Cifra de la semana

Al menos 600 desplazados en Cáceres (Antioquia) por amenaza de grupo armado. 200 familias, entre ellas 40 familias indígenas zenúes, se desplazaron al corregimiento de Guarumo luego de que un actor armado aún sin identificar retuviera y torturara a un grupo de personas de la comunidad, y luego les ordenara abandonar el territorio en no más de tres días. Los hechos son materia de investigación.

Implementación del Acuerdo

Víctimas del conflicto armado crean la Comisión Civil de la Verdad. La iniciativa, creada por más de 200 organizaciones de víctimas, busca recibir aportes de todos los actores a la justicia, la reparación y la verdad, para la implementación del Acuerdo de Paz. La Comisión será netamente civil y buscará mantenerse activa ante la JEP.

Solicitan al Consejo de Estado dictar sentencia sobre las Curules de Paz. Mediante una carta enviada al Consejo de Estado, un grupo de demandantes solicitan que sea dictada la sentencia para crear las 16 Curules de Paz, dando cumplimiento a la decisión tomada por la sección primera de este tribunal en diciembre del año pasado y que se encaminaba a revivir la iniciativa.

Unión Europea ratifica su apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz. En una reunión el Gobierno Nacional para evaluar los avances de 30 proyectos financiados por el Fondo Europeo para la Paz, relacionados con la Reforma Rural Integral y la ruta de reincorporación, la Unión Europea afirmó que continuará aportando con recursos para impulsar la implementación del Acuerdo.

ELN

Comunidad indígena Embera Dóbida del Chocó denunció “estar secuestrada”. La Asociación de Autoridades Tradicional de Cabildos Indígenas Zarra - Río Condoto Alto Baudó, manifestó al Gobierno nacional que se encuentra en una situación muy complicada derivada de la pandemia del covid-19 y la presencia de grupos armados en su territorio. Grupos que, de acuerdo con la asociación, buscan control territorial y “nos tienen secuestrados en nuestro propio territorio, sin posibilidad de desplazamiento hacia nuestras parcelas porque las minaron”. La comunidad fue víctima de varios eventos de riesgo en días pasados: el 28 de agosto hubo enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo; el 2 de septiembre, el ELN advirtió que no debían transitar fuera de la comunidad; y el 3 de septiembre, un cerdo explotó al pisar una mina antipersonal en cercanías de la escuela.

ELN denunció “plan de aniquilamiento” del Gobierno contra el COCE. En un comunicado oficial, la guerrilla manifestó que “el actual Comisionado Ceballos coqueteaba con iniciar un diálogo, que era una propuesta falsa, para ver si les cuadraba el plan para capturar o aniquilar la Delegación a su regreso”. También sostuvo que el plan fue descubierto y los implicados capturados después de coordinar con la inteligencia del Gobierno. Tras la evidencia de la operación fallida, el ELN informó que las personas comprometidas “no pudieron negarlo, terminaron confirmando los propósitos, ampliaron mucho más los detalles, así como los nombres de los mandos que los dirigían”. Por estos motivos, el ELN habría rechazado las exigencias unilaterales y los prerrequisitos del actual Gobierno para reanudar los diálogos.

Defensoría alertó cambios en la dinámica de los actores armados en Bajo Cauca Antioqueño. A través de una alerta temprana, la institución pública indicó que para 2020 ha habido un cambio sustancial con respecto a 2018 y 2019: mientras que en los años anteriores hubo una expansión hacia las zonas de interés económico, a finales de 2019 y durante el 2020 ha existido un interés por atacar las “zonas del enemigo”, dinámica que ha generado masacres y desplazamientos forzados. El documento reconoció que, al iniciar la contingencia nacional por la pandemia, la confrontación se había reducido; sin embargo, con la coyuntura, la disputa ha aumentado entre el Clan del Golfo, Los Caparros, el ELN y las disidencias del el Frente 36 de las las FARC. Entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre, han ocurrido desplazamientos en las veredas de La Esperanza, municipio de Tarazá, y La Amargura, municipio de Cáceres.

