Cifra de la semana

206 excombatientes de las FARC asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz, según la ONU. De acuerdo con el informe trimestral de junio, además de los homicidios, se han presentado 48 tentativas de homicidio y 15 desapariciones forzadas. En el primer semestre de 2020, la Misión verificó 33 homicidios. Por otro lado, según la Subdirección de Seguridad y Protección de la UNP, 17 excombatientes han sido asesinados mientras esperaban medidas de protección. En un comunicado del partido FARC, se señala que la cifra de excombatientes asesinados es de 214.

Implementación del Acuerdo

Líderes sociales en Chocó temen participar en procesos de la JEP. Así lo manifestaron líderes de este departamento, quienes señalaron que el conflicto armado se ha recrudecido durante la pandemia, lo que dificulta su participación en el sistema de justicia transicional, entregando informes o acreditándose como víctimas. Sin embargo, manifestaron la necesidad de que la JEP abra un macro caso que investigue lo ocurrido durante el conflicto armado en el Chocó y se reconozcan todos los actores que tuvieron presencia en el departamento.

JEP realizará audiencias en Antioquia y Meta sobre seguridad de excombatientes. Las dos audiencias virtuales se realizan dentro del estudio de medidas cautelares de protección colectiva de los excombatientes de las FARC que adelanta la JEP. La primera está programada para el 21 de julio desde el ETCR de Santa Lucía, en Ituango (Antioquia), y la segunda se realizará en el municipio de Mesetas (Meta). En ellas participarán voceros y voceras de los excombatientes en proceso de reincorporación en esas regiones y se evaluarán las respuestas de las entidades en materia de garantías de seguridad colectiva e integral.

Mujeres víctimas de violencia sexual en Norte de Santander entregan informe a la JEP. “Justicia para todas” contiene 23 hechos de violencia sexual ocurridos en 10 municipios de Norte de Santander durante el conflicto armado entre 1991 y 2016. El informe da cuenta de la sistematicidad de estos hechos y, también, de patrones de criminalidad en los casos cometidos por las FARC.

Informe trimestral de la ONU llama la atención sobre las garantías de seguridad. El informe que presenta el jefe de Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz, señala preocupación por la expansión del control territorial de grupos armados en medio de la pandemia. Así mismo, alerta sobre los asesinatos a líderes sociales y excombatientes en proceso de reincorporación y hace un llamado a las autoridades competentes a tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad en los territorios, un punto clave para la implementación del Acuerdo de Paz.

Farc se compromete a entregar 30 mil millones de pesos para reparación de víctimas. Así lo anunció la Unidad de Víctimas, quien será la entidad encargada de gestionar estos recursos. El plazo para la entrega se cumple en dos meses y luego 27 mil millones más serán entregados al finalizar la vigencia. La entidad también señaló que los recursos serán destinados principalmente a reparaciones colectivas, con énfasis en agua y saneamiento básico, por su priorización en los PDET.

Unión Europea destinará 12,5 millones de euros a la implementación del Acuerdo. La firma de este convenio entre la Unión Europea y el Gobierno Nacional se da en el marco de los proyectos impulsados por el Fondo Europeo para la Paz en Colombia y serán invertidos en el proceso de reincorporación de los excombatientes, especialmente en vivienda, saneamiento básico y atención a primera infancia.

ELN

ELN conmemoró su aniversario número 56. Durante el aniversario de su fundación, el ELN realizó varias acciones en Norte de Santander, dentro de las que destacan la instalación de banderas y pancartas alusivas al grupo y un ataque contra una base militar en el corregimiento de Mesitas, zona rural del municipio de Hacarí. El ataque con fusiles y granadas terminó en un combate con la Fuerza Pública donde no se reportaron heridos ni muertos.

Capturados ocho presuntos responsables del atentado a la Escuela General Santander. La Policía reportó que en un operativo fueron capturados ocho integrantes del ELN, presuntos responsables del atentado ocurrido en enero de 2019 contra la Escuela de Cadetes General Santander. Según fuentes oficiales, las capturas se realizaron en Arauca, Zipaquirá, Boyacá y Bogotá. Los capturados fueron presentados ante jueces de control de garantías y serán investigados por el atentado.

En Cauca se entregaron 27 integrantes del ELN. El anuncio fue realizado por el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quien indicó que las 27 personas eran integrantes del Frente José María Becerra. Aunque no se precisaron detalles, se sabe que un total de 47 integrantes de la guerrilla se han desmovilizado en la región suroccidental del país desde abril. A estas desmovilizaciones se sumó, en la misma semana, la de alias “El Diablo” en el municipio del El Tarra, en el Catatumbo, quien llevaba más de 17 años en el ELN.

