Implementación del Acuerdo

JEP ordena buscar los cuerpos de personas dadas por desaparecidas en la comuna 13. Luego de revisar el material entregado por la Fiscalía General, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ordenó proteger y diseñar un plan de búsqueda en dos lotes de las zonas conocidas como La Escombrera y La Arenera, de la comuna 13 de Medellín. Los lugares están ubicados cerca de una antigua base paramilitar.

Ordenan al Gobierno reglamentar decreto sobre subsidios agrícolas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ministerio de Agricultura que, en un plazo de 10 días, reglamente el Decreto 902 del 2017 que otorga subsidios agrícolas para la compra de tierras y titulación de inversión en proyectos productivos, pactado en el Acuerdo de Paz.

ONU pide avanzar en la implementación de garantías de seguridad pactadas en el Acuerdo. Luego de la masacre de ocho jóvenes en Samaniego (Nariño), la ONU manifestó preocupación por el deterioro de las garantías de seguridad en el país y pidió avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en los mecanismos e instrumentos de prevención, protección y seguridad.

ELN

ELN desmintió su participación en la masacre de nueve jóvenes en Nariño. Tras el homicidio de nueve jóvenes en el municipio de Samaniego, en Nariño, rápidamente circularon versiones que apuntaban al ELN como autor de los hechos. Entre ellas, se destacaron las recientes alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre posibles acciones terroristas del ELN contra la Fuerza Pública y la sociedad civil. No obstante, esta guerrilla emitió un comunicado oficial en el que niegan su responsabilidad y la autoría de audios amenazantes que circulan en el departamento, a la vez que denuncian una supuesta alianza entre la Fuerza Pública y “bandas narco paramilitares como Los Contadores” en la región.

Gobierno continúa operaciones de desminado mientras grupos armados siembran minas. El Presidente Iván Duque y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, declararon 16 nuevos municipios como libres de minas antipersonales, completando un total de 407 municipios sin artefactos explosivos terrestres. Aun así, Duque declaró que “grupos terroristas como el ELN hablan de paz en sus discursos, pero están en los territorios sembrando minas antipersona. Las disidencias de las FARC también, en zonas limítrofes, han regresado a estas prácticas”. Según el mandatario, el reto es llegar a los 715 municipios libres de minas antipersonales.

Diócesis de Ocaña conmemoró asesinato de sacerdotes en 2005. En Ocaña (Norte de Santander), se rindió homenaje a los sacerdotes Vicente Rozo Bayona y Ramón Emilio Mora, víctimas de una masacre el 18 de agosto de 2005 realizada por el Frente de Guerra Nororiental del ELN. La masacre ocurrió en la vía que comunica hacia el municipio de Teorama, en un lugar denominado El Diviso, donde hombres armados abrieron fuego contra personas que se transportaban en un vehículo. Para ese momento, el ELN reconoció su autoría, pidió perdón a los familiares de las víctimas y sostuvo que el evento ocurrió de manera equívoca :“Las muertes fueron producidas por unidades guerrilleras nuestras, por un error de inteligencia y cálculo, pues el vehículo en que se movilizaban los sacerdotes era muy parecido al que utilizaban los paramilitares para hacer este mismo recorrido”.

Movilización social

Movilizaciones para rechazar episodios de violencia en Cali y Samaniego. Luego de la masacre ocurrida en Samaniego (Nariño), desde diferentes puntos del país se realizaron cacerolazos y velatones para rechazar el asesinato de los ocho jóvenes universitarios. A través de actos simbólicos, la población civil protestó en contra de la violencia. Desde el municipio en donde ocurrieron los hechos, el párroco, Anselmo Argoty, propuso mantener la velatón e izar la bandera de la paz. De igual manera, tras la masacre del barrió Llano Verde, en Cali, diversos sectores protestaron en la ciudad rechazando el asesinato de los cinco menores, bajo la proclama: “Que ser joven afro en Colombia no nos cueste la vida”.

Gremios protestan contra las nuevas medidas de confinamiento en Bogotá. Luego del anuncio de la alcaldesa Claudia López sobre la cuarentena estricta en siete localidades de la ciudad, diferentes gremios salieron a las calles. Comerciantes, miembros del sector textil, cadenas de restaurantes, bares, aplicaciones móviles, entre otros, exigen que la alcaldía proponga nuevas alternativas para reactivar la economía de estos sectores.

Agresiones a líderes

Asesinados dos líderes sociales en zona rural de Chocó y Cauca. Se trata de un líder afrodescendiente del municipio de Alto Baudó (Chocó) y de un líder comunitario de Argelia (Cauca). En los dos casos, los líderes fueron abordados por hombres armados, pertenecientes a un grupo armado ilegal no identificado, quienes les propinaron varios impactos de bala. En ambas zonas la Defensoría del Pueblo había emitido Alertas Tempranas sobre el riesgo por la presencia de estructuras armadas ilegales.

