Cifra de la semana

187 agresiones a líderes sociales se registraron en el primer trimestre de 2020, según Somos Defensores. De acuerdo con el informe trimestral del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), entre enero y marzo fueron asesinados 47 líderes sociales. Del total de agresiones, el 72% de las víctimas eran hombres y el 28% mujeres. El informe señala, además, que a pesar de que las agresiones disminuyeron un 24% respecto al mismo periodo de 2019, los homicidios aumentaron un 88%.

Implementación del Acuerdo de Paz

JEP solicita que la Misión de Verificación de la ONU amplíe su mandato. Mediante una carta, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, solicitó al Gobierno ampliar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU con el fin de que se incluya en sus funciones monitorear y verificar las sanciones que imponga la JEP a los comparecientes en los macro-casos que adelanta este tribunal. Hasta el momento, la Misión monitorea y verifica la reincorporación política, económica y social de los excombatientes, así como sus garantías de seguridad y las de las comunidades en zonas de conflicto.

ARN dispone de “orientación virtual” en salud para los ETCR. La iniciativa, que beneficia a los excombatientes que permanecen en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), se logró tras una alianza entre la ARN y entidades del sector salud y empresas de biotecnología y comunicaciones. La orientación virtual se da por medio de una llamada telefónica gratuita, que conduce a una plataforma en la que profesionales de medicina y enfermería realizan valoraciones de signos vitales y síntomas respiratorios. De esta manera, las personas que presenten síntomas de covid-19 podrán ser remitidos a las instituciones de salud.

Las propuestas del partido Farc en la audiencia sobre agresiones a excombatientes ante la JEP. A partir de las denuncias realizadas ante la JEP sobre las agresiones de las que han sido objeto los excombatientes en todo el país, el partido presentó algunas propuestas para afrontar esta problemática: 1) Instaurar una mesa de seguimiento por parte de la JEP a las medidas de garantías de seguridad y participación dispuestas en el Acuerdo; 2) Realizar cinco audiencias territoriales, en las que se propicie el diálogo con el Gobierno y las autoridades locales; 3) Reactivar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el ejercicio de la política, y poner en marcha el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y el Programa de Protección Integral para los integrantes del nuevo partido político; 4) Fortalecer el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida (SAT) de la Defensoría del Pueblo, para que sus recomendaciones sean acatadas y se creen las instancias territoriales respectivas; y 5) Instar a la Fiscalía General a que construya una política criminal que sistematice la información obtenida en los casos donde se logró identificar autores materiales y patrones que enlacen con autores intelectuales.

ELN

Alcalde de Socotá presentó renuncia tras amenazas del ELN. El alcalde de Socotá (Boyacá), William Correa, señaló que integrantes del ELN amenazan con atentar contra su vida. Tras la denuncia, Correa presentó la renuncia a su cargo ante el Ministerio de Defensa, exigiendo que le garanticen su seguridad. Por su parte, el Ministerio indicó que se tomarán todas las medidas necesarias y que habrá una reunión para tomar decisiones sobre su caso. Correa también sostuvo que cerca de 14 alcaldes están amenazados en municipios como Pisba, Paya y Labranzagrande, hacia la zona norte y oriental del departamento, pero que no han denunciado su situación por miedo.

Frente de Guerra Oriental circula prueba de supervivencia de secuestrados. Tras el secuestro de dos subcontratistas de la Occidental de Colombia (OXY) el pasado 3 de mayo, en Arauca, el ELN envió un comunicado y un video confirmando la supervivencia de Pedro León Pérez y Óscar Javier Rodríguez. El secuestro ocurrió mientras los contratistas se movilizaban en un vehículo entre los municipios de Tame y Fortul, a la altura del sector El Mordisco. La Defensoría del Pueblo exigió la liberación de los dos secuestrados.

