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En el Catatumbo confluyen tres dinámicas que requieren ser visibilizadas y abordadas de manera conjunta: primero, la inestabilidad en la regulación que ejercen diferentes grupos armados ilegales, que ha derivado en procesos de fragmentación y disputas; segundo, la presión e influencia de la crisis venezolana, cuya imagen más visible es la difícil situación que enfrentan los migrantes; y tercero, el deterioro de la seguridad y el impacto humanitario, que se ha extendido desde el Catatumbo hacia la frontera del Área Metropolitana de Cúcuta. (Ver infografía)

El Estado ha respondido, pero de manera fragmentada. No es claro cómo lo esfuerzos en seguridad están generando las condiciones para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como la transformación del territorio. Hay consenso en que la respuesta militar es necesaria pero insuficiente, especialmente cuando es reactiva e intermitente, y no garantiza la protección de las comunidades.

Aunque esta discusión tiene que ver con las causas de la violencia y el conflicto, debe resolverse concretamente respondiendo dos preguntas: ¿Cuál es el modelo de seguridad para el Catatumbo?, y ¿cómo se conecta con la agenda de desarrollo? La estrategia “Catatumbo Sostenible” y la “Hoja de Ruta” del PDET, requieren de una respuesta clara y articulada desde la seguridad y la justicia.

Desde hace años, el Catatumbo ha sido foco de inseguridad, siendo la comunidad la más afectada. Fuente: Agencia Prensa Rural

Los escenarios de riesgo

  • La reactivación de la disputa entre el ELN y el EPL, con una influencia mayor de las disidencias de las FARC.
  • El aumento de la violencia y la reconfiguración de las alianzas y disputas en los municipios del Catatumbo y la zona de frontera de Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander.
  • El aumento del impacto humanitario en la población colombiana y venezolana, enmarcado en un contexto de alta volatilidad por la regulación que ejercen los grupos armados ilegales y las facciones del crimen organizado.
  • La ruptura del tejido social y afectación de los procesos organizativos debido a las agresiones a líderes sociales.
  • El deterioro de las condiciones de seguridad necesarias para la implementación del PDET y la puesta en marcha de su "Hoja de Ruta".

1. El Catatumbo como epicentro de los paros armados

El paro armado del ELN se concentró en la región del Catatumbo. El frente Nororiental del ELN anunció un paro armado, de carácter nacional, del 14 al 17 de febrero de 2020[1]. El comunicado no salió del Comando Central (COCE) —el principal órgano de dirección de esta guerrilla—, sino de una de sus estructuras más poderosas. La mayoría de acciones se concentraron en Norte de Santander, con epicentro en Catatumbo (40% de esos eventos)[2], incluyendo bloqueos de vías y quema de vehículos, así como amenazas que tuvieron un alto impacto humanitario en los municipios de Hacarí, San Calixto, El Tarra, Ábrego y Tibú. Entre los hechos más relevantes, que marcaron una diferencia frente a otros paros armados, se destaca la instalación de artefactos explosivos en Cúcuta.

El EPL también declaró un paro armado, dando continuidad a su disputa con el ELN. El EPL decidió decretar un paro armado desde el 12 de febrero[3], señalando la falta de voluntad del ELN para escuchar a las comunidades. En esta coyuntura, el EPL realizó 14 acciones como quema de vehículos, bloqueo de vías y distribución de propaganda alusiva a la organización.

El paro del ELN no alcanzó a tener una dimensión nacional, pero sí afectó los departamentos con mayor influencia de esta guerrilla. Según el comandante de las Fuerzas Militares, el General Luis Fernando Navarro, y el Director de la Policía, General Óscar Atehortúa, a nivel nacional se detectaron 117 intenciones armadas del ELN, 94 de las cuales fueron evitadas[4]. Se desactivaron artefactos explosivos y se registraron combates y capturas en Norte de Santander, Antioquia, Chocó, Arauca y Boyacá.

La falta de una estrategia clara en el Catatumbo para generar condiciones de seguridad en la etapa de estabilización está pasando factura, con la reconfiguración de las dinámicas de violencia y la degradación de la confrontación armada

El paro tuvo impactos humanitarios. Un suboficial fue asesinado, siete policías y un civil resultaron heridos, y cerca de 20.000 personas se vieron afectadas por la restricción a la movilidad, según datos de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Además, cerca de 675 toneladas de productos agrícolas quedaron represadas afectando el abastecimiento de mercados locales y nacionales, lo que generó, además, el aumento en los costos. A esto se sumó el miedo y la zozobra de la población, que fue evidente con el cierre del comercio, la inactividad del transporte público y la inasistencia escolar (que afectó a 11.700 niños, niñas y adolescentes)[5].

