Cifra de la semana

52% de los homicidios a líderes desde la firma del Acuerdo ocurrieron en los dos primeros años del gobierno Duque. De acuerdo con la Unidad de Investigación de la Fiscalía, de los 349 homicidios de líderes sociales, 167 ocurrieron durante el periodo de Juan Manuel Santos y 182 en lo que lleva el actual gobierno. Desde noviembre de 2016, los departamentos con el mayor número de casos son Cauca (57), Antioquia (48) y Nariño (32). El departamento con menos cifras registra, al menos, cinco casos.

Implementación del Acuerdo

Comisión de la Verdad recibe tres informes de hechos ocurridos durante el conflicto armado. El primero fue entregado por el Centro de Derechos Productivos y presenta una radiografía sobre la violencia reproductiva contra mujeres y niñas. El informe reconoce estas prácticas como sistemáticas, en las que participaron todos los actores del conflicto. El segundo fue entregado por el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, e incluye los relatos de hechos graves cometidos por la guerrilla, como el niño bomba en Arauca o la barbarie de Puerres. Por último, la Fundación Ideas para la Paz entregó el informe “Verdad y afectaciones a la infraestructura petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado”, que recoge ataques a infraestructura petrolera cometidos principalmente por las FARC y el ELN entre 1986 y 2016, dejando más de 4.400 afectaciones.

España financiará proyecto de excombatientes con 500 mil euros. Los recursos serán destinados al desarrollo de estrategias de fortalecimiento de los proyectos cafeteros en el Cauca liderados por personas en proceso de reincorporación. Este proyecto, de 36 meses, beneficiará a 134 personas asociadas a la Cooperativa Ecomún la Esperanza (Cecosespe).

En trámite proyecto que impediría modificar normas del Acuerdo de Paz durante sesiones virtuales. El proyecto, que se encuentra en tercer debate, busca reglamentar la sesiones virtuales o mixtas del Congreso de la República e incluye un artículo que prohíbe que los legisladores modifiquen normas relacionadas con el Acuerdo en medio de sesiones virtuales.

JEP ordena medidas para proteger a excombatientes. La orden fue dictada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP luego de dos audiencias con los excombatientes y la institucionalidad en diferentes regiones del país. Dentro de las medidas, ordenó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que convoque a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep) para que, en máximo 60 días, reglamente y ponga en funcionamiento el programa de protección integral para los integrantes del movimiento político Farc. Además, señaló que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad debe remitir en 60 días los lineamientos y el Plan de Acción de la política pública y criminal para el desmantelamiento de organizaciones o conductas criminales.

ELN

Autoridades investigan toque de queda del ELN en Sur de Bolívar por covid-19. A través de un comunicado, el Frente Guillermo Ariza declaró toque de queda en Santa Rosa del Sur, para mitigar la propagación del covid-19. En el comunicado, difundido el pasado 30 de julio, la guerrilla señaló que la medida tendrá lugar entre el 3 y 17 de agosto. Esta decisión surge, dicen, por el “abandono del Estado para atender la emergencia sanitaria”; además, en este periodo, los integrantes del frente llevarán a cabo un balance de los contagios en la zona de Santa Rosa del Sur en donde exigirán el aislamiento total. La guerrilla anunció que, en caso de alertar la movilización y/o circulación en las carreteras, considerarán “revisar las medidas necesarias para evitar que la emergencia siga creciendo”.

Partido Farc denunció que el ELN secuestró a uno de sus miembros. Desde su cuenta de Twitter, el Partido Farc señaló que “personas que se identificaron como miembros del ELN raptaron a un firmante de la paz en la región del Catatumbo”. El integrante del partido es Omar Andrés Becerra, quien fue abordado en la vereda Pie de Cuesta, municipio de San Calixto (Norte de Santander). El representante a la Cámara Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, indicó que el evento ocurrió en las horas de la madrugada en la residencia del militante del partido donde “se desconocen las causas del hecho y la suerte de la víctima”.

