Esta columna fue publicada en La Silla Vacía el 29 de mayo de 2020

Desde que empezó la cuarentena nacional, las operaciones de erradicación forzada de coca han venido ocupando los titulares y ganando notoriedad. Las imágenes de campesinos poniendo resistencia a los grupos de erradicación, así como los muertos y heridos que han dejado algunas de estas acciones, circulan en las redes y en los medios de comunicación.

Pero contrario a lo que podría pensarse, las cifras muestran que durante la pandemia la erradicación forzada no se ha incrementado. El gobierno sí elevó la meta a 130.000 hectáreas para el 2020, pero el nivel de erradicación en los primeros cuatro meses del año estuvo, incluso, por debajo de lo registrado en el inicio de 2019.

¿Entonces por qué ha aumentado la tensión? ¿Cuáles son los problemas de fondo? Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta de donde venimos y el contexto.

Sin aspersión la erradicación forzada ha sido la opción

Desde el año 2013, el uso de la aspersión aérea comenzó a disminuir, llegando a su nivel más bajo en 2015, cuando finalmente el gobierno decidió suspenderla. Desde entonces, la erradicación forzada ha aumentado de manera notable, pasando de cerca de 11.800 hectáreas en 2014 a 94.600 en 2019. Mientras tanto, la erradicación voluntaria –que se ha venido haciendo en el marco de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)– solo fue significativa en 2018, aportando a una reducción de 26.800 hectáreas.

Fuente: Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho

Según el presidente Iván Duque, al inicio de su mandato recibió 23 grupos de erradicación forzada, y se trazó como meta elevarlos a 150. Aproximadamente 2.200 miembros de la Fuerza Pública estarían dedicados a esta tarea, sin incluir a los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que ahora acompañan las operaciones.

Tomando en cuenta lo que ocurre en Tumaco (Nariño), cada grupo de erradicación cuenta con alrededor de 60 hombres, de los cuales 30 son miembros de la Fuerza Pública y 30 son civiles, estos últimos también conocidos como “los azules” por el uniforme que usan. Respecto a los uniformados, se encuentran aquellos encargados de asegurar el perímetro, especialistas en detección y desactivación de minas y recientemente, integrantes del Esmad. Es una operación compleja, que demanda de hombres, tiempo y recursos.

En lo que va del 2020 y durante la pandemia la erradicación forzada ha disminuido

Para 2020, el gobierno se propuso como meta la erradicación forzada de 130.000 hectáreas de coca, 30.000 más que en 2019. Y, la realidad es que la tendencia en los primeros cuatro meses del año es al descenso. De enero a abril de 2020 se erradicaron casi 17.300 hectáreas, es decir 6.500 menos que las registradas en el mismo periodo de 2019.

El siguiente gráfico muestra que el comportamiento de la erradicación forzada es cíclico. Usualmente, los mayores niveles de erradicación se dan al final del año, cuando se toman las imágenes satelitales para el monitoreo. También se puede ver que en la administración Duque –a partir de agosto de 2018– hay un incremento notable que llegó a su punto más alto en diciembre de 2020, con 12.608 hectáreas de coca.

Para dimensionar esta cifra, hay que tener en cuenta que un grupo móvil de erradicación puede cubrir entre 1 y 3 hectáreas de coca al día. En diciembre de 2020 fueron erradicadas alrededor de 420 hectáreas cada día, lo que habría exigido la operación de 140 grupos móviles.

Fuente: Ministerio de Defensa

Lo que muestran los datos disponibles es que en 2020 la erradicación forzada ha disminuido, incluyendo los meses de marzo y abril cuando se implementaron las medidas para responder a la pandemia (con 5.500 y 4.889 hectáreas, respectivamente).Pero, durante la pandemia la Fuerza Pública sí erradicó en más municipios e intensificó su accionar en zonas donde había sido difícil avanzar.

Entre marzo y abril la Fuerza Pública realizó erradicaciones forzadas en 106 municipios, mientras que en los primeros tres meses del año lo había hecho en 87. En la lista se destacan zonas que tuvieron niveles altos de erradicación en 2019, como es el caso de Tumaco (Nariño) y Puerto Asís (Putumayo).

Fuente: Elaborado por la FIP, basado en Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho

También se encuentran municipios con un elevado número de hectáreas en los que hasta ahora la Fuerza Pública había tenido muchas dificultades para avanzar, como es el caso de Olaya Herrera y Roberto Payán en Nariño, Puerto Libertador en Córdoba, y Tibú en Norte de Santander. En el primer cuatrimestre de 2020 en estos lugares se erradicó el 40 por ciento de lo que se logró en todo 2019. Podría pensarse, que la Fuerza Pública está aprovechando la pandemia para ingresar a estos enclaves cocaleros.