2. La inestabilidad en la regulación de los grupos armados ilegales: fragmentación y disputas

Las disputas se mantienen activas, en medio de procesos de fragmentación, pero también hay alianzas y acuerdos. La región del Catatumbo ha estado marcada recientemente por la inestabilidad en la regulación que ejercen los grupos armados ilegales –con varios actores intentando ejercer control– y las facciones del crimen organizado. A la disputa entre el ELN y el EPL, se suma que la violencia se ha intensificado en la zona de frontera, debido a las estructuras criminales que operan en los dos países, a la consolidación de las disidencias de las FARC y de organizaciones como Los Rastrojos y La Línea, que controlan pasos ilegales en Villa del Rosario, Cúcuta y Puerto Santander.

La confrontación entre el ELN y el EPL vuelve a tomar fuerza. A comienzos de 2018, tras algunos hechos violentos ocurridos en la zona de frontera y el interés por las rutas de narcotráfico, el EPL le declaró la guerra al ELN. Ese fue el inicio de un intenso periodo de confrontación armada que se fue desescalando en el segundo semestre de ese año. Sin embargo, la disputa persiste y se reactivó desde finales de 2019 e inicios del 2020.

El EPL se encuentra replegado en su zona histórica, en los municipios de Hacarí y San Calixto, tras ser disminuido por el ELN en su capacidad armada. El ELN, por su parte, consolidó su presencia en la región e incrementó el control sobre las poblaciones, la confrontación con la Fuerza Pública, la divulgación de propaganda alusiva a su organización y los ataques a la infraestructura petrolera.

La influencia de las disidencias de las FARC se hace cada vez más evidente. A las disputas en la zona rural se han sumado los grupos disidentes de las FARC: al menos dos estructuras tendrían influencia en Tibú, Convención, El Tarra y Sardinata. Aunque no se conoce de alianzas con el EPL o el ELN, algunas versiones señalan un posible pacto de no agresión entre esta última guerrilla y las disidencias de las FARC.

Fuente: Base de prensa “Acciones del Conflicto” de la FIP.

La frontera del Área Metropolitana de Cúcuta se calienta por cuenta de las frágiles alianzas entre grupos armados y facciones del crimen organizado. Una facción del EPL se encuentra en esta zona. Allí, históricamente, el grupo ha tenido milicias y ha buscado controlar el microtráfico y otras economías ilegales como el contrabando y la extorsión. Desde finales de 2018, esta facción ha hecho alianzas con estructuras criminales, principalmente con Los Rastrojos, para controlar los pasos informales entre Colombia y Venezuela, de donde obtiene rentas por el cobro de vacunas, extorsiones, secuestros, contrabando de gasolina, armas e incluso redes de explotación sexual y tráfico de migrantes.

Estas alianzas han sido dinámicas y se han presentado disputas internas que han generado ciclos de violencia, sobre todo homicidios en la zona de frontera, tanto del lado colombiano como del venezolano.

Se suman a este escenario estructuras como El Tren de Aragua, de origen venezolano, que tiene influencia en la frontera, donde extorsiona en los pasos ilegales y busca expandirse hacia el lado colombiano en medio de la disputa por el control de las rentas ilegales. Además, están los carteles mexicanos que compran la coca que se produce en la región.

El accionar de los grupos armados es la principal causa asociada a la deforestación. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), ha señalado que, en 2019, el principal núcleo de deforestación en el país se ubicó en los municipios de Tibú y Sardinata, en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, afectando a los resguardos indígenas Motilón-Barí y Gabarra-Catalaura. Esta situación se debe a la presencia de grupos armados que promueven la expansión de los cultivos de coca, la ampliación de la frontera agrícola y la extracción ilícita de madera[6].

Zonas de influencia de estructuras armadas ilegales en Norte de Santander// Fuente: Fundación Ideas para la Paz (FIP)

3. La población en medio de la disputa y el impacto humanitario

La confrontación armada y la migración son las principales dinámicas que influyen en la situación humanitaria. OCHA ha caracterizado la situación de Norte de Santander como de doble afectación: por cuenta del conflicto armado y por cuenta de la migración.

