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En este análisis, la FIP identifica vacíos regulatorios y falencias en los mecanismos y estrategias de control sobre el mercado legal de armas de fuego en Colombia, que terminan por convertirse en oportunidades para el mercado ilegal y facilitan el acceso irregular a este tipo de armamento para cometer delitos.

La FIP ha venido insistiendo en que las políticas de seguridad nacionales y locales se han concentrado en un solo segmento de la cadena del mercado de armas de fuego —el consumidor final—, particularmente en los presuntos delincuentes y bandas criminales, dejando de lado el control efectivo sobre su comercialización local e internacional y sobre el manejo que le dan otro tipo de consumidores, como el sector de la vigilancia privada y el ciudadano del común, que cuentan con permisos de porte y tenencia.

La visión de la cadena completa —desde el mercado, pasando por la oferta, comercialización local, internacional y los distintos tipos de consumidores— es un ejercicio pendiente.

El control de las armas de fuego es clave en la discusión sobre seguridad y convivencia, pues las armas no solo sirven para cometer homicidios, sino que tienen un efecto multidimensional, como la intimidación y la amenaza. Preocupa que el país continúa registrando altos índices de violencia letal y no letal asociados a su uso[1], así como un incremento significativo en el mercado ilegal.

De acuerdo con el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre crimen y violencia, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más violenta del planeta. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos 20 años, durante los cuales ha concentrado entre el 29% y el 39% de los homicidios registrados en el mundo. El 75% de los casos estuvieron relacionados con armas de fuego, una cifra superior al promedio mundial, que es del 50%[2].

Colombia ha sido un contribuyente relevante de esta tendencia regional. Durante los últimos 23 años se ha mantenido como uno de los países con mayores registros de homicidios en la región[3]. De acuerdo con las cifras disponibles, entre el 70% y el 80% de ellos se han realizado con armas de fuego[4]. En 2019 estas armas fueron utilizadas en más del 70% de los homicidios registrados en el país y entre el 10% y 20% de otros delitos como amenazas y el hurto en sus diferentes modalidades.

Para este informe, la FIP solicitó al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares, cifras sobre el número de armas en manos de civiles, motivación y características de los permisos de porte y tenencia. Sin embargo, al momento de la publicación, no había recibido respuesta de la entidad.

¿Cuántas hay?

Desde 1994, la cantidad de armas ilegales ha venido creciendo significativamente. Por otro lado, la cantidad de armas en manos de los colombianos —legales e ilegales— es prácticamente igual que hace 24 años: 9.497 armas por cada 100 mil habitantes en 1994 versus 10.091 en 2017 (ver gráfico).

En otras palabras, seguimos siendo una sociedad con un amplio acceso al mercado de armas que no ha tenido incentivos para no acceder a ellas.

Lo que ha cambiado desde 1994 es la composición del mercado, que ahora es mayoritariamente ilegal y se debe actuar sobre él. Pero, también es cierto que el uso de armas de fuego no es exclusivo de los grupos ilegales, ni tampoco de actividades ilícitas, y que el país está compuesto por una sociedad que compra, porta y, sobre todo, usa armas de fuego sin necesidad de pertenecer a una organización ilegal, incrementando los riesgos de violencia letal en cualquier lugar y momento[5].

No solo homicidios

Colombia tiene una de las tasas más altas de homicidios con armas de fuego en la región (18 por cada 100 mil habitantes en 2019), con cifras superiores a Estados Unidos (4,5 para 2017) y México (16,5 para 2017)[6]. Pero, su uso en el país no solo se limita a una conducta violenta con dolo. Por ejemplo, la participación de estas armas en la muerte de civiles por otras causas (como el suicidio) es bastante alta.

Así lo evidencia un estudio publicado por el Journal of the American Medical Association (JAMA), que señala que Colombia ocupa el quinto lugar a nivel mundial en muertes por armas de fuego[7]. El Instituto Nacional de Salud —que participó en la elaboración de ese documento— expuso que uno de los factores asociados a las altas cifras es la disponibilidad de armas que hay en el país hacia el público[8].

