Cifra de la semana

Entre 2013 y 2019, se presentaron 1.339 agresiones contra mujeres líderes. De acuerdo con un reciente informe especial del Programa Somos Defensores sobre liderazgos femeninos, durante 2019 fueron agredidas 225 mujeres; de este total, 19 fueron homicidios. Esta fuente también señala que los liderazgos femeninos más afectados fueron defensoras de derechos humanos, indígenas, comunitarias y campesinas. En el 80% de los casos el responsable es desconocido.

Implementación del Acuerdo

FARC reconoce públicamente el delito del secuestro y piden perdón a las víctimas. Mediante un comunicado, firmado por ocho ex miembros del secretariado, las FARC reconocieron que recurrir a la práctica del secuestro fue un error gravísimo y que afectó su credibilidad en el conflicto armado. En la misiva piden perdón a las víctimas de secuestro y a sus familias por el dolor y la humillación a la que fueron sometidas. Además, reiteraron su compromiso de contar la verdad y de contribuir a la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas como forma de reparación y justicia.

A petición de las FARC, versiones que rinden ante la JEP serán públicas. La solicitud fue realizada por Rodrigo Londoño a la JEP, a raíz de las recientes controversias sobre las versiones que han entregado en el macro-caso sobre secuestro, que señalan su negativa a reconocer delitos como el secuestro o reclutamiento de menores en estos espacios. En ese sentido, solicitaron que las diligencias sean transmitidas en vivo por televisión y que, además, sean publicadas en su totalidad. A pocas horas de enviada la solicitud, la JEP respondió que las versiones voluntarias sólo serán reservadas en los casos que señale específicamente la ley. La semana pasada se llevó a cabo la primera versión pública sobre reclutamiento y utilización de niños y niñas, en la que también se reconoció por primera vez esta práctica.

Comisión de la Verdad recibe informe sobre persecución social en Colombia. El documento titulado "Unidad, terror y resistencia. Genocidio político extendido, continuado, sistemático y premeditado contra grupos nacionales de la oposición" fue elaborado por el Archivo Oral de Memoria de las Víctimas (Amovi) y la Universidad Industrial de Santander (UIS), y recopila 1.918 hechos de violencia contra la Unión Nacional de Oposición (UNO) que aglomeró movimientos de izquierda desde 1972 hasta 1982.

ELN

ELN negó su participación en recientes movilizaciones nacionales. A través de una entrevista con CM&, Pablo Beltrán señaló que “acusar al ELN de estar financiando las protestas o atacando los CAI, es un mal recurso, no busquen la fiebre en las sábanas (…) el ELN no tiene objetivo especial contra Bogotá o ciudades del país, nosotros lo que hacemos son labores de resistencia, pero no existen esos planes que el Comisionado de Paz está diciendo”. Beltrán sostuvo que las protestas son espontáneas y se manifiestan como rechazo a la violencia policial. Finalmente, aprovechó la ocasión para reiterar su llamado a reiniciar las conversaciones de paz con el Gobierno Nacional.

Víctimas conmemoraron 20 años del secuestro en el kilómetro 18. El 17 de septiembre del año 2000, el ELN realizó un secuestro masivo de 63 personas que se encontraban en los restaurantes la Embajada de Ginebra, La Cabaña y la Hacienda de Normandía situados en el kilómetro 18 entre la vía Cali – Buenaventura. Tras 45 días en cautiverio, la guerrilla liberó a los secuestrados e informó que tres de ellos habían muerto. Hoy las víctimas exigen que el Estado reconozca el secuestro como uno de los crímenes más atroces y solicitan la reparación de las familias que quedaron viudas.

Movilización social

Movilizaciones nacionales el 21S. En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga miles de personas se manifestaron rechazando el abuso policial y reivindicando los derechos de los trabajadores. La movilización fue convocada por el Comité del Paro Nacional y a ella se sumaron sindicatos, centrales obreras y movimientos estudiantiles. En Bogotá, la Secretaría de Seguridad reportó 10 concentraciones donde participaron cerca de 2.000 personas. Por su parte, la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, denunció una agresión de la Fuerza Pública. Desde Medellín, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Antioquia (CUTA), recordó que los manifestantes reclaman la matrícula cero, renta básica y apoyo a pequeñas y medianas empresas afectadas por la contingencia nacional. En simultáneo, otro grupo de manifestantes se movilizó con banderas de la Policía Nacional, apoyando a la Fuerza Pública y rechazando la violencia contra la institución pública.

