Cifra de la semana

La deforestación en Colombia se redujo un 19% del 2018 al 2019. El reporte de deforestación que presentan cada año el Ideam y el Ministerio de Ambiente, muestra que la cifra pasó de 197.159 hectáreas en 2018, a 158.894 en 2019. La región de la Amazonía sigue siendo la más afectada, pues perdió 98.256 hectáreas en el sur del Meta, Guaviare y Caquetá. En la región Caribe incrementó la tala y quema de 11.367 hectáreas en 2018, a 12.791 el año pasado. El Chocó registró el mayor aumento en la deforestación, con cerca de 6.000 hectáreas arrasadas para la extracción ilegal de minerales. El Catatumbo también incrementó su deforestación, pasando de 7.362 a 9.910 hectáreas por causa de la expansión de cultivos ilícitos. En Parques Nacionales Naturales, la deforestación disminuyó de 21.046 hectáreas a 12.376 hectáreas.

Implementación del Acuerdo

Partido Farc y director de la UNP se reunieron para fortalecer la protección de los excombatientes. Durante el encuentro se discutieron detalles de los programas de seguridad de los excombatientes y miembros del partido. Alfonso Campo, director de la Unidad Nacional de Protección, señaló que presentaron una hoja de ruta para dar cumplimiento a las instancias acordadas en el Acuerdo de Paz, que tienen como propósito garantizar la seguridad de los excombatientes.

Los mecanismos de la Justicia Transicional presentarán a la Unión Europea los avances de la implementación. La JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, anunciaron encuentros virtuales con representantes de la Unión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior para dar a conocer los avances y retos de la implementación del Acuerdo y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Excombatientes de las FARC denuncian ante la JEP torturas durante el conflicto armado. El informe “Violencia contrainsurgente” fue entregado por la Corporación Solidaridad Jurídica a la JEP y relata los testimonios de 17 víctimas de violaciones a los derechos humanos atribuidos a agentes del Estado. El informe destaca dos patrones de macrocriminalidad en estas acciones: por un lado, neutralizar o derrotar al adversario en materia de estrategia militar, y por el otro, castigar o tomar represalias por el hecho de ser su adversario.

Congresistas de EE.UU piden al gobierno Duque cumplir el Acuerdo de Paz y proteger a los líderes sociales. A través de una carta enviada al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, 94 congresistas sugirieron aspectos como mejorar el proceso de investigación y los resultados en los casos de agresiones; desarrollar una hoja de ruta de protección que incorpore los retos derivados de la pandemia; financiar y aplicar medidas de protección colectiva con enfoque diferencial y acordadas con las comunidades; convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para continuar con el desmantelamiento de los grupos armados ilegales sucesores del paramilitarismo, e implementar decididamente el Acuerdo de Paz.

ELN

El Gobierno mantiene sus exigencias frente a propuesta de cese bilateral del ELN. A través de un comunicado oficial, el Comando Central (COCE) del ELN propuso al presidente Iván Duque pactar un cese al fuego bilateral por 90 días. El comunicado indicó que la delegación de diálogos del ELN que se encuentra en La Habana está facultada para tramitar los detalles operativos. Los alcaldes de la región del Catatumbo y la Iglesia Católica celebraron el anuncio y apoyaron el llamado de la guerrilla. A través de su cuenta Twitter, el Presidente Duque rechazó la propuesta citando que “nuestro gobierno nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio. El ELN es un grupo terrorista que ha flagelado con barbarie el país por décadas. Colombia les exige que liberen los secuestrados y pongan fin a sus actos criminales”. El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, recordó que desde el inicio del mandato Duque han estado definidas las condiciones para una posible negociación de paz y que “un anuncio de un cese bilateral es absolutamente incompleto si no tienen el anuncio de un cese de las acciones criminales”.

CERAC reportó que el ELN incrementó acciones en el primer semestre de 2020. El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), registró que, en este periodo, las acciones ofensivas aumentaron 22% y los combates un 23% respecto al 2019. Según esta organización, el incremento correspondió al paro armado que decretó la guerrilla en febrero de este año, donde “aumentó sustancialmente la actividad violenta” con un total de 28 acciones ofensivas y 7 combates. Sin embargo, al excluir los eventos que ocurrieron en el paro armado, las acciones ofensivas se redujeron en un 25% y los combates en un 4%. Por otro lado, CERAC informó que, en el periodo de estudio, hubo una reducción del 35% en el número de muertes; es decir, mientras en el primer semestre de 2019 murieron 49 personas, en 2020 murieron 32 personas.

