Descargar el análisis AQUÍ y las bases de datos que se utilizaron.

A la fecha, Medicina Legal[1] no ha publicado los datos consolidados de cierre de año, lo cual es recurrente, sin duda una mala práctica en aras de garantizar la transparencia de la información y su utilidad para definir las políticas.

A pesar de la amplia difusión que la Fiscalía General le ha hecho al “Censo Delictivo”, una idea recuperada por el ex Fiscal General Néstor Humberto Martínez cuando era Ministro de Justicia en los años 90, aún resulta complejo el acceso a la información pública del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Por su parte, la Policía, que ha sido la entidad que con mayor puntualidad ha difundido las cifras de criminalidad de manera mensual, se ha retrasado en más de un mes por primera vez en los últimos dos años y aún no contamos con la cifra de homicidios del mes de enero. Adicionalmente, la Policía eliminó de su página web las cifras de extorsión y hurto a celulares[2] para el 2018, y la información de incautación de armas solo está disponible hasta el mes de noviembre.

Finalmente, el proceso de unificación entre los datos sobre hurtos provenientes del SPOA y del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO) –recientemente explicado por funcionarios de la Policía y la Fiscalía[3]–, no es replicable por investigadores externos dadas las dificultades para acceder a los datos desagregados de las dos entidades. Esto hace imposible cualquier comparación de largo plazo con las consecuentes limitaciones en materia de política pública.

Esta situación plantea discusiones que ya se consideraban superadas frente a las dificultades que trae no contar con cifras oportunas y transparentes sobre violencia, delincuencia y actividad operativa. El precario acceso a esta información genera desconfianza sobre la forma como se están enfrentando los fenómenos y se diseñan las políticas. De igual forma, limita la capacidad de la sociedad para ejercer control sobre las autoridades y así garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de seguridad, bajo un estricto respeto por las garantías y derechos de los ciudadanos, lo que ha sido siempre la máxima aspiración de la seguridad ciudadana.

Estas situaciones se ven agravadas por lo que ha venido sucediendo con el registro de los homicidios desde el mes de septiembre de 2018, al que la FIP hizo referencia en nuestro último informe sobre el tema[4] .

Las diferencias en las bases de datos

Desde el año 2013, en Colombia los homicidios venían cayendo a una tasa promedio anual de -6%. El 2018 rompió con esta tendencia de reducción que se había logrado mantener durante los últimos cinco años (2013-2017), según la información proveniente de las bases de datos publicadas por la Policía Nacional[5]. Sin embargo, tal como lo señaló la FIP en diciembre de 2018, identificamos una variación significativa entre los registros publicados en el mes de septiembre y los que se publicaron entre octubre y diciembre.

Según la base de datos de septiembre, se registraban 8.475 casos de homicidios entre enero y agosto de 2018. Esto implicaba un aumento en el número de víctimas del 8.6% con respecto al mismo periodo en 2017. Al descargar la base de datos en el mes de octubre, encontramos que el registro total de homicidios para el período entre enero y agosto de 2018 era de 8.365 homicidios 110 casos menos difícilmente adjudicables a los procesos normales de ajuste de categorías, una práctica habitual en este tipo de bases.

Luego, al analizar de manera comparada los dos grupos de datos (los de septiembre versus los de octubre) para el período enero-agosto, encontramos una variación sustancial de casos en la variable “clase empleado” referente a la víctima: las diferencias son alarmantes en las categorías “delincuencia” y “grupos ilegales”.

Como se observa en la tabla, entre un mes y otro se eliminan 71 casos de la categoría “delincuencia” y 43 de “grupos ilegales”. Estos números distan de los ajustes que se presentan en otras categorías, siendo la de mayor impacto la de “no reportado” con 7 casos menos.

Al comparar caso por caso entre las dos bases de datos, teniendo en cuenta categorías que no deberían tener ninguna modificación como municipio, fecha y hora del hecho, encontramos que de los 71 registros de la categoría “delincuencia”, 5 fueron recategorizados: 4 como agentes de la Fuerza Pública y 1 como independiente, se agregó un nuevo registro y 65 salieron de la base. De la categoría “grupos ilegales”, 43 registros fueron eliminados.

En total, de ambas categorías fueron sacados 108 registros entre septiembre y octubre de 2018. Adicionalmente se encontró que de la categoría “etnia indígena” se eliminaron 2 casos que ocurrieron en Maicao, La Guajira. La suma de estos dos grupos de datos faltantes explica la diferencia de los 110 casos.

Esta eliminación de registros es aún más alarmante si se tiene en cuenta que de acuerdo al protocolo de elaboración de bases de datos de la Policía Nacional, los registros de SIEDCO, en especial los de homicidio, responden a un proceso juicioso de recolección de datos a cargo de los Centros de Investigaciones Criminológicas[6]. Es a partir de este sistema que, de manera automatizada, la Policía produce sus informes para que sirvan de insumo en la toma de decisiones y la creación de política pública[7].

¿Se debería pensar que entre enero y septiembre de 2018 se incluyeron registros de homicidios que finalmente no lo fueron?

Los homicidios de presuntos delincuentes y miembros de grupos ilegales venían registrando un promedio de 20 víctimas mensuales, de acuerdo con la base de datos publicada en el mes de septiembre, lo que sumaba 180 muertes violentas para los primeros 8 meses del año. La base que publicó la Policía en el mes de octubre evidenció cambios significativos en estas dos categorías, tal como se observa en la siguiente tabla. El promedio mensual entre enero y agosto disminuyó a 8 víctimas, que sumaron 66 muertes violentas.