Sin embargo, a excepción de Puerto Asís, en Putumayo, no han sido en estas áreas donde se han dado incidentes o choques con las comunidades. De hecho, buena parte de los hechos han ocurrido en municipios que tienen poca coca y en donde han sido bajas las cifras de erradicación.

Pareciera que hay más protestas e incidentes con la Fuerza Pública, pero no es algo nuevo

En 2016, William Brownfield, quien en ese momento se desempeñaba como Secretario Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, afirmó ante el congreso de los EE.UU que solo en ese año, se tuvieron que cancelar 675 operaciones de erradicación, por las manifestaciones.

Fuente: Base de datos de prensa de la FIP

En 2017, en El Tandil, vereda de Tumaco (Nariño), miembros de la Fuerza Pública abrieron fuego en medio de una protesta de cocaleros, causando la muerte de siete campesinos y dejando a 27 más heridos. En este caso, la Fiscalía señaló que la evidencia no mostraba señales de un enfrentamiento, sino de un ataque de un solo sentido, contra los campesinos.

En el seguimiento regional que hacemos en la Fundación Ideas para la Paz, hemos podido constatar que la tensión entre las comunidades y los choques han continuado. Sin embargo, con la información disponible no es posible establecer su frecuencia e intensidad. Solo a través de las noticias publicadas en medios de comunicación o relatos que circulan en las redes, es que se puede hacer el seguimiento. Y lo que arroja es que, desde el mes de marzo, han ocurrido 15 hechos en 13 municipios en los cuales las comunidades se han enfrentado a la Fuerza Pública y se han opuesto a las acciones de erradicación forzada.

Lo que se sabe –y no– de las protestas, choques y muertes

Con base en la información disponible es posible afirmar que:

  • No hay una relación entre el número de hectáreas cultivadas en un municipio y los choques. De hecho, en buena parte de los municipios con choques, el número de hectáreas es bajo.
  • En el primer cuatrimestre de 2020, en el 82% de los municipios que hacen parte del PNIS (46) se dieron operaciones de erradicación forzada. Nueve de los 13 municipios donde hubo incidentes se encuentran en este grupo.
  • Las versiones sobre los casos en los que hubo muertos y heridos son contradictorias. Los líderes y miembros de las comunidades señalan como responsable a la Fuerza Pública, mientras que las versiones de estos últimos destacan las agresiones por parte de los campesinos.
  • En la mayoría de los casos, quienes protagonizaron los incidentes fueron miembros de las Fuerzas Militares.
  • En tres hechos los pobladores retuvieron a miembros de las Fuerza Pública.
  • Es poco lo que se sabe de los protestantes. En algunas zonas son comunidades de pequeños cultivadores de coca, mientras que en otras se encuentran extensiones más grandes, los denominados cultivos “industriales” con una gran cantidad de hectáreas.

Durante la pandemia, organizaciones de cultivadores de coca y líderes de estas zonas han pedido que cesen las operaciones de erradicación forzada. Las comunidades afirman que están preocupadas de un posible contagio. Además, señalan que el gobierno no ha cumplido con la implementación del Acuerdo de Paz y que su intervención se reduce a erradicar los cultivos de coca, sin dar alternativas a las comunidades que dependen de esta actividad.

Mientras tanto, en varias zonas el precio de la pasta base baja y se acumula stock

El seguimiento regional muestra dos tendencias respecto a la compra y los precios de la pasta base. Mientras que en algunas regiones los precios aún se mantienen estables, en otras, ha reducido de manera notable el valor que se paga. Esto sin obviar, que en varias zonas del país aún se conserva la modalidad del trueque (no se da efectivo, sino que se intercambian mercancías, bienes o servicios). Lo anterior, depende en buena medida de las organizaciones armadas que operan en las zonas, así como de los intermediarios, quienes son los que fijan el valor en un mercado cada vez más fragmentado.

Como lo señala un reciente informe del OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), la cuarentena ha frenado parte de la producción y las restricciones han impactado algunas de las rutas claves para la exportación. Las redes del narcotráfico continúan con sus operaciones haciendo uso de las reservas acumuladas. Un informe de inteligencia de la Armada citado por el OCCRP afirma que estos grupos están exportando cocaína acopiada antes de la crisis de la covid-19.

Así las cosas, la pandemia podría generar un contexto desfavorable para los cultivadores de coca en varias de las regiones del país, con comunidades que estarán expuestas, por un lado, a la erradicación forzada, y por el otro, a la baja de precios y una menor demanda. Estas podrían ser las semillas que incrementen la protesta y los focos de violencia, especialmente si el Estado se enfoca solamente en arrancar las matas de coca.

¿La aspersión aérea es la opción que queda?