Movilización social

Fecode realiza protestas en medio de la contingencia nacional. Desde diferentes puntos del país —como Bogotá, Antioquia, Caquetá, Córdoba y Valle del Cauca— la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) inició un ciclo de protestas contra el anuncio del Gobierno para retomar clases presenciales el primero de agosto. El gremio de maestros señaló que Ministerio de Educación no ha dado a conocer los protocolos de bioseguridad y sanidad para las instituciones educativas. Además, la Federación sostuvo que, a nivel nacional, miles de instituciones no tienen el espacio, los recursos ni la infraestructura adecuada para aplicar las medidas de bioseguridad. Fecode espera realizar más protestas a lo largo de junio y julio.

Congresistas convocaron marcha virtual contra el racismo. Tras el asesinato de Anderson Arboleda, joven afro de Puerto Tejada (Cauca), el representante a la cámara por las comunidades afro, Jhon Arley Murillo, convocó a marcha virtual rechazando el racismo que enfrenta esta población. También sostuvo que el racismo no ha permitido establecer medidas legales de igualdad en oportunidades laborales, mecanismos económicos y desarrollo. La marcha virtual se llevará a cabo el 12 de junio.

Agresiones a líderes

Asesinados cinco líderes sociales en la primera semana de junio, tres en el sur de Córdoba. Los casos responden a un líder comunitario en Florida (Valle del Cauca); un líder campesino y un comunitario en Puerto Libertador (Córdoba); un defensor de derechos humanos en Buenos Aires (Cauca), y un líder indígena en Tierralta (Córdoba). Varios de ellos habían denunciado el accionar de grupos armados ilegales y otros hechos de corrupción.

Ejército publica cartel de los más buscados por homicidios de líderes sociales. Entre los presuntos responsables de los homicidios a líderes sociales se encuentran cabecillas como alias “Otoniel”, de las AGC o el Clan del Golfo; alias “Caín”, de Los Caparros; alias “Ramiro”, de la disidencia del frente 18 de las FARC, y alias “Danilo”, del ELN. De acuerdo con la Séptima División, se trata de una estrategia articulada entre la Fuerza Aérea, la Armada, la Policía, la Fiscalía y las autoridades departamentales para dar con los responsables de las agresiones a líderes sociales en las zonas más afectadas por la injerencia de estos grupos armados ilegales.

Disidencias y Crimen Organizado

Misión humanitaria rescata a 38 personas amenazadas en el Pacífico caucano. Según el Ejército, fueron trasladadas desde el sector de Bocas de Baleo, zona rural de Timbiquí (Cauca), hacia la vereda El Morro, para luego ser llevadas a Popayán. La disidencia del frente 30 de las FARC sería la responsable de amenazarlas de muerte, luego de señalarlas de colaborar con el grupo armado que estaba antes en la zona, presuntamente el ELN.

Al menos 74 personas desplazadas en Tarazá (Antioquia). El desplazamiento comenzó el miércoles 3 de junio, cuando seis familias tuvieron que abandonar la zona para refugiarse en el casco urbano de Tarazá. A esto se sumó el desplazamiento de tres familias más, tras recibir amenazas de las AGC. Organizaciones del territorio venían alertando sobre el riesgo que afrontaba la población por la presencia de las AGC y Los Caparros.

Disidencias de las FARC estarían detrás de tres hechos violentos en el norte y sur del Cauca. Uno de los hechos se registró en la vereda Santa Rita del municipio de Caloto, en donde hombres armados abrieron fuego contra un establecimiento público e hirieron a dos comuneros indígenas. En el sector de El Trébol, ubicado en Jambaló, se registró otro ataque armado en contra de un grupo de miembros de la Guardia Indígena. Finalmente, el frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC se atribuyó el asesinato de dos hombres en el corregimiento El Plateado, de Argelia, tras señalarlos como colaboradores de otro grupo armado ilegal. Otro homicidio, perpetrado en este mismo corregimiento, también fue reivindicado por el frente Carlos Patiño.