Movilización social

Proyecto de ley para regular la protesta tendrá que presentarse de nuevo en el Congreso. Debido a la contingencia nacional y al uso de herramientas virtuales por parte del Congreso de la República, se pospuso la discusión del proyecto de ley que busca reglamentar la protesta social en el país. Dado que es una ley estatutaria, debe ser discutida y aprobada en una misma legislatura o, máximo, en dos periodos consecutivos. Ante la dificultad para llevar a cabo las sesiones de discusión, el proyecto de ley se hundió y será presentado nuevamente el próximo 20 de julio.

Continúa la “Marcha por la Dignidad”. Debido a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y excombatientes de las FARC, la Marcha por la Dignidad —que salió de Popayán el 25 de junio—, llegó al Quindío y cumplió 10 días de movilización pacífica. Los colectivos que la lideran tienen como objetivo llegar a Bogotá con la participación de líderes, lideresas y comunidades que rechazan los homicidios, femicidios y corrupción.

Se realiza en Bogotá la marcha de las antorchas. Sindicatos, colectivos sociales y movimientos estudiantiles se movilizaron por la autopista norte protestando contra el abuso sexual cometido por integrantes de la Fuerza Pública, la omisión en la reducción de matrículas universitarias, la falta de condiciones labores y los desalojos que se han realizado en el barrio Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar. Cerca de 450 personas manifestaron que el país atraviesa difíciles condiciones durante la cuarentena y que el Gobierno no ha respondido de manera adecuada a la situación nacional.

Continúan movilizaciones contra el abuso sexual a menores. Debido a la muerte de Salomé, una niña de cuatro años víctima de violencia física y sexual, en el municipio de Garzón (Huila) se realizó una movilización con globos blancos y pancartas que decían “No al feminicidio”. La población reclamó para que se tramite con urgencia la ley de cadena perpetua que fue aprobada hace dos semanas en el Congreso de la República. Este caso se sumó a los recientes episodios de abuso sexual contra menores de edad.

Agresiones a líderes

Asesinados tres líderes sociales. Las víctimas de homicidios fueron un líder comunitario y de la comunidad LGBTI, en Circasia (Quindío); un presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Puente en Algeciras (Huila); y un líder comunitario y docente de la comunidad de Santa María Birrinchao en Bajo Baudó (Chocó). En los tres casos se desconocen los responsables.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición rechazó el creciente asesinato de líderes sociales. Desde la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, se instó al Estado y la ciudadanía a trabajar en la protección de los líderes sociales y otras poblaciones, como los excombatientes de las FARC. Ante esto, el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, afirmó que se están haciendo todos los esfuerzos para trabajar en la prevención, medidas de seguridad en los ETCR, apoyo a la investigación judicial y capturas, así como seguimiento a las amenazas.

Disidencias y crimen organizado

Desplazamiento de dos familias campesinas en Yarumal (Antioquia) por amenazas de las AGC. Las familias, conformadas por nueve integrantes —entre los que hay seis menores de edad— se habrían desplazado producto de las amenazas del grupo. Los hechos se presentan durante la creciente tensión entre grupos armados en la subregión Norte del departamento, con la llamada 'Operación Mil' de las AGC, y el presunto 'Comando Especial Antiparamilitar', de la disidencia del frente 36 de las FARC.

Disidentes del frente 10 de las FARC serían responsables de secuestro en Arauca. La víctima, un empresario hermano de un exgobernador del departamento, fue sacado forzosamente de su casa en la cabecera municipal por hombres armados, quienes usaron un vehículo que luego fue hallado abandonado por las autoridades en la zona rural. Por el momento, la Policía estima que esta disidencia de las FARC es la responsable del secuestro; sin embargo, aún no hay pruebas concluyentes. Por otro lado, luego de que este mismo grupo armado declara objetivo militar a los esquemas de protección de la UNP, las autoridades tienen registro del robo de siete camionetas empleadas por esta Unidad. En el último hecho, registrado en Fortul, fue robada una camioneta por hombres armados, autoproclamados miembros del frente 10.

Columna Móvil Dagoberto Ramos atacó a miembros del Ejército en zona rural de Páez (Cauca). Los disidentes de las FARC atacaron a los uniformados con armas de largo alcance y tatucos, en un combate que se prolongó durante más de una hora pero que no dejó civiles heridos. Organizaciones indígenas manifestaron su rechazo al uso de un resguardo indígena por parte de los miembros del grupo armado ilegal para refugiarse del Ejército.