Capturados 17 integrantes del ELN en zona rural de sur de Bolívar. Los guerrilleros fueron capturados por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado, homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Según Fuerza Pública, algunos de los integrantes fueron capturados por el asesinato del docente y líder social Jorge Manuel Ortiz el pasado 17 de junio en el municipio de Barranco de Loba. Los operativos se desarrollaron en los municipios de Norosí, Altos del Rosario y Barranco de Loba, donde el frente José Luis Solando tiene fuerte influencia.

Movilización social

Minga indígena y campesina se reunió con el Gobierno Nacional. Organizaciones indígenas del suroccidente del país y organizaciones campesinas del Cauca se reunieron con funcionarios del Gobierno Nacional. En cumplimiento del decreto 1811 de 2017, el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA le expuso diferentes problemáticas, señalando que no se ha construido la política pública para la población campesina y solicitando la reactivación de la mesa campesina del Cauca. Por su parte, organizaciones como la Asociación de Comunidades Negras del Norte del Cauca (ACONC), Fensuagro Cauca y el Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente Colombiano (PUPSOC), denunciaron factores que afectan su cultura como el conflicto armado, la presencia de monocultivos de caña y la minería.

Más de mil pescadores protestan por tragedia ambiental en el río Cauca causada por Hidroituango. El cierre de las compuertas del río Cauca —el segundo río más importante del país—, causó una disminución del nivel del agua catastrófica, amenazando la seguridad alimenticia de al menos 15 municipios. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca reporta que la pesca en el río ha disminuido en un 50%.

Velatón por matrícula cero. A través de redes sociales, y de manera presencial en la sede principal de la universidad, estudiantes y organizaciones sociales de la Universidad Nacional realizaron la velatón por matrícula cero. Los manifestantes exigieron que el Gobierno no cobre las matrículas estudiantiles para lo que resta del 2020 y el año 2021. Además, solicitaron aumentar el presupuesto de esta institución, que se encuentra en déficit económico.

Agresiones a líderes

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre homicidios de líderes sociales. Durante la evaluación periódica que la CIDH realiza sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, resaltó que, a pesar del esfuerzo del Estado por proteger a los líderes sociales, aún falta reforzar las estrategias de prevención y establecer medidas de protección integrales, culturalmente adecuadas y especializadas, para garantizar el ejercicio del liderazgo. La CIDH también ofreció su asesoría y acompañamiento en la formulación de política pública anunciada en semanas pasadas por el Gobierno Nacional.

Defensoría del Pueblo presentará informe sobre los homicidios de líderes en agosto. De acuerdo con el defensor del pueblo, Carlos Negret, desde 2016 han sido asesinados 645 líderes, 74 de ellos entre enero y abril de 2020. Según esta institución, las principales causas serían la oposición a economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción. Además, la mayoría de los crímenes ocurren en zonas rurales lejanas y bajo la modalidad de sicariato.

Fiscalía ha esclarecido el 57% de los crímenes contra líderes sociales. De acuerdo con el fiscal Francisco Barbosa, de los 393 hechos denunciados ante el ente investigador por crímenes contra líderes sociales, se han esclarecido 224 en lo corrido de 2020. Hasta el 30 de julio, se han logrado 60 sentencias condenatorias.

Disidencias y crimen organizado

Masacre en zona rural de Cúcuta. Los cuerpos de cuatro personas fueron encontrados en la vereda Campo Alegre, en zona rural de Cúcuta. Si bien aún no se ha podido establecer si fueron asesinadas allí, o si sus cuerpos fueron trasladados desde el otro lado de la frontera colombo-venezolana, organizaciones sociales responsabilizaron a Los Caparros. Según defensores de derechos humanos, "estas personas habían sido citadas a Puerto Santander por miembros de este grupo paramilitar." Esta es la tercera masacre perpetrada en zona rural de Cúcuta y Tibú en menos de 20 días.

Fiscalía asegura que capturados por ataque con granada en Soacha hacen parte de una disidencia de las FARC. Funcionarios de la Sijin se dirigían a atender una denuncia por un atentado contra un bus intermunicipal cuando fueron abordados por sujetos en moto. Uno de ellos lanzó una granada al interior del vehículo y su detonación dejó tres informados heridos. Los dos capturados serían integrantes de la disidencia del frente 10 de las FARC, según la versión entregada por el ente acusador. La Fiscalía también le atribuye a esta disidencia extorsiones y ataques contra el transporte público en Bogotá y Cundinamarca.