Indígenas tumban estatua como protesta en Popayán. La comunidad indígena Misak tumbó la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar, que se situaba en el morro del Tulcán (Popayán). Las manifestantes señalaron que es una reivindicación cultural por el pasado esclavista del conquistador y declararon que “la estatua erigida desde la década de los 30, cuando Popayán conmemoró 400 años de derrota de nuestros pueblos indígenas por la bota española genocida, hace parte de la violencia simbólica que nos ha oprimido y nos ha puesto en un lugar de olvido”.

Disidencias y crimen organizado

Enfrentamiento entre militares venezolanos y disidentes de las FARC deja 19 muertos. La prensa venezolana afirma que las víctimas son cuatro militares y 15 disidentes de las FARC, quienes fallecieron luego de que se desarrollara el enfrentamiento en El Luna, población del Estado de Apure, cercana al departamento de Arauca. Las versiones preliminares indican que las autoridades venezolanas estaban en la búsqueda de alias “Ferley González”, uno de los cabecillas de la disidencia del frente 10 de las FARC, quien escapó tras los hechos. El gobierno venezolano confirmó la muerte de los uniformados venezolanos y la captura de cinco personas cuyo grupo de procedencia no fue especificado.

Masacres en Buenos Aires (Cauca) y Mosquera (Nariño) dejan 10 muertos. La primera de ellas se registró en una gallera del corregimiento Munchique de Buenos Aires, donde fueron asesinadas seis personas y heridas otras tres luego de que hombres armados dispararan indiscriminadamente a un grupo de casi 20 personas. La Tercera División del Ejército afirmó que, si bien aún no son claros los detalles del asesinato múltiple, en la zona está la Columna Móvil Jaime Martínez, grupo ilegal al que se le atribuye preliminarmente esta masacre. El segundo hecho tuvo lugar en la vereda La Pampa del municipio de Mosquera, muy cerca del límite con El Charco. Allí fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas asesinadas por hombres armados según un video que circuló por rede sociales y que evidenciaba su ejecución.

Desplazados 450 integrantes de comunidades indígenas en Alto Baudó (Chocó). La Defensoría del Pueblo denunció el desplazamiento de 450 personas pertenecientes a siete comunidades indígenas embera, quienes abandonaron su territorio para refugiarse en la comunidad indígena Catrú Central, también en Alto Baudó, producto de los enfrentamientos entre las ACG y el ELN. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado a activar protocolos y rutas de atención humanitaria, señalando la necesidad de “una intervención urgente de las autoridades para atender necesidades en temas de salud, alimentación y salvaguardar los derechos de estas comunidades”.

Grupo de Desminado Humanitario es atacado en Tuluá. Un grupo de 20 soldados que adelantaban labores de desminado en la vereda Guayabito fue abordado por hombres armados que se identificaron como integrantes de la Compañía Adán Izquierdo de las FARC. Los disidentes procedieron a amenazar a los uniformados, quienes no portaban armas, para luego incinerar uno de sus dos vehículos, hurtar el otro, y robar sus implementos de trabajo como radios, celulares, computadores y detectores de metal. Este mismo grupo armado ilegal sería el responsable de la quema de otros tres vehículos que pertenecían a la empresa Celsia en ese mismo municipio.

Comunidad alerta sobre confinamiento y posible desplazamiento en Tarazá (Antioquia). Pobladores de la vereda San Miguel, en el corregimiento La Caucana, denunciaron que están confinados por los enfrentamientos entre grupos armados reportados en días recientes, y que esta situación podría generar un desplazamiento masivo. Al riesgo de seguridad que afronta la población, se suma la preocupación por cuestiones de seguridad alimentaria, pues el grupo Los Caparros estaría impidiendo la entrada de alimentos al corregimiento para frenar la llegada de suministros a las AGC.

Muere menor de edad por detonación de artefacto explosivo en Cauca. El Ejército afirmó que, en medio de un combate, la Columna Móvil Dagoberto Ramos arrojó un artefacto que impactó en una chiva que transportaba a personas desde el Resguardo Indígena Tacueyó (límite entre Caloto y Toribío) hacia la zona plana. Una estudiante de 17 años falleció tras el ataque.

