Implementación del Acuerdo

Aprobada ley que da vía libre al anticipo de regalías para los municipios PDET. La ley se encuentra a la espera de sanción presidencial y busca que recursos estimados en cerca de $4,5 billones de pesos sean focalizados en dar cumplimiento a las iniciativas pactadas con las comunidades en los 170 municipios PDET.

Instalada Mesa de Reincorporación para excombatientes de las FARC en Risaralda. Durante un evento virtual, la Gobernación y la Agencia de Reincorporación y Normalización instalaron la Mesa con el fin de apoyar a las cerca de 600 personas en proceso de reincorporación en el departamento. La Gobernación también se comprometió a gestionar recursos para apoyar los proyectos productivos de los excombatientes asentados en el corregimiento de Santa Cecilia, el mayor punto de concentración.

Polémica por versiones de las FARC ante la JEP en caso de reclutamiento forzado. Durante el macro caso 007 sobre reclutamiento forzado que adelanta la JEP, ocho excomandantes de las FARC han rendido versiones voluntarias en las que han abordado el tema. La semana pasada, la versión que rindió Rodrigo Londoño en la que no reconoce el reclutamiento forzado como una política de las FARC, sino como hechos aislados, generó rechazo en distintos sectores de la sociedad, principalmente en las víctimas, quienes exigen verdad y reparación.

ELN

ONIC denuncia instalación de minas antipersona del ELN en Chocó. Por medio de sus redes sociales, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció la siembra de minas antipersona por parte del ELN a tan solo 40 metros de la comunidad indígena de Playa Bonita en el Resguardo Alto Río Pichicora, en Bojayá.

Ciudadano secuestrado por el ELN se fuga en el Catatumbo. En un puesto de control de carretera en el municipio del Tarra (Norte de Santander), el Ejército auxilió a un hombre que se habría fugado del ELN. El ciudadano se encontraba secuestrado desde el 1° de julio y aprovechó un momento en que le fueron retiradas las cadenas para huir y ocultarse en la carrocería de un camión, que luego fue registrado en el puesto de control del Ejército.

17 guerrilleros del ELN judicializados en Bolívar. Los 17 hombres, presuntos miembros del frente Darío Ramírez Castro del ELN, fueron capturados y encarcelados en el Sur de Bolívar por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. De acuerdo al testimonio de 28 víctimas, estos hombres participarían en actividades extorsivas hacia ganaderos, mineros y comerciantes de la región.

Movilización social

Jornadas de protesta tras caso de abuso policial. Tras el asesinato de Javier Ordóñez, en Bogotá, se han realizado diferentes protestas en el país en las que han resultado 10 personas muertas, 209 civiles y 194 policías heridos reportados por el Ministerio de Defensa. Este Ministerio señaló afectaciones contra los Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía y estaciones de Transmilenio en Bogotá, y contra buses y establecimientos comerciales en diferentes ciudades. Las movilizaciones han rechazado los abusos policiales y la violencia contra la población civil tras los hechos de masacres y homicidios. Por su parte, organismos internacionales como la alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, han denunciado la detención arbitraria de cuatro defensores de derechos humanos que integran la Comisión de Verificación que documenta violaciones contra manifestantes. Las movilizaciones siguen replicándose y exigen el cambio estructural de la Policía Nacional como institución pública.

Convocan movilización nacional por la vida y la paz. Organizaciones sociales hicieron un llamado y convocaron a marchas en silencio, plantones y acciones simbólicas a nivel nacional e internacional el próximo 21 de septiembre (21S), conmemorando la Semana por la Paz. A través de un documento público, el vocero de la movilización, Luis Emil Sanabria, señaló que el movimiento espera trascender la coyuntura y mantenerse con el tiempo para defender el Acuerdo de Paz y rechazar la violencia que ha aumentado en el país. Sanabria informó que a partir del 21S se firmarán pactos regionales de paz, instalarán refugios humanitarios en zonas más afectadas por el conflicto armado y promoverán caravanas humanitarias.

Agresiones a líderes

Asesinados cuatro líderes sociales. Las víctimas son el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Clemen, en Montelíbano (Córdoba); un líder indígena del municipio de Totoró (Cauca) donde también murió su hija; y un líder social y otro comunitario de El Castillo (Meta). En todos los casos los líderes fueron abordados por hombres armados quienes les propinaron varios impactos de bala. Ante los hechos, la Defensoría del Pueblo, a cargo del nuevo defensor Carlos Camargo, expresó su preocupación e instó a que se aceleren las investigaciones.