Líderes del sur de Córdoba denuncian incremento de agresiones tras la firma del Acuerdo de Paz. De acuerdo con Iván Ojeda, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), aunque los líderes en la región siempre han estado expuestos, las agresiones han sido más evidentes con la vocería alrededor de la implementación y varios de sus retrasos. Según la plataforma La Paz en Terreno, el mayor riesgo está alrededor del fortalecimiento y las disputas entre los diferentes grupos armados que se encuentran en la región, como las AGC, la disidencia del frente 18 de las FARC, y el autodenominado Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA) o Los Caparros.

Disidencias y crimen organizado

Estupor por masacre en Samaniego (Nariño). Ocho jóvenes entre los 17 y los 25 años fueron asesinados en una finca en la vereda Santa Catalina en medio de una celebración en la que participaban alrededor de 50 personas. Cuatro hombres que llegaron en moto dispararon de manera indiscriminada con fusiles y armas de corto alcance contra el grupo. Sobrevivientes señalaron que, antes de la masacre, algunos de los asistentes recibieron mensajes anónimos donde les decían que debían terminar la celebración. En la zona habían estado circulando panfletos a nombre del ELN que advertían contra el consumo de alcohol en fiestas clandestinas y, al parecer, "minutos antes de la masacre, una banda que no se ha identificado advirtió que no se podía estar en fiesta". Si bien los hechos aún son materia de investigación, algunas de las hipótesis preliminares de las autoridades señalan como posibles responsables al ELN, o a alguna de las bandas que allí operan, como 'Los Contadores' o 'Los Atún'. El ELN emitió un comunicado en el que niega toda responsabilidad.

Desplazadas 32 familias en los Montes de María. La Procuraduría General de la Nación alertó sobre el desplazamiento de pobladores de la vereda Caño Negro, ubicada entre los municipios de Zambrano y El Carmen de Bolívar. El desplazamiento se produjo tras el asesinato de un campesino de la comunidad, Eduardo Enrique Medina, quien habría estado involucrado en un proceso de restitución de tierras. Según informó la Alcaldía de El Carmen de Bolívar, las familias ya retornaron acompañadas de la Fuerza Pública, bajo la promesa de la "permanencia de la tropa de Infantería de Marina y Policía las 24 horas en la vereda". Este sería el primer desplazamiento masivo en el municipio de El Carmen en los últimos 15 años.

Dos estudiantes asesinados en Leiva (Nariño) por presuntos integrantes del Clan del Golfo. Si bien los hechos aún son materia de investigación, organizaciones sociales y voceros de la Alcaldía municipal señalaron al Clan del Golfo como posible responsable. Según información proporcionada por El Espectador, durante el último mes en el municipio de Leiva se ha reportado la desaparición de dos jóvenes, y cinco personas han sido asesinadas.

Circula en redes video en el que supuestos hombres de las AGC ejecutan a integrantes de disidencia de las FARC. Según confirmó la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules del Ejército, se trataría de una grabación realizada en la vereda Tortuga, del municipio de Magüí Payán, donde dos hombres que dicen pertenecer a la Columna Móvil Franco Benavides son ejecutados y calcinados luego de ser interrogados por quienes parecen ser integrantes de las AGC. La grabación fue realizada aparentemente en retaliación a un video difundido el 1 de julio, en el que presuntos combatientes de la Franco Benavides exhiben los cuerpos de integrantes de las AGC.

Combates entre disidentes de las FARC en El Patía (Cauca). El frente Carlos Patiño, y presuntamente otra disidencia vinculada a la “Segunda Marquetalia”, sostuvieron enfrentamientos armados en el sector de Villa Nueva. Luego de los hechos, tres personas —dos de ellas menores de edad— fueron asesinadas en el sector de La Mesa. La comunidad denuncia que los grupos armados también les quitaron sus celulares y destruyeron los repetidores de internet para incomunicarlos.

Asesinados tres miembros de la comunidad Awá de Ricaurte (Nariño). En principio se dijo que el hecho, perpetrado en la comunidad Aguacate, al interior del resguardo indígena Awá de Pialapi Pueblo Viejo, habría dejado cerca de 12 personas muertas; sin embargo, la comisión de autoridades indígenas que se desplazó al lugar da cuenta de tres homicidios. A pesar de que las autoridades locales no se lo han atribuido a algún grupo armado, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la influencia del ELN y disidencias de las FARC sobre el municipio en 2019.