Movilización social

Vuelve el Paro Nacional. Tras casi seis meses de confinamiento y aislamiento por el covid-19, organizaciones sociales y diferentes sectores de la sociedad civil convocaron a reactivar el Paro Nacional iniciado a finales de 2019. A través de redes sociales con los hashtag #4SPorLaVida, #ParoNacionalYa, y con el eslogan Agúzate, buscan reactivar las movilizaciones por los recientes hechos de violencia en el país. El 4 de septiembre se presentaron plantones en parques de las principales ciudades; el 7 se septiembre, las centrales obreras se sumaron a las manifestaciones realizando caravanas a través de vehículos, motocicletas, bicicletas y caminatas. Entre las múltiples reivindicaciones y exigencias, rechazan la gestión del presidente Iván Duque, la reforma laboral, el desfinanciamiento a la educación pública y al sector salud en medio de la contingencia nacional.

Agresiones a líderes

Líderes del Chocó denuncian que agresiones están ligadas a uso y ocupación de tierras. Tras el reciente homicidio del líder del Consejo Comunitario de la Larga y Tumaradó (Cocolatu), en Riosucio (Chocó), organizaciones de comunidades afro y líderes sociales denunciaron que las agresiones han sido provocadas por personas ajenas al territorio y grupos armados ilegales que pretenden lograr control social y territorialmente. De acuerdo con Daniel Gutiérrez, del CINEP, Cocolatu lleva más de 20 años reclamando tierras a las que tiene derecho como consejo de comunidades negras conformado en 1999 y beneficiario de titulación colectiva desde 2000. Gutiérrez afirma que la problemática ha girado alrededor de tres aspectos: 1. La connivencia de ocupantes de mala fe, actores armados y funcionarios públicos para agredir a reclamantes de tierra; 2. La presencia y control territorial de grupos como las AGC en el Bajo Atrato; y 3. La estigmatización al proceso de reclamo de tierras por parte de líderes políticos, gremiales, sector privado y otros funcionarios públicos.

Líderes sociales del sur del Tolima reclaman respuestas de la UNP ante escenarios de riesgo. De acuerdo con Jesús Emilio Torres, líder social de la región quien sufrió un atentado en días pasados, numerosos líderes y sus círculos familiares están siendo víctimas de amenazas. A pesar de que se han hecho las respectivas denuncias, afirman que aún no han recibido respuesta por parte de las instituciones competentes.

Un líder social y otro indígena fueron asesinados en Putumayo y Nariño. Los hechos ocurrieron en los municipios de San Miguel (Putumayo) y Tumaco (Nariño). En ambos casos, los líderes fueron abordados por hombres armados que les propinaron varios impactos de bala. Según fuentes de información, el líder indígena, que además era docente en el resguardo de Piguambi Palangala, en el corregimiento de Llorente, había sido víctima de persecución y amenazas.

Disidencias y crimen organizado

Enfrentamiento armado en Policarpa (Nariño) desplazó a cerca de 80 familias. La disidencia del frente 29 de las FARC y las AGC serían los grupos armados ilegales involucrados en el desarrollo del cruce de disparos que provocó el desplazamiento de cerca de 200 habitantes de las veredas La Laguna, Peñas Blancas y Santa Rosa. Un líder de la región aseguró que las víctimas fueron recibidas en la vereda Madrigal, y que hasta el momento no habría civiles heridos. El Ejército afirmó que ya desplazaron tropas al lugar de los hechos.

Defensoría alerta posible consolidación de disputa entre disidencias de las FARC en el Huila. El organismo de control ya había advertido sobre el creciente deterioro de las condiciones de seguridad en la zona rural de este municipio; sin embargo, la Alerta Temprana 043 de 2020 se enfoca en su transformación luego de la incursión de un nuevo grupo aliado con la Segunda Marquetalia, cuya llegada intensificó el escenario de violencia. En Algeciras operarían, al parecer, cuatro estructuras disidentes en riesgo de enfrentarse, ninguna de ellas con predominio, y cuyo accionar incluye extorsiones, amenazas, agresiones y desplazamientos en contra de líderes sociales y desmovilizados de las FARC.

Masacre en Buesaco (Nariño). Los cuerpos de cuatro hombres fueron encontrados en el corregimiento de Santa Fe, en hechos que aún son materia de investigación. Esta masacre se suma a los hechos de violencia que han conmocionado al departamento en el último mes, incluyendo la masacres de Samaniego y otra en zona rural de Tumaco, así como el asesinato de tres líderes indígenas en el municipio de Ricaurte.