Movilización social

Tras 16 días de caminata, llegó la Marcha por la Dignidad a Bogotá. Desde el 25 de junio, líderes indígenas, afro, campesinos y excombatientes de las FARC partieron desde Popayán hacia Bogotá para denunciar la situación actual del Cauca, donde han sido asesinados 57 líderes y defensores de derechos humanos y 37 excombatientes que se acogieron al Acuerdo de Paz. Los manifestantes caminaron más de 600 kilómetros, en los que se fueron sumando organizaciones sociales de diferentes municipios. En el recorrido, denunciaron hostigamientos de la Fuerza Pública y exigieron garantías para la movilización. Katherine Tencue, integrante del CRIC, denunció que policías vestidos de civil infiltraron la marcha, lo que generó un mayor riesgo para los participantes.

Plantón en contra de la violencia sexual en Bucaramanga. Colectivos feministas realizaron un plantón frente a la Quinta Brigada del Batallón denunciando los casos de violencia sexual que han ocurrido en las diferentes instituciones de la Fuerza Pública. A la movilización asistieron más de 200 personas que rechazaron los casos de violencia sexual ejercidos por integrantes del ejército, así como la doctrina de las fuerzas militares. Integrantes del ESMAD disolvieron la manifestación lanzando gases y aturdidoras contra las manifestantes, lo que dejó varias heridas.

Tras protestas en Cali y Medellín, universidades públicas buscan alternativas para los estudiantes. Estudiantes de la Universidad del Valle y de Antioquia realizaron diferentes movilizaciones como bloqueos, marchas y huelgas de hambre, y formaron campamentos en defensa de la educación pública. Tras el anuncio de varias universidades señalando que estratos 1 y 2 tendrán matrícula gratuita, los estudiantes exigen que los estratos 3 y 4 se adhieran a la medida.

Agresiones a líderes

Gobierno anuncia lanzamiento de documento CONPES para protección de líderes sociales. De acuerdo con la consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, en los próximos días se lanzará el documento de política pública que tiene una estrategia con un pilar de prevención y protección, liderado por el Ministerio del Interior, y cuyos principales aliados son gobernadores, alcaldes, entes de control y organizaciones sociales; y otro pilar de seguridad a cargo del Ministerio de Defensa.

Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó agresiones a líderes sociales del Huila. A través de un comunicado, la OACNUDH señaló su preocupación por los recientes casos de homicidios y amenazas a líderes sociales en el municipio de Algeciras, y los desplazamientos forzados de familias de la zona rural a causa de esta situación.

Líderes sociales del Pacífico enviarán la primera propuesta de protección colectiva al Ministerio del Interior. Esta propuesta está enfocada en fortalecer espacios que ya existen, como las Mesas Departamentales de Garantías; acoger las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo; mejorar el proceso de solicitud y asignación de los esquemas de protección de la UNP, y promover la articulación con instituciones como la Fiscalía, para avanzar en la investigación de los casos de agresiones.

Asesinados dos líderes de comunidades étnicas. Los casos responden a un líder indígena del municipio de Tumaco (Nariño) y una líder del Consejo Comunitario Afrorenacer de El Tambo (Cauca). En los dos hechos, se señalan a grupos armados ilegales como los presuntos responsables.

Disidencias y crimen organizado

Gobierno define la ruta para el sometimiento a la justicia de integrantes de los GAO a través del decreto 965. El proceso de sometimiento individual busca incentivar el tránsito a la legalidad de integrantes de las disidencias de las FARC, las AGC, Los Pelusos y Los Caparros, ofreciendo beneficios jurídicos y socioeconómicos, pero excluyendo la posibilidad de entablar acercamientos de paz. Según el decreto, el proceso tendrá tres etapas, la última de las cuales consistirá en el acompañamiento de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) por un periodo de hasta seis años, "durante el cual habrá una inserción económica y laboral, apoyo para educación y una suma de 480.000 pesos, que puede llegar a los 8 millones si quieren emprender un proyecto de vida". La medida no cobija a integrantes del ELN, pues estos todavía pueden desmovilizarse de manera individual a través del decreto 128 del 2003, compilado en el decreto 1081 del 2015.

Masacre en zona rural de Cúcuta. Tres hombres y una mujer fueron asesinados por presuntos integrantes de Los Rastrojos cuando se dirigían de Cúcuta a Tibú. Según información de la Fundación Progresar, las personas fueron asesinadas en una trocha, en el sector La Invasión, luego de que un puesto de control comunitario para prevenir de la propagación del covid-19 les impidiera el paso.

Disidentes de los frentes 1 y 48 señalados de provocar deforestación en Putumayo. Luego de las denuncias hechas por las autoridades sobre el deterioro al medioambiente provocado por disidencias de las FARC en el Meta, el Ejército asegura que en el Parque Nacional Natural La Paya ocurre una situación similar, en el que ambas disidencias están involucradas.