Aunque la participación de las armas fuego en los hurtos no es tan elevada como en el caso de los homicidios (en promedio, el 20% de los hurtos a personas entre 2010 y 2018 se cometieron con armas), la cantidad de casos ha venido en aumento. Mientras que en 2010 se registraron 14.593 hurtos empleando armas de fuego, el 2019 cerró con 45.042 casos (15% del total de registros a nivel nacional).

Hay diferencias importantes en el uso de armas de fuego con el fin de cometer delitos y en la incautación que se hace en zonas urbanas frente a la de las zonas rurales. En las capitales los homicidios han disminuido y con ellos el uso de estas armas. En el caso de las zonas rurales, se observa un comportamiento contrario: la participación de las armas de fuego en los homicidios se ha incrementado, especialmente desde 2015. Al igual que en las áreas urbanas, las incautaciones en zonas rurales han disminuido significativamente desde 2014, lo que va en contravía del aumento del uso de armas de fuego para el homicidio.

Empresas de vigilancia privada

Del total de las empresas de vigilancia privada que existen en Colombia, más del 70% utilizan armas de fuego para prestar sus servicios.

En los últimos años, la FIP ha insistido en que la normativa que rige a estas empresas es obsoleta, dispersa y no responde al aumento en el número de empresas de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada —se pasó de 548 en 2006 a 854 en 2017[9]—, ni a los avances en tecnología y procedimientos en el sector.

Se suma que un estudio de la FIP en 2016, realizado con el apoyo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) y la Cámara de Comercio de Bogotá, para analizar la caracterización del armamento y personal de 876 empresas de vigilancia privada que se encontraban legalmente autorizadas por la entidad[10], encontró que la información estaba desactualizada: no se sabía cuántas armas estaban activas o inactivas, ni tampoco el destino de las armas autorizadas a las empresas de seguridad y vigilancia privada.

La FIP también encontró que entre 2012 y 2016, solo el 1% de los registros de armas y personal fue actualizado en los sistemas de información de la SVSP. Es probable que estos problemas obedecieran a dificultades y errores en el registro o recolección de información, y que pudieran corregirse constando las fuentes no sistematizadas con las que cuenta la SVSP. Esto significaría que hay un problema en el registro de las cifras y no en el control efectivo que realiza la entidad.

Sin embargo, la existencia de este problemas soporta las tesis de algunos expertos, quienes consideran que en Colombia este modelo centralizado de control del sector de seguridad no es óptimo, pues concentra en un solo organismo —que no tiene capacidad técnica ni presupuestal— la tarea de ejercer, simultáneamente, de sancionador y supervisor[11]. Por ello, en el país se necesita garantizar que los mecanismos de control sobre el mercado legal de armas ejerzan sus funciones con completa eficiencia; así se evitaría que se utilicen armas legales para cometer delitos.

La FIP recomienda desincentivar el uso de armas de fuego para ejercer la seguridad privada y comenzar a migrar a otro tipo de tecnologías que no las incluya; eso, además de sacar armas del mercado, puede resultar incluso más eficiente y seguro para los empleados de este sector[12]. La FIP también insiste en que la normativa sobre el sector de la seguridad privada debe estar menos fragmentada y actualizarse en su totalidad a las nuevas condiciones del mercado.

Control del comercio local

La incautación de armas de fuego no ha ayudado a regular el mercado y reducir su incidencia en la violencia letal y no letal. Aunque la Policía en cada ciudad actúa de acuerdo con el mandato local y los alcaldes y gobernadores determinan cuáles son las prioridades en temas de seguridad, los altos índices delictivos cometidos con armas de fuego son un fenómeno nacional que, como demuestran las cifras del siguiente gráfico, no se está tratando con una política coordinada ni con una estrategia interinstitucional.