Fundación Cordobexia denuncia asesinato de 46 líderes en Córdoba desde la firma del Acuerdo. Tras el último homicidio ocurrido en la región del sur de Córdoba, esta fuente señala que, en lo que va de 2020, han sido asesinados nueve líderes de los municipios de San José de Uré, Montelíbano, Pueblo Nuevo, Puerto Libertador y Tierralta. Estos territorios han sido afectados por el conflicto armado, las economías ilícitas y el bajo nivel de presencia institucional.

100 líderes sociales de Medellín fueron reconocidos por la alcaldía. Los líderes sociales de diferentes zonas de la capital de Antioquia fueron reconocidos y respaldados por la administración local. Así mismo, la Secretaría de Inclusión Social ha llevado a cabo varias actividades de pedagogía en las que se dan a conocer las diferentes herramientas de seguridad en caso de riesgo por su actividad social.

Líderes sociales de Norte de Santander exigen garantías de seguridad para ejercer liderazgos. De acuerdo con Milton Hostia, Representante de la Mesa Departamental de Víctimas y de la Comunidad LGTBI, hay un alto número de líderes amenazados y a quienes la Unidad Nacional de Protección no les ha hecho los respectivos estudios de seguridad. Líderes sociales de Cúcuta y la región del Catatumbo, han denunciado la reducción de esquemas por parte de esta institución.

Disidencias y crimen organizado

Disidencias habrían convocado a la comunidad para expulsar al Ejército en Policarpa (Nariño). El Ejército informó sobre una asonada contra los soldados en zona rural de este municipio, por cuenta de las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito. Los uniformados, que llegaron a la zona un par de semanas, tuvieron que partir hacia el casco urbano. La información que circuló por distintos medios fue corroborada por el vicedefensor del Pueblo, José Enrique Calero, quien aseguró que los cerca de 500 campesinos involucrados en el hecho fueron coaccionados por disidentes de las FARC, que reunieron a la comunidad en la vereda Peñas Blancas e impartieron instrucciones para sacar al Ejército.

Al menos cinco personas muertas en masacre en Zaragoza (Antioquia). La Corporación Jurídica Libertad denunció el asesinato de al menos cinco personas en la vereda La Valentina, corregimiento El Pato. Según declaraciones de la comunidad, los victimarios estaban usando "prendas de uso privativo de las fuerzas militares". A través de la alerta temprana 003 de 2019, la Defensoría del Pueblo había alertado sobre el riesgo que afrontaban pobladores de los municipios de Zaragoza, El Bagre y Caucasia, y sobre el control de las AGC en el corregimiento de El Pato, en Zaragoza.

Muere integrante del resguardo Jaidukamá en Ituango por mina antipersona. La Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció la muerte de un integrante del resguardo Jaidukamá mientras realizaba labores de agricultura. La OIA señaló que ya son cinco los integrantes de comunidades indígenas que mueren en Antioquia por artefactos explosivos "instalados indiscriminadamente por actores armados al margen de la ley que se disputan el control territorial de los resguardos”. En su alerta temprana 004 de 2020, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el riesgo por siembra de minas antipersona y confinamiento que afrontaba el resguardo Jaidukamá.

Violencia en Simití y El Carmen de Bolívar. Tres hombres que se movilizaban en moto por zona rural del municipio de Simití, corregimiento de Monterrey, fueron asesinados por impacto de bala. A menos de seis horas de los hechos ocurridos en Simití, hombres armados dispararon contra un grupo de personas en el municipio de El Carmen de Bolívar, asesinando a tres hombres, entre ellos un menor de edad. Estos hechos se suman al desplazamiento de más de 35 familias ocurrido el pasado 12 de agosto en la vereda Caño Negro, entre los municipios de Zambrano y El Carmen de Bolívar.

Comisión de Justicia y Paz denuncia a “Comandos de Frontera” por asesinatos en el Bajo Putumayo. Luego de que las autoridades ecuatorianas hablarán de la existencia de este grupo, la Comisión Intereclesial asocia a este grupo con dos homicidios en Puerto Asís y denuncia que el nombre surgió luego de que el grupo ilegal “La Mafia” —conformado por disidentes de las FARC y ex miembros de otros grupos armados— cambiara su denominación para desligarse de varios asesinatos, entre ellos el del líder social Marco Rivadeneira. La Comisión también llamó la atención sobre el reclutamiento forzado de menores de edad como una de las prácticas de este grupo.

Una persona muerta y otras siete heridas deja intercambio de disparos en Tumaco. Hombres fuertemente armados llegaron con motos y automóviles hasta una casa ubicada en el corregimiento de Llorente, donde departían varias personas que fueron atacadas con arma de fuego. Una mujer falleció en el atentado, mientras que las demás lograron refugiarse en el interior de la casa y otras zonas aledañas. Las autoridades señalan al Frente Oliver Sinisterra como el determinador del hecho.