Política de drogas

Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena suspender asesorías de militares estadounidenses en Colombia. Luego de una tutela interpuesta por varios congresistas de los partidos de oposición, un juez de ese tribunal ordenó al presidente Iván Duque suspender cualquier actividad de la brigada militar de Estados Unidos que llegó a Colombia a comienzos de junio, para apoyar, en asistencia y entrenamiento, la lucha contra el narcotráfico. Según indica el fallo, la autorización para la llegada de los militares estadounidenses debió pasar por el Senado con el objetivo de ejercer su función de control político ante el tránsito de tropas extranjeras en servicio o misión oficial en Colombia, lo cual nunca ocurrió. Ante esta decisión, el Ministerio de Defensa señaló que el Gobierno acatará la decisión en los plazos previstos, pero ya se encuentran trabajando en la impugnación del fallo ante el Consejo de Estado.

Nuevos enfrentamientos por operaciones de erradicación forzada en Putumayo y Cauca. En la vereda La Caucasia de Puerto Asís (Putumayo), campesinos cultivadores de coca e integrantes de la Policía Antinarcóticos se enfrentaron por los operativos de erradicación forzada que se iban a realizar en la zona. La Asociación Minga denunció que los uniformados emprendieron acciones violentas contra los campesinos, causándole la muerte a dos de ellos e hiriendo a tres más. Por otra parte, en el corregimiento de San Juan del Micay, zona rural del municipio de Argelia, 40 integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido #4 fueron retenidos por cerca de 400 cultivadores de coca con el objetivo de suspender las labores de erradicación que iban a realizar los soldados. Luego de una reunión los líderes campesinos y funcionarios de la Gobernación del Cauca, los uniformados fueron liberados.

Herido integrante del Ejército durante operación de erradicación forzada en Nariño. Jovanny Rubiano, integrante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, resultó herido tras la activación de un artefacto explosivo en la vereda La Honda, del municipio de Tumaco. El hecho ocurrió cuando adelantaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos; de inmediato, fue trasladado a la ciudad de Cali, donde se encuentra actualmente con pronóstico de salud reservado.

Impacto ambiental

Sociedad civil y Gobierno crean la Mesa Forestal del Meta para frenar la deforestación. El Meta es el segundo departamento más deforestado del país: 22.869 hectáreas de bosque perdidas en los primeros seis meses del año, únicamente superado por el Caquetá (25.876). En el Sur del Meta, el Parque Nacional Tinugua es el más deforestado del país, con 158.000 hectáreas perdidas. Ante esta crisis, el Gobierno, institutos de investigación, universidades, empresa privada y comunidades étnicas, campesinas y jóvenes, crearon la Mesa Forestal del Meta. Este espacio de diálogo y articulación, liderada por el Ministerio de Ambiente, a través del programa Visión Amazonía y Cormacarena, tendrá como propósito el cuidado y desarrollo sostenible de los bosques del departamento.

Cae operación de minería ilegal del Clan del Golfo en Antioquia. El Ejército y la Policía desmantelaron una operación minera ilegal que producía más de 3.000 millones al mes para la subestructura Edwin Román Velásquez, del Clan del Golfo. La operación localizada en Dabeiba (Antioquia) estaba generando un daño ambiental irreparable a las fuentes hídricas. En el lugar fueron capturadas 15 personas, fueron destruidas cinco unidades de producción minera ilegal, siete socavones, seis motores, seis motobombas y demás elementos usados para la explotación ilícita de yacimientos mineros, avaluados en más de 1.600 millones de pesos.

Entidades financieras han invertido 6.000 millones de dólares para extraer petróleo de la Cuenca Sagrada de la Amazonia. Un estudio publicado por la ONG Amazon Watch revela que Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, HSBC y BlackRock han invertido casi 6.000 millones de dólares en proyectos de extracción de petróleo entre el 2017 y 2019. Los proyectos se extienden por más de 30 millones de hectáreas que comprenden el 25% de los bosques distribuidos entre Colombia, Ecuador y Perú. En la región, considerada la más biodiversa del mundo, viven alrededor de 500.000 indígenas, y muchos proyectos petroleros se encuentran dentro de los territorios de diferentes pueblos.

Minas de oro abandonadas impiden la recuperación de los bosques Amazónicos. Según un reciente estudio de la Universidad de Leeds, que cuantificó la regeneración tras la minería sobre los bosques amazónicos, la tasa de recuperación de estos ecosistemas está entre los más bajos jamás registrados para bosques tropicales. La doctora Michelle Kalamandeen explica que los “resultados muestran claramente que el proceso de extracción ha eliminado el nitrógeno del suelo, un componente crítico para la recuperación forestal, y en muchos casos ha contribuido directamente a la presencia de mercurio en los bosques y ríos vecinos.”

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