Por ello, la FIP recomienda que la actividad operativa incluya estrategias de focalización en los lugares y corredores que conectan los municipios con las tasas más altas de delitos con armas de fuego. Este tema no solo debería ser una prioridad a nivel local, sino acompañarla de una regulación nacional que integre todas las acciones necesarias para un adecuado y efectivo control de las armas y municiones, y que una las iniciativas locales, regionales y nacionales.

Control sobre comercio internacional

Indumil (Industria Militar Colombiana) es la única entidad autorizada para producir y comercializar armas de fuego y sus municiones en el país. Sin embargo, al analizar el proceso de importación de armas, la FIP encontró que existe un tipo que, si bien no se cataloga como arma de fuego bajo la legislación actual, tiene características bastante similares. Son las armas de fogueo y de aire, consideradas como no letales.

Las armas de fogueo no necesitan permiso especial de comercialización, venta o porte por parte de ninguna entidad especial o adscrita al Ministerio de Defensa. Son inservibles cuando se les pone munición convencional y suelen producirse, por lo general, con materiales menos resistentes, sin recámaras ni cañones apropiados. Funcionan con mecanismos diferentes a las armas de fuego, pero simulan sus movimientos y generan los mismos efectos visuales y sonoros[14].

Vale la pena resaltar que, si bien estas armas no se producen para munición convencional, hay algunas que fueron originalmente de fogueo pero que las han transformado para que puedan disparar este tipo de munición, así como otras cuyas partes pueden utilizarse para construir armas hechizas[15].

Lo llamativo es que según datos del sistema comercial de inteligencia LEGISCOMEX, en los últimos años se ha venido incrementado significativamente el número de armas no letales (fogueo y de aire) importadas desde el extranjero: se pasó de importar 8.585 unidades en 2010 a 193.107 en 2019. Se suma que, desde 2014, estas armas representan más del 80% de la participación en las importaciones de armas.

La información disponible no permite saber si partes de estas armas se estarían utilizando para elaborar las ‘hechizas’, pero tampoco es posible descartarlo (de las 85.982 piezas incautadas en el país entre 2014 y 2016, 43% —37.210— eran hechizas)[16]. Por otro lado, la falta de explicación sobre el incremento de más del doble en la demanda en apenas cuatro años (entre 2014 y 2018, pues si se analiza desde 2010 el crecimiento es superior al 1.000%), sugiere un riesgo de contrabando técnico que las entidades competentes deberían estudiar.

El vacío regulatorio en el comercio de armas de fogueo y de aire se convierte en una oportunidad para el contrabando técnico y la elaboración de armas hechizas, las cuales se utilizan para cometer delitos como hurto, amenaza, extorsión e incluso homicidios. Los actores ilegales sopesan los costos y beneficios de su accionar, por lo que la existencia de oportunidades para traer armas por medios legales que pueden incluso implicar menos costos y riesgos, resulta una opción atractiva frente a las extenuantes tareas y costos que implica el mercado ilegal.

De ahí que sea necesario regular el comercio y venta de armas no letales, como las de aire y fogueo. Esto incluye procedimientos y permisos especiales para su comercialización internacional y local, así como su uso.

Tres recomendaciones clave

1. Hoy, la discusión sobre el uso de armas de fuego se centra en el derecho a la defensa personal y en la ineficiencia del sistema investigativo y judicial para actuar frente a quienes ejercen violencia en el país. Sin embargo, con este informe, la FIP llama a reconocer que el comercio de armas y su uso se enmarca en una lógica que no se distancia del funcionamiento de cualquier actividad económica, compuesta por un mercado que fluctúa, con oferentes, demandantes y procesos de comercialización local e internacional. En esa medida, urge revisar la regulación y los mecanismos de control.