Tres asesinados en San José de Uré por presuntos integrantes del Clan del Golfo. Dos menores de edad y un hombre de 46 años fueron asesinados en la vía entre San José de Uré y Montelíbano (Córdoba). Esto se suma a los hechos sucedidos la semana pasada, también en San José de Uré, donde tres personas fueron asesinadas generando un desplazamiento masivo al casco urbano del municipio. Según la organización Cordobexia, la disputa territorial entre las AGC y Los Caparros ha generado una dinámica en la que "toda persona desconocida que esté en territorio de influencia directa o de manipulación de un grupo o del otro será asesinada".

Disidentes del frente 33 de las FARC secuestraron a cuatro familiares de un excombatiente. El hecho ocurrió en la vereda Caño Mariela, corregimiento de La Gabarra en Tibú (Norte de Santander), donde fueron secuestrados cuatro sobrinos de Aldemar Arcila, excombatiente de las FARC que días antes fue víctima de un atentado y se trasladó con algunos miembros de su familia a Cúcuta debido a amenazas. Los habitantes de la vereda señalan a disidentes de las FARC como los posibles responsables.

Autoridades investigan la presunta muerte de alias “Barbas”, líder de la Columna Móvil Dagoberto Ramos. Después de la captura de alias “El Indio”, alias “Barbas” habría asumido el liderazgo de esta disidencia de las FARC. Esta semana comenzaron a circular rumores sobre su supuesta muerte, aunque bajo dos hipótesis que por ahora manejan las autoridades: una, que algunos de sus subalternos, en desacuerdo con los tratos que recibían, decidieron asesinarlo; otra, que habría fallecido en un combate con el ELN.

224 menores de edad reclutados han sido recuperados por el Ejército en 2020. Según el grupo armado ilegal de procedencia, 136 han sido recuperados de la delincuencia común; 30 de las AGC; 30 de las disidencias de las FARC; 28 del ELN, y 14 de grupos de delincuencia organizada. La mayoría de estos casos se presentaron en Antioquia.

Política de drogas

Fallecen tres integrantes de la Fuerza Pública y dos civiles en operaciones de erradicación forzada. En la vereda Las Brisas del municipio de Puerto Caicedo (Putumayo), un policía y dos erradicadores murieron a causa de la activación de un artefacto explosivo cuando se encontraban adelantando labores de erradicación manual en la zona. Junto a ellos, otros dos uniformados y un campesino resultaron gravemente heridos por la detonación. Por otra parte, en la vereda la Libertad del municipio de El Carmen (Norte de Santander), dos integrantes de la Fuerza de Tarea Vulcano fueron asesinados por un francotirador del ELN mientras realizaban trabajos de erradicación forzada.

Nuevos enfrentamientos por operaciones de erradicación forzada en el Cauca. En la vereda El Turco del corregimiento de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao, se vienen presentando choques entre la Fuerza Pública y habitante de la zona que se oponen a la erradicación forzada de cultivos ilícitos y reclaman la aplicación del Punto 4 de los Acuerdos de Paz. Los hechos ocurrieron luego de que el Gobierno Nacional diera la orden al Ejército de realizar operativos de erradicación forzada y así cumplir con la meta de 3.260 hectáreas erradicadas que se estableció para todo el Cauca. El representante del Valle del Cauca, Christian Garcés, ha denunciado que las asonadas y protestas que se vienen presentando en Santander de Quilichao están siendo financiadas por organizaciones armadas, entre ellas la columna Dagoberto Ramos, disidencia del frente 6 de las FARC.