Política de drogas

Minas antipersonales ponen en riesgo erradicación forzada en Norte de Santander y Putumayo. En la vereda El Retiro, zona rural del municipio de Tibú, dos integrantes de la Fuerza Tarea Vulcano del Ejército resultaron heridos luego de que una mina antipersonal fuera activada mientras realizaban labores de erradicación forzada de cultivos ilícitos. El general Olveiro Pérez, comandante de esa unidad militar, identificó al ELN como el principal sospechoso de haber instalado el artefacto y señaló que, desde que se inició el proceso de erradicación en esa zona, han sido atacados en 27 oportunidades, dejando cuatro uniformados muertos y seis heridos. En el municipio de Puerto Asís (Putumayo), miembros de la Sexta Brigada del Ejército realizaban un operativo de erradicación forzada de cultivos cuando hallaron que habían sido plantados artefactos explosivos para evitar estas operaciones. El hecho no dejó soldados heridos y las minas antipersonales fueron detonadas de manera controlada.

Comunidades se oponen a reactivar audiencias virtuales sobre reanudación de la aspersión aérea. Luego de conocerse la intención de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de reactivar las audiencias públicas para modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), varias organizaciones de la sociedad civil y comunitarias se han pronunciado para rechazar esa medida. Para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la ANLA desconoce los problemas de conectividad y extrema vulnerabilidad por la pandemia que impiden a las comunidades una participación masiva, real y efectiva para decidir sobre los asuntos que atañen a sus territorios. Mientras que para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, los cambios planteados por la ANLA para garantizar la participación efectiva de las comunidades son muy limitados, lo cual podría considerarse una acción de desacato frente a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

Presentan nueva iniciativa de sustitución de cultivos ilícitos en Nariño. La Gobernación de Nariño presentó el programa “Acuerdos de Raíz”, una nueva iniciativa que busca concertar con las comunidades los proyectos alternativos de sustitución de cultivos de uso ilícito bajo el compromiso de que no se fumigue con glifosato en el municipio de Policarpa. Además, la Gobernación servirá como garante para que, desde el Gobierno Nacional, se cumplan los acuerdos y mandatos legales para la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

Política ambiental

Renuncia director de la ANLA en medio de presión por licencias de mina Quebradona y Santurbán. Rodrigo Suárez lideró la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) por casi dos años antes de renunciar. Hasta 2016, se había desempeñado hasta como director de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, negociando la firma del convenio de cambio climático de París. Su renuncia se da en medio de la definición de las licencias ambientales de la mina Quebradona, en Jericó, que pertenece a la multinacional sudafricana AngloGold Ashant, y el Proyecto de Soto Norte de Minesa, en las inmediaciones del páramo de Santurbán. Suárez presentó su renuncia señalando motivos personales.

Extinguen incendio en Parque Isla de Salamanca después de una semana. Según Parques Nacionales Naturales, en los últimos cuatro años se han registrado 79 incendios en la Isla Salamanca. Este ya es el segundo que se da en un mes, ya que hace tres semanas se extinguieron las llamas después de arder por 15 días. Atender cada incendio cuesta más de $500 millones de pesos y afecta la calidad del aire de Bucaramanga. La gobernación de Magdalena pide diseñar y ejecutar un plan integral de prevención de incendios para evitar que los criminales responsables sigan “ingresando de manera libre, y sin dificultad alguna” al parque, el cual debe cerrar inmediatamente, según el gobernador Carlos Caicedo. Dentro de los responsables se especulan cazadores de tortugas, pescadores y colonos en la zona de amortiguación de la reserva natural, y personas que entran a quemar mangle para producir carbón.

Ejército interviene operaciones de minería ilegal en nueve departamentos. En Quibdó (Chocó), el Ejército Nacional intervino una operación de minería ilegal perteneciente al Clan del Golfo evaluada en más de 96 millones de pesos y que producía 58 millones al mes. En Villagarzón (Putumayo), destruyeron maquinaria que estaría al servicio del grupo armado organizado residual Estructura Primera y capturaron nueve sujetos. En Nariño, la Policía Nacional logró la captura de una persona y la intervención de nueve frentes mineros relacionadas a las finanzas del ELN. Entre Bolívar y Antioquia se destruyeron cuatro dragas ligadas a las finanzas del Clan del Golfo y Los Caparros. Once personas fueron detenidas con material explosivo para minería ilegal en California (Santander). En Tolima, siete personas fueron capturadas realizando explotación ilegal de oro y tala de árboles. En Fresno (Tolima) nueve fueron capturados, y en Usme (Cundinamarca), seis.

Imprimir documento