba, la reincorporación ha tenido un enfoque individual y no comunitario, lo que ha impedido el desarrollo de proyectos productivos colectivos. Esta situación se agravó, en cierta medida, con el traslado del antiguo ETCR de El Gallo.

· De acuerdo con varios excombatientes de Bajo Cauca y nordeste antioqueño, la oferta de seguridad para las personas que adelantan su proceso de reincorporación fuera de los antiguos ETCR es prácticamente nula. Reclaman la necesidad de una política de protección en las “Nuevas Áreas de Reincorporación”.

· Algunos excombatientes de Bajo Cauca y nordeste antioqueño ven con preocupación la captura de campesinos por parte del Ejército y la Fiscalía en inmediaciones de los antiguos ETCR, sin ninguna justificación. Lo llaman “falsos positivos judiciales”. También denuncian la suplantación de identidades con fines extorsivos por parte de grupos armados y delincuenciales que hace que aumenten los señalamientos y persecuciones.

· Varias mujeres excombatientes del sur de Córdoba manifiestan que el proceso de reincorporación adolece de un enfoque de género, sus opiniones no son tenidas en cuenta y tampoco han podido ejercer de manera efectiva un rol político.

Atención a las víctimas

· En las dos regiones hay gran preocupación por el aumento de víctimas, por lo que urge implementar acciones de atención y reparación hacia las víctimas de los recientes hechos de desplazamiento, confinamiento, reclutamiento forzado, amenazas y delitos sexuales, entre otros.

· La intensificación de la violencia armada en el territorio es fuente de revictimización, limita la participación de los líderes de organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, y ralentiza la implementación de las políticas de reparación integral a las víctimas.

· Hay preocupación en las víctimas del sur de Córdoba ante la lentitud con la que avanza el proceso de reparación colectiva, lo que ha llevado a que muchas personas se retiren.

· Algunos líderes de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia tienen reparos ante los cambios al protocolo de participación de víctimas.

· Varias mujeres del Bajo Cauca y nordeste antioqueño víctimas de violencia sexual durante el conflicto dicen sentirse rechazadas y revictimizadas a la hora de acudir a las instituciones. Además, aseguran que es necesario desarrollar el enfoque diferencial étnico en los programas de atención y reparación.

Estos informes también presentan algunas recomendaciones para dar celeridad y garantizar la implementación del Acuerdo de Paz.

Del Capitolio al Territorio” es un proyecto de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes implementado por la FIP que, a través de visitas regionales, hace seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz.

Conozca los informes del Catatumbo, Guaviare, el análisis de seguridad y la implementación del Acuerdo, y las preocupaciones en las regiones ante el avance del covid-19.

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