Según datos de esta organización[7]:

  • En 2018 se presentó la segunda mayor afectación humanitaria en la región desde 2002, con 165.502 personas afectadas por el conflicto y la violencia armada, 167.958 migrantes venezolanos y 8.158 afectados por desastres naturales.
  • Comparado con 2017, en 2018 hubo un incremento de 469% en las acciones de desplazamiento masivo; de 643% en los accidentes por Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explosionar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI); de 175% en los homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos; y de 324% en la restricción al acceso de bienes y servicios.
  • En 2019 resultaron afectadas cerca de 70.000 personas principalmente por eventos de restricción a la movilidad, amenazas y enfrentamientos entre grupos armados que generaron el desplazamiento y confinamiento de la población. Estas afectaciones se concentraron en Tibú, San Calixto, El Tarra, Sardinata, Ábrego y La Playa.
Fuente: Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA)

Las Alertas Tempranas señalan que se ha intensificado la confrontación armada y el impacto humanitario. La Defensoría del Pueblo alertó que entre enero y octubre de 2019 ocurrieron 58 desplazamientos masivos en todo el país, de los cuales, seis sucedieron en Norte de Santander producto de la presencia y accionar del ELN y el EPL, afectando a 538 familias (1.779 personas)[8]. Esta entidad publicó en 2019 cuatro Alertas Tempranas para los municipios de El Tarra, Ábrego y La Playa, Teorama y Puerto Santander, que indicaban sobre la intensificación de los enfrentamientos entre estas guerrillas y su afectación a la población, especialmente a indígenas, campesinos y migrantes. En otros municipios, el tipo de accionar se ha manifestado a través del reclutamiento, los homicidios selectivos, las amenazas e intimidaciones a la población civil[9].

Según la Policía Nacional, los municipios del Catatumbo registran tasas de homicidios superiores a la nacional. Entre 2015 y 2019, los municipios que han tenido un aumento en la tasa de homicidios son Convención, Sardinata y Tibú. Para 2019, los municipios con la alzas más altas fueron Tibú (260 por cien mil habitantes), Convención (175), El Tarra (108) y Hacarí (82). A nivel nacional, la tasa de homicidios se mantiene y no sobrepasa los 26 por cada cien mil habitantes desde 2015[10].

Fuente: Policía Nacional

Las Juntas de Acción Comunal y líderes campesinos han sido objeto de agresiones. En cuanto a las agresiones contra líderes sociales, a partir de datos de prensa, la FIP ha registrado cuatro casos en lo que va del 2020. En el 2019 se presentaron 17 agresiones, de las cuales, seis fueron homicidios y ocho fueron tentativas de homicidios. En el 2018 hubo 23 agresiones, de las cuales 12 fueron homicidios y tres tentativas de homicidios. Los liderazgos más afectados han sido los de las Juntas de Acción Comunal y líderes campesinos en Cúcuta, Tibú, Teorama y Ocaña.

Las agresiones contra líderes que integran el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) no son representativas, sin embargo, preocupa su situación por el aumento de los cultivos de coca y la presión de los grupos armados contra esta población.

Sobre los responsables de estas agresiones, el monitoreo y los análisis de la FIP dan cuenta que se desconoce el autor en el 70% de los casos[11].

Comparado con 2017, en 2018 hubo un incremento de 469% en las acciones de desplazamiento masivo en Norte de Santander, y de 643% en los accidentes por Minas Antipersonal, Municiones sin Explosionar y Artefactos Explosivos Improvisados

4. La crisis migratoria en un contexto de reconfiguración de la confrontación armada

Norte de Santander concentra el 11% de la población venezolana que reside en Colombia. A diciembre de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que 1.771.237 venezolanos residen en el país; de los cuales 754.085 son migrantes regulares y 1.017.152 migrantes irregulares. En Norte de Santander hay 202.727 personas, principalmente en Cúcuta (104.981), Villa del Rosario (39.709), Tibú (8.994) y Pamplona (8.245)[12].

El accionar de los grupos armados y el crimen organizado ha afectado a la población migrante. Las principales afectaciones han sido amenazas, desapariciones, homicidios, reclutamiento forzado, desplazamiento y minas antipersonal. En su más reciente informe, Medicina Legal reportó que en 2019, el departamento con mayor número de homicidios a venezolanos fue Norte de Santander, los cuales se concentraron en Cúcuta (45 casos), Tibú (22) y Villa del Rosario (21)[13]. Además, hay información relacionada con el aumento de la violencia de género contra mujeres venezolanas.