El Gobierno comenzó la implementación de los PISDA. La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación presentó el Plan Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), uno de los componentes del punto 4 del Acuerdo de Paz que aún no había arrancado. Los PISDA se centran en un proceso de articulación entre las autoridades locales y la comunidad, especialmente con las asambleas comunitarias, para determinar la inversión de 621 millones de pesos en 33 unidades Básicas de Planeación. Inicialmente, los PISDA se implementarán en siete municipios: Cumaribo (Vichada), Barrancominas (Guainía), Rosas y Piamonte (Cauca), Dagua y El Dovio (Valle del Cauca) e Ipiales (Nariño).

Ministerio de Defensa solicita consultas previas para erradicación de cultivos en Nariño. Carlos Holmes Trujillo, ministro de defensa, solicitó al Consejo Nacional de Estupefacientes adelantar, a través del Ministerio del Interior, consultas previas en nueve resguardos de Nariño para realizar labores de erradicación de cultivos ilícitos. Los resguardos priorizados para la consulta son: Inda Zabaleta; Gran Rosario; La Turbia; La Floresta, Santa Rosa y San Francisco; El Cedro, Las Peñas, La Brava, Pilví y La Pintada; El Sande; El Gran Sabalo; Cuayquer Del Alto Albi y Saunde Guiguay.

ONU publicó Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia (2019). Luego de haber presentado en junio el resumen ejecutivo con las principales cifras, UNODC publicó de manera oficial el informe completo de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia en 2019. Además de destacar la reducción del 9% de los cultivos de coca en todo el país, el informe contiene información que hasta la fecha no se había presentado sobre 2019, como, por ejemplo, las brechas de desarrollo entre municipios con y sin coca; los cultivos en áreas de manejo especial e interés estratégico, y los costos de producción de hoja de coca y su transformación.

Campesinos denuncian presiones de grupos armados para evitar erradicación de cultivos. Varios campesinos del Meta y Guaviare han señalado ser víctimas de presiones y amenazas por parte de integrantes de las disidencias de las FARC, por no oponerse a las labores de erradicación forzada realizadas por el Ejército. Uno de los denunciantes señala que hombres armados les han exigido que salgan a Villavicencio en una movilización para protestar contra estas operaciones. En otros casos, señala otro testimonio, los han amenazado con reclutar a sus hijos o con atentar contra su familia si no cumplen las exigencias.

Política ambiental

Colombia es el país con más asesinatos de ambientalistas en el mundo. La ONG británica Global Witness documentó 212 asesinatos a líderes ambientalistas, 64 de ellos en Colombia, que se lleva el primer lugar con el 30%. El 2019 ha sido el año más violento registrado por la ONG, que empezó su investigación en 2012. En Colombia, los asesinatos se incrementaron en un 150% respecto al 2018. La mitad fueron contra líderes y ambientalistas indígenas, y un 39% ocurrieron en el Cauca. Además, la oposición a la minería fue el sector más peligroso, seguido por la agroindustria y la deforestación. Para explicar la catastrófica alza en Colombia, el informe se remite a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que resalta la lenta implementación del acuerdo de paz en materia de reforma rural y en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Colombia no cumplirá metas internacionales de áreas protegidas. Como parte del Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica 2011-2020, con 195 países firmantes más la Unión Europea, Colombia se dispuso a incrementar las áreas protegidas a un 17% de la superficie terrestre bien conectada y con una adecuada representatividad de la variabilidad ecológica del planeta. Según un estudio del Instituto Humboldt, aunque el país ya tiene el 17% cubierto en áreas protegidas, solo el 5.4% están conectadas. Al incluir la variable de huella humana, estas descienden a 4.2%. Ninguno de los países de la ecorregión Andina-tropical cumplirá la meta.

Municipios PDET recibirán 104.777 millones para 69 proyectos de conservación. Estos proyectos beneficiarán a 11.579 familias campesinas, indígenas, afros, y mujeres rurales en 72 municipios PDET. El 20% de la inversión financiará pagos por servicios ambientales y la restauración de 5.222 hectáreas de bosques degradados en zonas ambientalmente estratégicas. El restante 80% financiará proyectos de producción sostenible de café, cacao, caucho, leche, carne, piangua, pescado, miel, plátano, frutales, hortalizas y la promoción de actividades forestales legales, turismo naturaleza y la cría de mariposas.

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