Cuando no hay claridad en lo uno y lo otro, se abre la ventana a que el mercado legal alimente el mercado y uso ilegal. Es el caso de la prohibición general de porte de armas, pero la poca restricción para los permisos de tenencia. Todo esto ocurre en un contexto en el que los organismos de control no tienen la capacidad de vigilar y verificar su uso. No se garantiza, por ejemplo, que aquellos que tienen permiso de tenencia no presten su arma o no la porten para cometer delitos que no se denuncian. Para mejorar los mecanismos de control, la FIP propone rastreos en tiempo real, visitas y tener información constante y actualizada, entre otros.

2. La FIP también es consciente de que caracterizar y estudiar el mercado ilegal es un reto que sólo la inteligencia policial puede atender. En todo caso, plantea la posibilidad de que el resto de autoridades ayuden a disminuir el riesgo de que el mercado legal alimente el ilegal. Para lograrlo, es necesario contar con información completa, actualizada y pública, que permita a diferentes actores intervenir de manera informada, proponer iniciativas y hacer seguimiento al mercado legal. También hay que incluir componentes de una cultura de desarme que ayude a disminuir el incremento de la violencia por porte y uso de este tipo de armas en cualquier circunstancia (conflictos, desacuerdos, peleas, etc.). Así mismo, debe mejorarse la asimetría en la capacidad de gestión para el control de armas entre la Fuerza Pública y otras autoridades que tienen injerencia en el tema, como la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

3. Es importante abrir la discusión sobre la concentración de todos los aspectos comerciales y regulatorios que involucran el mercado legal de armas de fuego, en una sola entidad: las Fuerzas Militares (producción, comercialización internacional, compra y venta nacional, vigilancia y control, además de toda la información). La FIP propone reevaluar hasta dónde, esta concentración en un solo actor, es útil para ejercer un control efectivo en la comercialización y uso de armas de fuego en el país.

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[1] Un estudio del Journal of the American Medical Association (JAMA) señala que Colombia ocupa el quinto lugar a nivel mundial en muertes por armas de fuego.

[2] Alvarado, N. & Muggah, R. (2018). “Crimen y Violencia: un obstáculo para el desarrollo de las ciudades en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.

[3] https://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC....

[4] Datos Policía Nacional – DIJIN.

[5] El estimativo de número de armas de fuego en manos de civiles x 100 mil habitantes en Colombia (10) es menor a países como Canadá (35) y EE. UU (121) que tienen tasas de homicidios con armas de fuego inferiores a las de Colombia. Fuente: Small Arms Survey y Banco Mundial.

[6] https://www.gunpolicy.org/es/firearms/region/mexi...

[7] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle...

[8] https://www.eltiempo.com/salud/muertes-por-armas-...

[9] Estado del sector de vigilancia y seguridad privada (2017) SVSP. https://www.agencialogistica.gov.co/sites/default...

[10] Este fue un producto del Observatorio de Seguridad Privada y Vigilancia Privada de la FIP: Debates en profundidad, basados en evidencia, el cual no fue publicado para el público general.

[11] Ingrid Estíbaliz (2017). Definición de la naturaleza jurídica de la seguridad privada para la configuración de su modelo normativo: El caso colombiano en relación con el caso español. En Fedesarrollo (2018). El sector de la seguridad y vigilancia privada: evolución reciente y principales retos laborales, regulatorios y de supervisión. P.59

[12] Entre enero de 2015 y agosto de 2016, Medicina Legal reportó 215 vigilantes asesinados. La tasa de homicidios para ese año fue de 43 por cada 100 mil vigilantes, superando la tasa de la Fuerza Pública en 2,5 veces y en más del doble a la tasa nacional (24 en 2015). Aunque no se puede inferir que estos asesinatos sean por la actividad de vigilante, si son una alarma para el sector.

[13] Hurto a personas, a comercios, a entidades financieras, a vehículos (carros y motos), a residencias y lesiones personales.

[14] http://www.seguridadnoletal.com/armas-de-fogueo.h...

[15] Armas producidas de manera artesanal en talleres clandestinos.

[16] https://ojo-publico.com/1859/colombia-biografia-d...

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