Los migrantes han tenido una alta vulnerabilidad frente a las economías ilegales, especialmente el narcotráfico y la explotación sexual. La migración venezolana ha engrosado la mano de obra para los cultivos (recolección) y el procesamiento de coca. Este fenómeno viene ocurriendo desde 2017. De igual forma, se han reactivado la explotación sexual, los trabajos forzados y el reclutamiento en zonas de cultivos ilícitos.

El reclutamiento forzado de migrantes se ha intensificado en medio de la confrontación armada. Grupos como el ELN, el EPL y las disidencias de las FARC han sacado provecho de la crisis migratoria. La Fuerza Pública señala que el 10% de los integrantes de estos grupos podrían tener nacionalidad venezolana[14]. En medio de la confrontación, organizaciones como Save the Children[15] han alertado sobre el reclutamiento de menores de edad. Los alcaldes de la región también han manifestado su preocupación por el uso que hace la delincuencia común de esta población y de jóvenes.

5. La respuesta del Estado

El Estado ha intervenido y aumentado su presencia, pero sin conectar las agendas de seguridad, paz y desarrollo. En los últimos años, en la región han confluido al menos tres agendas de intervención estatal, aunque de manera desarticulada y fragmentada: las intervenciones en el ámbito de la seguridad, la implementación del Acuerdo de Paz y la atención a la crisis migratoria.

El presidente Duque ha visitado municipios como Tibú, anunciando estrategias de intervención para el desarrollo territorial, la seguridad y la protección de comunidades, en particular, a través de las iniciativas “Catatumbo Sostenible”, “Zonas Futuro” y el piloto de la “Hoja de Ruta” de implementación del PDET. Los mayores problemas que enfrenta la implementación del Acuerdo de Paz se encuentran en la sustitución de cultivos ilícitos, las garantías de seguridad de excombatientes, la integralidad de su proceso de reincorporación y la protección de líderes sociales.

La implementación del Acuerdo de Paz avanza de manera fragmentada y con dificultades. A la difícil situación de orden público, se suman los rezagos que ha tenido el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y el proceso de reincorporación.

Los mayores problemas que enfrenta la implementación del Acuerdo de Paz se encuentran en la sustitución de cultivos ilícitos, las garantías de seguridad de excombatientes, la integralidad de su proceso de reincorporación y la protección de líderes sociales

En cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, factores como la desfinanciación del PNIS, los retrasos en la asistencia técnica y la seguridad alimentaria, así como la alertas tras el anuncio de la reactivación de la aspersión con glifosato, han generado desconfianza y creado condiciones para un potencial escenario de conflictividad social, que tiene como antecedente las marchas cocaleras de finales de los noventa y el paro agrario de 2013.

“Catatumbo Sostenible” y la construcción de la “Hoja de Ruta” han dinamizado el PDET, pero hay que aterrizar estas iniciativas y su apropiación por parte de los actores locales. En el marco de “Catatumbo Sostenible” se destaca la conformación de la Alianza con el Sector Privado de Norte de Santander para la Estabilización del Catatumbo y el Grupo de Cooperantes, que buscan articular acciones enfocadas en el desarrollo económico, e identificar necesidades en materia de seguridad, reincorporación y sustitución de cultivos ilícitos. De igual forma, se han anunciado inversiones para el desarrollo de vías terciarias, electrificación y alimentación escolar, que priorizan recursos para la financiación de iniciativas PDET y otras acciones en el mediano y largo plazo[16].

Por otro lado, la FIP resalta la activación del proceso PDET a partir de la construcción de la “Hoja de Ruta”, proceso al que se han vinculado los alcaldes de la región y los grupos motor, quienes tendrán un rol fundamental en el aterrizaje de esta iniciativa.

Si bien estas son acciones promisorias para el desarrollo territorial, persisten retos en la socialización y apropiación de diferentes actores de la región. Es importante potenciar la participación, de manera que no solo se socialice lo construido sino también que se generen procesos de apropiación y veeduría.

La seguridad se ha reforzado con mayor presencia de la Fuerza Pública y con intervenciones paliativas o reactivas, que no han logrado frenar su deterioro. En el Catatumbo hace presencia la Fuerza de Tarea Vulcano, la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA III), los Batallones de Operación Terrestre (BATOT) y los Batallones Especiales Energéticos y Viales (BAEV). El Gobierno Duque, además, ha desplegado a 3.000 militares para combatir el narcotráfico[17], está implementando el Plan de Seguridad Fronterizo para Cúcuta[18], la campaña militar y policial ‘Esparta’[19], y enviado 12 pelotones (508 integrantes de la Fuerza Pública) a las zonas de mayor afectación[20], entre otras acciones.