Política de drogas

Operaciones de erradicación forzada en Meta y Nariño dejan dos soldados muertos y tres heridos. En la vereda La Nacera, del municipio de Tumaco (Nariño), fallecieron dos integrantes del Batallón de Despliegue Rápido No. 4, luego de que explotara un artefacto mientras realizaban labores de erradicación forzada de cultivos ilícitos. El informe preliminar señala al Frente Oliver Sinisterra, al mando de Eliecer Ramírez Cortez, alias "Albeiro", como el principal sospechoso de este ataque. Por otra parte, en la vereda Nueva Colombia, del municipio de Vista Hermosa (Meta), un suboficial y dos soldados profesionales resultaron heridos luego de ser emboscados por integrantes de las disidencias del Frente 7 cuando realizaban un operativo de erradicación forzada.

Proyecto de ley para regular el consumo de marihuana continúa trámite en el Congreso. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes empezó a discutir el proyecto de ley de los representantes Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes del Partido Liberal, que propone la expedición de un acto legislativo para reformar el artículo 49 de la Constitución y regular el consumo de cannabis con fines recreativos por parte de mayores de edad. La discusión, que buscaba fungir como el primero de ocho debates, terminó convirtiéndose en un debate sobre si el proyecto de ley debía o no archivarse, pues muchos de los integrantes de esa comisión lo consideraban inconstitucional. Al final de la sesión, el proyecto no fue archivado gracias a 18 votos a favor y 17 en contra. Sin embargo, le quedan todavía ocho debates pendientes para poder convertirse en ley.

Organizaciones ambientales piden no continuar con la reactivación de la aspersión aérea. Un grupo de organizaciones defensoras del medio ambiente, expertos en el tema ambiental y académicos, pidieron al Gobierno reconsiderar los esfuerzos que está realizando para retomar la erradicación de cultivos ilícitos vía aspersión aérea. Para organizaciones como WWF Colombia, el Foro Nacional Ambiental, Fescol y la Fundación Natura, la fumigación con glifosato es un procedimiento muy costoso en términos sociales y ambientales que puede agudizar la vulnerabilidad y los conflictos en los territorios; por eso, hacen un llamado al Gobierno para que desista de esa propuesta.

Política ambiental

Interceptan y queman vehículo de funcionarios de Cormacarena. Dos hombres armados intimidaron y robaron el vehículo de tres funcionarios de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), durante una jornada de pagos por servicios ambientales en La Julia, Meta. Los asaltantes robaron sus pertenencias e incineraron el vehículo kilómetros más adelante. En la zona existen varios grupos armados dedicados a la deforestación y la siembra de coca que buscan establecer control territorial.

Proyecto de Puerto de Tribugá amenaza con desplazamientos y afectaciones ambientales. Mientras que el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, intenta declarar el megaproyecto del Puerto de Tribugá como obra de utilidad pública e interés social, la Alianza Nuquí, conformada por más de 70 organizaciones de sociedad civil, se opone convocando la Ley 70, el Convenio 169 de la OIT, y la posible afectación ambiental de más de 114 mil hectáreas de áreas protegidas. Mientras que la gobernación del Chocó lo ve como un motor para el desarrollo del departamento, proporcionando un puerto alternativo al subutilizado Puerto de Buenaventura, los 170 habitantes del Consejo Comunitario Los Riscales, y los 200 indígenas que allí habitan, temen el desplazamiento que estos últimos ya sufrieron en 2005 y 2015 y por el cual llegaron a la zona.

Gremios se oponen a la ratificación del Pacto de Escazú. El pacto permitiría más fácil acceso a información y justicia ambiental, así como participación pública, con el fin de proteger el medio ambiente y a las personas que lo protegen. Sin embargo, gremios como Fedepetróleo, Fedearroz, Fedegán, Asocañas, Federación de Cafeteros, Naturgas, y la Asociación de Agricultores de Colombia, lo consideran contraproducente ya que los procesos de concertación con las comunidades y elaboración de evidencia en cuanto a impacto ambiental podrían significar un lastre para el desarrollo del país.

Nada ha cambiado en la pelea por el “fracking.” Mucha presión se ejerció para que el Congreso tumbara el “mico” de pago de regalías sobre el fracturamiento hidráulico en la Ley 1530 de 2012. Sin embargo, este no prohibía ni permitía la controversial técnica, y la decisión sigue dependiendo del Consejo de Estado, que suspendió las normas técnicas expedidas en el 2014 por el Ministerio de Minas, y dio vía libre a los Proyectos Piloto de Investigación Integral al rechazar medidas cautelares de algunos congresistas. Estos proyectos piloto, reglamentados por el Ministerio de Minas, buscan determinar los verdaderos efectos ambientales de esta técnica.

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