Diferencias con los registros de medios de comunicación

En el marco de los programas de seguridad “El que la hace la paga” y “Plan Diamante”, implementados para los primeros 100 días del nuevo gobierno, los medios de comunicación registraron una intensificación de acciones por parte de la Fuerza Pública en departamentos como Antioquia, Nariño, Córdoba y los Santanderes, en varias de las cuales “se dio de baja” a presuntos integrantes de grupos armados ilegales y delincuenciales. Sin embargo, al revisar las bases de datos publicadas entre octubre de 2018 y enero de 2019, las cuales registraron las muertes violentas ocurridas entre septiembre y diciembre de 2018, la FIP encontró discrepancias entre lo que salió en los medios.

En las bases de la Policía, los registros de homicidios que corresponden a la categoría “grupos ilegales” fueron 0 en septiembre, octubre y diciembre. Sin embargo, medios como El Espectador, El Tiempo, El País y RCN Radio registraron la muerte de siete exguerrilleros en combates entre las Fuerzas Militares y las disidencias de las FARC en los departamentos de Nariño y Guaviare[8]; cinco operaciones del Ejército que dejaron 13 muertos, de los cuales 7 pertenecían al Clan del Golfo, 5 eran disidentes del frente 36 de las FARC –donde murió alias “Cabuyo”- y uno era un guerrillero del ELN[9]; y la muerte de alias “Guacho” y “Pitufo”, abatidos en un operativo en zona rural de Tumaco.

Al revisar las características de los homicidios registrados en esos mismos lugares y en las mismas fechas, no encontramos coincidencias con las muertes antes descritas. También revisamos los 23 casos registrados entre septiembre y diciembre bajo la categoría “delincuentes” y ninguno corresponde a las muertes violentas que registraron los medios y el Gobierno Nacional.

Las muertes producto del ejercicio de la Fuerza Pública

El 6 de febrero, en Medellín se llevó a cabo una reunión en la que participó el Alcalde de la ciudad, el Secretario de Seguridad, miembros de la DIJIN, de la Policía Metropolitana y otras instituciones de seguridad y justicia, en donde se discutieron, entre otras cosas, estrategias para abordar el incremento de homicidios que se presentó el año pasado en la ciudad, ya que, entre las cinco ciudades más grandes de Colombia, Medellín fue la única en donde crecieron el número de homicidios.

Uno de los resultados de esa reunión fue incluir en las estadísticas de homicidios las muertes violentas producto del ejercicio propio de la Fuerza Pública. Esta decisión sugiere que en el caso de Medellín las muertes violentas no estaban siendo registradas en las bases de datos de la Policía. Si bien estas muertes hacen parte de circunstancias en donde la Fuerza Pública hace uso legítimo de la fuerza para defender a los ciudadanos, ocurren en circunstancias violentas que deben ser investigadas.

La FIP no ha podido comprobar si la práctica de no incluir homicidios en dichas circunstancias se da en otras ciudades con consentimiento de las autoridades civiles y de policía. Sin embargo, los datos obtenidos de las bases publicadas durante los últimos 4 meses del año 2018, así lo sugieren.

Entre las implicaciones que se derivan de la falta de información disponible y la falta de claridad en los procesos de recolección, registro y publicación están, en primer lugar, el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en 2015 en el Protocolo de Bogotá, destinado a garantizar grados elevados de validez, fiabilidad y transparencia sobre los datos de homicidios que registra la región[10]. Segundo, a una pérdida de legitimidad del Estado, ya que la falta de un control juicioso de los datos es signo de una institucionalidad frágil. Por último, la exclusión de datos sin explicación, teniendo en cuenta que miembros de la Fuerza Pública han sido acusados de participar en actos ilegales relacionados con muertes violentas en el pasado, pone en riesgo las condiciones jurídicas de las Fuerzas Armadas y de Policía, porque genera dudas sobre la naturaleza de estas muertes.

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[1] http://www.medicinalegal.gov.co/observatorio-de-v... http://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadistic...

[2] Desde agosto de 2018, en la página del observatorio del delito de la Policía Nacional, se dejaron de publicar los datos sobre el delito de extorsión. La plataforma Datos Abiertos tampoco tiene esta información disponible y actualmente ni siquiera está el histórico de lo que se había registrado antes de esa fecha. Lo mismo sucede en el caso de los hurtos a celulares.

[3] Rodríguez, J. D., Mejía, D., Caro, L., Romero, M. & Campos, F. (2018). Implicaciones del proceso de integración de los registros administrativos de criminalidad entre el SPOA de la Fiscalía General y el SIEDCO de la Policía Nacional, y la puesta en marcha del aplicativo ¡A Denunciar!, sobre las cifras de criminalidad. Revista Criminalidad, 60 (3): 9-27.

[4] Castillo, J. Ronderos, M.E. Suárez, M. (2018). Sin política pública contra los homicidios no es posible proteger la vida en Colombia. http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1717

[5] https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n...

[6] Buitrago, J. R., Rodríguez, J. D. & Bernal, P. A. (2015). Registros administrativos de Policía para la consolidación de cifras de criminalidad en Colombia. Revista Criminalidad, 57 (2): 11-22. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_ar...

[7] Dirección de Investigación Criminal e Interpol (2014). Operación Estadística “Conductas y Servicios de Policía en Colombia”, Ministerio de Defensa Nacional. Disponible en: https://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.ph...

[8] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/mu... https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-nar... https://www.elespectador.com/noticias/judicial/mu... https://www.elpais.com.co/judicial/capturado-en-n...

[9] https://noticias.canalrcn.com/nacional-pais/abati...

[10] Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Fiscalía General de la Nación de Colombia, Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, y Open Society Foundation. (2015). Protocolo de Bogotá sobre calidad de los datos de homicidios en América Latina y El Caribe. Obtenido de http://conferenciahomicidiosbogota2015.org: http://conferenciahomicidiosbogota2015.org/wp-con...