La percepción general es que en las intervenciones del Estado prevalece la lógica paliativa o reactiva, que no llegan a afectar el curso de la confrontación armada. De acuerdo con la Base de Datos del Conflicto de la FIP, la cual se basa en seguimiento de prensa, al comparar lo ocurrido entre 2018 y 2019, se encuentra que tanto las acciones de la Fuerza Pública como de los grupos armados ilegales aumentaron el 25% y 18% respectivamente.

Las respuestas a la crisis migratoria se centran en las necesidades humanitarias, mientras que los desafíos de seguridad persisten. Las entidades públicas y la cooperación internacional han avanzado en la garantía de acceso a servicios médicos y educativos para población venezolana. Sin embargo, persiste una profunda crisis humanitaria y alertas alrededor de la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajos forzados, así como el reclutamiento por parte de grupos armados. De ahí que no se puede dejar de lado la ruta de atención a la población venezolana víctima del conflicto armado. Al respecto, el Conpes 3950 estableció que esta población puede ser atendida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en los componentes de atención psicosocial, asistencia humanitaria y coordinación de oferta para un destino final dentro del territorio nacional[21].

La percepción general es que en las intervenciones del Estado prevalece la lógica paliativa o reactiva, que no llegan a afectar el curso de la confrontación armada

Es importante señalar que el fenómeno migratorio venezolano conlleva retos en el mediano y largo plazo, ligados a la integración de esta población a las dinámicas locales. Lo anterior, considerando que parte de esta migración tiene vocación de permanencia en territorio colombiano.

Hay brechas entre las necesidades inmediatas y la transformación territorial. Si bien en la región se vienen adelantando una serie de acciones en torno al desarrollo territorial a partir de la implementación del Acuerdo de Paz (a través de “Catatumbo Sostenible”), las preocupaciones y demandas de los actores locales se centran en las necesidades más urgentes: crisis humanitaria y escalamiento de la confrontación armada.

De ahí que resulte necesario que las agendas de seguridad, desarrollo territorial y migración se articulen con acciones en el corto plazo que garanticen la protección de las comunidades.

6. Las propuestas de los actores locales

En la región existen varias iniciativas y propuestas de la sociedad civil y las autoridades locales, así como de la cooperación internacional, que buscan responder a las necesidades inmediatas, sin perder de vista la transformación territorial.

Hay que garantizar el papel que cumple la sociedad civil y la cooperación en la visibilización, verificación y denuncia de la situación de derechos humanos. Los actores locales exigen a los grupos armados el respecto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) e insisten en la necesidad de establecer un acuerdo humanitario.

Desde el 2018 se han realizado, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, misiones humanitarias para abastecer a las comunidades con alimentos y registrar victimizaciones. Se destaca el Consejo Departamental de Paz, los Consejos Municipales de Paz y los Comités de Justicia Transicional que han exigido el respeto de unos mínimos humanitarios en medio de la confrontación armada. Además, las comunidades han realizado movilizaciones sociales exigiendo frenar la guerra que se vive en el departamento. Es clave proteger y fortalecer estos espacios y liderazgos, expuestos a altos niveles de riesgo por su labor de denuncia.

Desde el pasado 12 de febrero el EPL impuso un paro armado en la región del Catatumbo./ Cortesía.

No cerrar la puerta al diálogo con el ELN. Alcaldes y algunas organizaciones sociales han hecho un llamado a retomar contacto con esta guerrilla. Si bien en el Catatumbo es difícil avisorar la voluntad de esta guerrilla de desescalar el conflicto y abrir la opción del diálogo, para los actores locales es claro que la vía armada ha mostrado ser la opción con mayores consecuencias humanitarias.

Es urgente seguir activando la participación comunitaria y la generación de confianza en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. A pesar de los esfuerzos y avances, persisten dudas e incertidumbres por parte de comunidades que aún no se sienten incluidas. Tanto el sector privado como el público, organizaciones sociales de diferentes corrientes, así como la cooperación y los excombatientes, están dispuestos a potenciar el diálogo social y contribuir al proceso de implementación del Acuerdo. Resulta prioritario intensificar su vinculación a intervenciones como “Catatumbo Sostenible” y “Zonas Futuro”, aumentando el sentido de apropiación y el protagonismo de múltiples actores.