Asesinados en Ituango dos menores de edad, familiares de personas en proceso de reincorporación. Los hechos ocurrieron en medio del deterioro de condiciones de seguridad que se vienen presentando en el municipio antioqueño, donde sobresalen el asesinato de dos excombatientes entre diciembre de 2019 y enero de 2020, el desplazamiento de 800 personas en febrero, y la amenaza realizada en mayo en la que grupos armados advertían a campesinos y excombatientes del ETRC Román Ruiz que tendrían que desplazarse si la Fuerza Pública no abandonaba la zona. El partido Farc se pronunció frente al asesinato de los menores y responsabilizó al Gobierno por la falta de garantías de seguridad para la población en proceso de reincorporación.

Capturado el máximo líder de una disidencia en Tolima. Se trata de alias “Raúl”, líder de una disidencia autodenominada Central Adán Izquierdo, con influencia en los municipios de Murillo, Anzoátegui, Santa Isabel, Cajamarca, Venadillo, Alvarado, Roncesvalles y zona rural de Ibagué. Esta estructura es señalada como responsable del secuestro de dos hombres en Murillo, y el asesinato de un líder ambiental en Santa Isabel.

Política de drogas

Juez suspende de manera indefinida la audiencia virtual de la ANLA para reanudar la aspersión aérea. Luego de que la jueza primera de familia de Pasto (Nariño) suspendiera temporalmente el proceso como medida cautelar mientras estudiaba una demanda, el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto ordenó suspender de manera indefinida la audiencia pública hasta que se brinden garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general.

Nuevas tensiones en la zona de río Guayabero por operaciones de erradicación. Durante la última semana se registró un nuevo ciclo de enfrentamientos entre campesinos e integrantes de la Fuerza Pública en la región del Guayabero, entre Meta y Guaviare, que dejaron seis civiles heridos. Las autoridades siguen afirmando que estas protestas son el resultado de presiones ejercida por “Gentil Duarte”, “Maneto” y “Leopoldo”, líderes de las disidencias que controlan la zona.

Campesinos de Meta, Guaviare, Nariño y Norte de Santander piden al Gobierno cumplir con los acuerdos de sustitución. Organizaciones campesinas de varias zonas del país expresaron su malestar frente a las operaciones de erradicación forzada que se vienen realizando en el país e hicieron un llamado para que las autoridades cumplan con los compromisos adquiridos en el PNIS. Campesinos de la vereda El Carmen, del corregimiento de Llorente, en el municipio de Tumaco (Nariño), han advertido que volverían a la producción de cultivos de uso ilícito ante los incumplimientos en los programas de sustitución. Según líderes campesinos, el proceso de sustitución no ha avanzado desde hace cinco meses. Además, denunciaron las grandes dificultades de transporte para poder sacar los productos que han cosechado.

Los recientes enfrentamientos entre cultivadores y Fuerza Pública en el Guayabero, zona limítrofe entre los departamentos de Meta y Guaviare, han motivado a varios líderes sociales de la región a manifestarse. Según Luz Mery Panche, líder indígena y defensora de derechos humanos, los presuntos incumplimientos del Gobierno en la implementación del Acuerdo y la presión que sufren los campesinos por parte de grupos armados ilegales, son la causa de los problemas.

Durante la socialización del plan de desarrollo de Norte de Santander, organizaciones como la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y la Coordinadora de cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), solicitaron la suspensión de las operaciones de erradicación que adelanta el Ejército en Sardinata y Cúcuta, e hicieron un llamado para que las autoridades avancen en los planes municipales de sustitución que se firmaron en Tibú y Sardinata.

MinDefensa dice que Gobierno continuará con las operaciones de erradicación forzada. En una entrevista con El Espectador, el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que durante la emergencia sanitaria todas las operaciones policiales y militares de la fuerza pública, incluidas las de erradicación, se mantienen en todo el territorio “porque es su deber constitucional proteger la vida e integridad de los colombianos”. Ante las medidas de protección para evitar posibles contagios de covid-19, el funcionario señaló que todas unidades militares y policiales del país, incluidas las que están comprometidas en erradicación de cultivos ilícitos, cumplen de forma estricta con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

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