No. Primero porque su trámite ha tomado más de lo que el gobierno esperaba y en 2020 será poco probable que pueda activarse. Hace dos semanas, una jueza ordenó suspender una audiencia pública virtual convocada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), un paso necesario para aprobar el Plan de Manejo Ambiental para la aspersión aérea con glifosato.

Así el gobierno tuviera la opción de utilizar de nuevo las fumigaciones, dadas las condiciones y restricciones definidas por la Corte Constitucional, su aplicación efectiva se restringiría a una cuarta parte de las áreas donde hay cultivos de coca. Entonces, quedaría la pregunta sobre qué hacer en el resto de los territorios. Esto sin tener en cuenta los efectos negativos para la salud y el ambiente asociados al uso del glifosato, los cuales llevaron a suspender la aspersión.

En el siguiente mapa se pueden ver en color azul los municipios propuestos para la reactivación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea (PECIA). En color verde están señalados los cultivos de coca y, las zonas grises, son las que tienen algún tipo de restricción, siguiendo los criterios de la Corte Constitucional y sin tomar en cuenta las limitaciones para fumigar áreas de frontera y los municipios que hacen parte del PNIS.

Erradicación forzada sin alternativas legales: el perro que se muerde la cola

La erradicación forzada es una herramienta con bajos niveles de eficiencia y efectividad. Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre en Tumaco. Una vez el grupo de erradicación termina su jornada, arrancando de una a tres hectáreas al día –dependiendo de las condiciones del terreno–, avanza hacia el siguiente lote. Al cabo de tres días se habrán alejado unos cinco kilómetros. Esta rutina se repetirá durante dos o tres meses.

Mapa de municipios donde se reactivaría la aspersión área, contrastado con los cultivos de coca (2018) y las zonas donde se encuentran restricciones //Fuente: Elaborado por la FIP

Una vez el grupo de erradicación forzada se aleja, los cultivadores de coca vuelven a sembrar. Por las condiciones de seguridad es poco probable que el escuadrón conformado por miembros de la Fuerza Pública y civiles, regresé pronto. Mientras tanto, la producción se reactiva y la resiembra se incrementa. Aunque las estimaciones realizadas por UNODC para el año 2016, mostraban que alrededor del 30% del área erradicada había sido replantada, este porcentaje podría haberse duplicado en las actuales condiciones.

Además, la erradicación forzada es una actividad de alto riesgo para la Fuerza Pública y los erradicadores. Entre 2009 y 2018, 126 de ellos murieron y 664 resultaron heridos –la mayoría con amputaciones–. Recientemente, también se registra con mayor frecuencia la retención de policías y militares.

Respecto al fortalecimiento de la presencia del Estado y sus instituciones, la erradicación a secas solo parece tener efectos contraproducentes. Así lo han manifestados gobernadores y alcaldes, que en medio de las protestas y choques le han pedido al Ejecutivo que cese las operaciones. No se trata de que el Estado renuncie al uso de la fuerza, pero sí que cuente con una estrategia clara para que sus acciones produzcan un cambio que sea sostenible. Con esto, aún los más radicales están de acuerdo.

La pandemia entonces vuelve abrir la discusión sobre cuál es el plan para responder al desafío que plantean los cultivos ilícitos. La erradicación forzada no rinde ni da los resultados esperados. El PNIS apenas se mantiene a flote, con importantes restricciones financieras. Además, la aspersión no parece estar a la vuelta de la esquina. Bajo estas condiciones, no tiene mucho sentido enfocar los escasos recursos en los eslabones más débiles y en las zonas que tienen menos cultivos de coca.

Los organismos de control deberían poner la mira en los casos en los que ha habido muertos y heridos. Además, sería importante revisar los protocolos que usan en estas operaciones, no solo por la seguridad de las comunidades, sino también de los uniformados.

También hay oportunidades. La reactivación económica, con todas las dificultades, debería tener en el radar a las comunidades más vulnerables, incluidas las que dependen de la economía ilegal. La “Hoja de Ruta” de los PDET –que se definirá en los próximos meses– tendría que ser sensible a la generación de condiciones y alternativas para las poblaciones que están en los enclaves cocaleros. Hay gobernadores y alcaldes que le están poniendo la cara a los cultivos de coca, trabajando en propuestas desde lo local. Programas enfocados en la formalización y acceso a la tierra, así como la protección ambiental se están focalizando en zonas de alta influencia de esta economía ilegal.

En el marco de las medidas para responder al covid-19, haría bien el gobierno si reevalúa lo que está ocurriendo con la erradicación forzada. No solo desde la perspectiva humanitaria, si no también sobre el uso de los recursos y la sostenibilidad de las intervenciones. Los costos de cómo está siendo usada esta herramienta, cada vez más la alejan de los beneficios esperados.

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