La reincorporación es un asunto estratégico de cara a la legitimidad del Acuerdo de Paz y la prevención de la reincidencia. En el contexto actual, uno de los principales riesgos es la reincidencia de aquellos que iniciaron el proceso de reincorporación, lo que pondría en peligro las garantías de seguridad de los excombatientes. No hay que olvidar que en el Catatumbo, la reincorporación se percibe como uno de los factores principales para la implementación del Acuerdo de Paz. La experiencia del ETCR de Caño Indio y de los excombatientes que se encuentran en diferentes municipios de la región, debe ser tomada en cuenta en clave del desarrollo territorial y para la generación de confianza entre las comunidades y las instituciones.

Así las cosas, es urgente identificar en el Catatumbo, los factores claves que contribuyan a la estabilización de esta región, generando condiciones básicas de seguridad, reduciendo la violencia y la intimidación e impulsando un proceso amplio e incluyente de participación. En este momento, el objetivo principal debe ser detener la degradación e intensificación de la confrontación armada, protegiendo a la población y generando vínculos de confianza entre el Estado y los actores locales. Esta debe ser la base de la transformación territorial.

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[1] Comunicado ELN. (10 de febrero de 2020). Decreto de paro armado del 14 al 17 de febrero. Obtenido de: http://www.cedema.org/ver.php?id=8566

[2] Base de Datos de Conflicto de la FIP.

[3] Blu Radio. (11 de febrero de 2020). EPL anuncia paro armado indefinido en el Catatumbo. Obtenido de: https://www.bluradio.com/nacion/epl-anuncia-paro-...

[4]Blu Radio. (17 de febrero de 2020). Se detectaron 117 acciones terroristas, se evitaron 94: FFMM sobre paro del ELN. Obtenido de: https://www.bluradio.com/nacion/orden-publico/se-...

[5] OCHA. (12 de febrero de 2020). Necesidades humanitarias por restricciones a la movilidad y acceso en el Catatumbo Norte de Santander. Obtenido de: https://www.humanitarianresponse.info/en/operatio...

[6] Semana Sostenible. (26 de noviembre de 2019). Catatumbo, el más deforestado del país en los últimos 9 meses. Obtenido de: https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articul...

[7] OCHA. (31 diciembre de 2018). Reconfiguración de la situación humanitaria en 2018. Obtenido de: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.h...

[8] El Tiempo. (9 de octubre de 2019). En lo que va del año 15.140 personas han sido desplazadas forzosamente. Obtenido de: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-nar...

[9] Defensoría del Pueblo. AT N 011-219 (El Tarra), 014-19 (Teorama), 024-19 (Ábrego y La Playa), 037-19 (Puerto Santander).

[10] Base de homicidios de la Policía Nacional.

[11] Base de Datos de Agresiones a líderes sociales.

[12] Migración – Ministerio de Relaciones Exteriores (2020). Venezolanos en Colombia. Corte a 31 de diciembre de 2019.

[13] La Opinión. (1 febrero 2020). Cúcuta, primer lugar en homicidios de venezolanos con armas de fuego. Obtenido de: https://www.laopinion.com.co/judicial/cucuta-prim...

[14] El Tiempo. (20 de junio de 2019). Grupos armados colombianos seducen a venezolanos desesperados. Obtenido de: https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/grupos-a...

[15] Save the children. (27 de marzo de 2019). Crisis en Venezuela: Los niños que huyen hacia Colombia corren el riesgo de ser víctimas de trata o reclutados por grupos armados. Obtenido de: https://www.savethechildren.es/notasprensa/crisis...

[16] Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. (2018). Informe de gestión.

[17] Vanguardia. (28 de octubre de 2018). Duque despliega 3.000 soldados en el Catatumbo para combatir el narcotráfico. Obtenido de: https://www.vanguardia.com/colombia/duque-desplie...

[18] W Radio. (20 de febrero de 2020). Mindefensa anunció en Cúcuta un plan de seguridad fronterizo en Norte de Santander. Obtenido de: https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/min...

[19] Policía. (1 de julio de 2018). En el marco de la Campaña Militar y Policial Esparta logramos la captura de tres integrantes de los pelusos. Obtenido de: https://policia.gov.co/noticia/marco-campana-mili...

[20] El Tiempo. (20 de febrero de 2020). Actos violentos de grupos armados no dan tregua en Norte de Santander. Obtenido de: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/...

[21] Documento Conpes. (23 de noviembre de 2018). Conpes 3950. Obtenido de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C...

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