Política de drogas

Estados Unidos certifica de nuevo a Colombia en la lucha contra las drogas. Este año, la administración Trump certificó el desempeño y los resultados de Colombia en la lucha contra las drogas durante el 2019. Con este visto bueno, Colombia continúa siendo receptor de la cooperación de EE. UU y evita posibles sanciones por su falta de compromiso. A pesar de los avances del gobierno Duque, el presidente Trump señaló que los cultivos ilícitos y la producción de coca siguen en niveles muy altos e inaceptables, por lo cual insistió en la necesidad de reanudar los más pronto posible la aspersión aérea para combatir las plantaciones de coca.

Proyecto de ley que busca regular el consumo de marihuana para uso adulto pasa el primer debate. Con 31 votos a favor y 14 en contra fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca regular el uso de la marihuana con fines recreativos. El proyecto, de autoría de los representantes liberales Juan Fernando Reyes Kuri y Juan Carlos Losada, tiene una fuerte oposición por parte del partido Centro Democrático y el partido Conservador, quienes han manifestado su preocupación ante el efecto que esta iniciativa podría tener en los menores de edad.

Secretario de Estado de Estados Unidos reafirmó apoyo a Colombia en labores de erradicación forzada. Durante la visita realizada a Colombia, Mike Pompeo, Secretario de Estado de la administración Trump, reconoció los esfuerzos que ha venido realizando el presidente Iván Duque para reducir los cultivos ilícitos. Así mismo, Pompeo señaló que el Gobierno estadounidense seguirá apoyando a Colombia en la erradicación de cultivos ilícitos con el fin de cumplir con la meta trazada en la agenda binacional, la cual busca para 2023 reducir los cultivos de coca y la producción de cocaína a la mitad de los valores del 2017.

Enfrentamientos entre campesinos y Fuerza Pública por operativos de erradicación en Nariño. Integrantes de la Brigada XXIII del Ejército Nacional fueron expulsados de la vereda Santacruz, municipio de Policarpa, por un grupo de campesinos que se opusieron a las labores de erradicación forzada que se iban a realizar en la zona. El comandante de la Tercera División del Ejército, general Marco Vinicio Mayorga, señaló que a pesar de la asonada las tropas no se retirarán del territorio y volverán para terminar con la intervención de los cultivos de coca que quedó pendiente.

Política ambiental

La Operación Artemisa es inefectiva y pone en riesgo a funcionarios ambientales. Según un nuevo informe de la FIP sobre los roles, riesgos y oportunidades de las Fuerzas Militares en la protección del ambiente, esta operación militar contra la deforestación no tiene un balance costo-beneficio positivo para el Estado. Aunque ha reducido la deforestación en los Parques Tinigua, Macarena y Chiribiquete, y ha producido capturas de 56 a 62 personas (cifras de la Fiscalía y MinDefensa que no coinciden), estas no se acercan a las redes criminales detrás de la deforestación pues gran parte son campesinos que son puestos en libertad. Además, la labor de conservación llevada a cabo por militares ha generado desconfianza entre comunidades campesinas y el Estado, lo cual impide los ejercicios de conservación de las instituciones y las comunidades.

Procuraduría investiga varias CAR y gobernaciones por tala indiscriminada de árboles. Las Corporaciones Autónomas Regionales del Chocó (Codechocó), del Nororiente (Corponor), y del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), son investigadas por presuntas irregularidades en el control y vigilancia en las áreas de su competencia respecto de la deforestación. Las gobernaciones de Chocó, Norte de Santander y Amazonas, donde operan estas CARs, también están siendo investigadas. Esta noticia se conoce el mismo día que InSight Crime publica la primera parte de su informe sobre una investigación de la Fiscalía que destapó un entramado de tala y tráfico ilegal de madera con la complicidad de las dos CAR de Santander; la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), y la Corporación Autónoma de Santander (CAS).

Guerrillas colombianas controlan la extracción y tráfico de coltán en Venezuela. Según un informe de la red ecologista SOS Orinoco, disidencias FARC y ELN extraen el muy demandado mineral en la región de Parguaza con protección del ejército Venezolano, declarando un “respeto mutuo” entre ambas partes. De ahí, el coltán es llevado a Puerto Carreño, en Vichada, por medio de las rutas de contrabando usadas por los grupos armados.

Corte Constitucional determina que consultas populares no pueden parar actividades mineras. En el caso de Cogua (Cundinamarca) que pretendía presentar una consulta popular para frenar la expansión minera en su municipio, la Corte determinó que las decisiones sobre la exploración y explotación en el subsuelo le competen al orden nacional y no local.

Imprimir documento