Autoridades ecuatorianas identifican grupo armado ilegal en la provincia de Sucumbíos. El Ejército ecuatoriano intervino el área selvática de Lago Agrario (cantón de Ecuador que limita con el Bajo Putumayo), y halló tres campamentos con municiones, material de intendencia, elementos abastecimiento y panfletos, algunos de ellos con las iniciales de un grupo autodenominado Comandos de la Frontera (CDF). Este grupo estaría compuesto por disidentes de las FARC que buscan refugio en Ecuador.

Seis capturados como disidentes de las FARC en el Meta aseguran ser inocentes. El 9 de junio, el Ministerio de Defensa informó haberlos capturado en la vereda El Silencio, acusándolos de desplazamiento forzado y amenazas contra líderes sociales en Meta y Guaviare. La Junta de Acción Comunal rechazó esta operación y afirmó que los capturados son campesinos que viven hace más de 12 años en la región. En los allanamientos a sus casas no se encontraron evidencias de su vinculación con una disidencia de las FARC. También, según sus abogados, a los capturados no les fueron imputados cargos por pertenecer a un grupo armado, pero sí uno por el desplazamiento forzado de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, quien salió de la vereda en 2017 al ser informada sobre la existencia de un plan para asesinarla.

Política de drogas

Alcaldes del Catatumbo reclaman por ausencia de una política clara de sustitución. Hermides Moncada, alcalde de Sardinata y vocero de los mandatarios del Catatumbo, denunció que a pesar del acelerado crecimiento que han tenido los cultivos ilícitos en esa región, el Gobierno aún no ha mostrado una estrategia clara y seria para enfrentar el problema. Según Moncada, se supone que el PNIS iba a priorizar la región realizando unos pilotos, pero el programa terminó llegando a medias y la resiembra ya se reactivó.

Asesinan a integrante del partido Farc que lideraba implementación del PNIS en Bolívar. Jorge Iván Ramos, quien en su momento comandó el frente 37 y ahora hacía parte de la dirección nacional del partido Farc, fue asesinado en la vereda Palmachica, ubicada en el municipio de Santa Rosa. Aunque aún no hay una versión oficial, se cree que el hecho estuvo vinculado al rol de liderazgo que ejercía Ramos la implementación del PNIS en el sur de Bolívar. En una carta publicada la semana pasada, el partido Farc lamentó los hechos y señaló a integrantes del ELN de ser los responsables.

Estudio muestra posibles efectos del glifosato en la salud reproductiva. El Centro de Derechos Reproductivos y la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle presentó una investigación que revela que la exposición al glifosato puede tener impactos negativos en la salud reproductiva de las personas. La investigación consistió en la revisión sistemática de estudios científicos en todo el mundo sobre los efectos del glifosato en la salud, en la que se encontraron 5.720 títulos relevantes. En ellos se encontraron casos humanos y animales en los cuales la exposición a esta sustancia está asociada a problemas en la fertilidad, la frecuencia de abortos espontáneos, nacimientos antes de tiempo, afectación de la duración de la gestación, malformaciones, daños al ADN, déficit de atención o discapacidad intelectual. A raíz de estos resultados, el estudio hace un llamado al Gobierno para “abstenerse de reanudar el programa de aspersiones aéreas con glifosato”, dando primacía al principio de precaución.

Política ambiental

Operación Artemisa recupera 248 hectáreas en el Parque Natural Serranía de la Macarena. Con el objetivo de recuperar áreas amenazadas por la deforestación y los cultivos ilícitos, la Sexta Fase de la Operación Artemisa produjo, además, la captura de siete personas en flagrancia y una por orden judicial, incautándoles armas de fuego, motosierras y guadañas. Múltiples denuncias indican que los campesinos han habitado esa zona por más de 30 años y que las autoridades se excedieron en su trato punitivo.

Contraloría alerta desfinanciación, deficiencia y falta de cobertura de las autoridades ambientales. Según el informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, el sector ambiental ve una disminución presupuestal del 21% de 2018 a 2019. Preocupan las debilidades en la administración, control y monitoreo de los recursos naturales, la escasa planificación de las áreas protegidas y la baja capacidad de las autoridades ambientales de ejercer su potestad sancionatoria.

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