Soldado muere en operativo contra disidencia del frente 36 de las FARC. El uniformado falleció luego de un combate en la vereda El Peñol de San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Por otro lado, el Ejército capturó a alias “Diamante”, tercero al mando de este grupo armado, en Samaná (Caldas), a donde fue presuntamente enviado para controlar la venta de estupefacientes.

Política de drogas

Reportes de erradicación forzada de cultivos ilícitos estarían siendo alterados por la Fuerza Pública. Un reportaje de la revista Semana denuncia que, desde hace al menos 10 años, la Policía Nacional y el Ejército vienen alterando las cifras de erradicación forzada para cumplir con las metas anuales impuestas por el Ministerio de Defensa. Según ocho fuentes expertas consultadas por la revista, las estadísticas reportadas son exageradas y estarían siendo infladas hasta en un 30%, alterando información sobre las coordenadas, el tamaño de los cultivos y las fotos de los sembradíos. Luego de esta denuncia, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado donde dio a conocer que no ha recibido informaciones de reportes falsos o “inflados” de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas por la Fuerza Pública, pero sí ha solicitado adelantar investigaciones internas para verificar si existen casos en los que se hayan presentado alteraciones a las cifras.

Avanza nueva propuesta de sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo. Silvano Serrano, gobernador de Norte de Santander, anunció que la Gobernación se encuentra trabajando de manera conjunta con el Gobierno en la construcción de una propuesta de sustitución de cultivos voluntarios diseñada para el municipio de Sardinata. Las autoridades buscan que sea un plan de sustitución “a la medida” y que vincule a la mayor cantidad de cultivadores posibles, por lo que el siguiente paso es comenzar a realizar un censo con el fin de corroborar las personas que deseen acogerse al programa.

Pandemia habría disminuido la producción de cocaína en Norte de Santander. Fuentes de inteligencia de la Policía Antinarcóticos aseguraron que, como resultado de la pandemia del covid-19 y las medidas tomadas para enfrentarla, los dueños de los laboratorios en el Catatumbo tuvieron que reducir en 60% la producción de clorhidrato de cocaína. Según las fuentes consultadas, esta caída en la producción estaría vinculada a la decisión del ELN de cerrar varios centros poblados de la región, lo que ha dificultado la entrada y salida de precursores químicos para la fabricación del alcaloide.

Política ambiental

Disidencias pagan cinco millones de pesos por hectárea deforestada en el Meta. El gobernador, Juan Guillermo Zuluaga, denunció que la disidencia de las FARC de Gentil Duarte impuso su ley para que las 5.000 familias que habitan en los tres parques (Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos) tumben montaña para sembrar, como mínimo, dos hectáreas de coca. "Por cada hectárea de bosque tumbada y quemada, las mafias pagan hasta cinco millones de pesos”, reveló Zuluaga. Meta, el segundo departamento más deforestado, perdió más de 22.000 hectáreas de bosque en los primeros seis meses de este año. “Al ritmo que vamos, el Parque Tinigua podría estar desapareciendo en menos de 20 años…”, manifestó Andrés Felipe García, director general de Cormacarena. El Frente Primero de las disidencias de las FARC, al mando de alias Iván Mordisco, arrasó con cientos de hectáreas de bosque para luego sembrar cultivos ilícitos en el Parque Nacional La Paya, en Putumayo.

Disidencias y Clan del Golfo no cesan la minería ilegal en el río Caquetá. En un operativo, desarrollado dentro de la Operación Artemisa, fueron incautadas cuatro dragas, varios motores, motobombas, tubos, mangueras y químicos pertenecientes a la disidencia ‘Carolina Ramírez‘ de las FARC en Curillo, Caquetá.

El nuevo Ministro de Minas y Energía priorizará proyectos mineros a gran escala. El nuevo ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, le dará más énfasis a las tareas extractivas —como proyectos mineros de oro y cobre a gran escala—, y a las de producción de crudo y gas en el territorio nacional. También se puso la meta de formalizar a 27.000 de los 110.000 mineros de subsistencia. Reflexiona que, por cuenta de la pandemia, la consulta previa debe realizarse de manera semipresencial.

Procuraduría pide ratificar el Acuerdo Regional de Escazú para proteger a las comunidades, líderes ambientales y los ecosistemas. Entre el primero de enero y el 30 de junio de 2020, en Colombia fueron reportados 47 homicidios de líderes ambientales, lo que ubica a nuestro país “como uno de los territorios más peligrosos para conservar el ambiente”. Ante esta crisis, el Procurador Fernando Carrillo Flórez, le envió una carta al presidente Iván Duque donde le pide ratificar el Acuerdo Regional de Escazú sobre el “Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, y presentar el proyecto de ley aprobatoria al Congreso de la República, el próximo 20 julio, para así entrar en vigor. El procurador considera que el asesinato de estos lideres “ya se empieza a considerar como una situación sistemática en Colombia”.

Imprimir documento