Esta columna de opinión se publicó el 8 de diciembre de 2018 en La Silla Vacía

Por eso, del modo en que la Comisión desarrolle su trabajo, y de la calidad y el enfoque de los informes que produzca, dependerá que se convierta en una verdadera oportunidad para avanzar en el lento camino de la convivencia, y no en un instrumento para profundizar los agravios.

Esta tarea, que no es fácil, requiere afrontar varios desafíos que no están en su mandato. Se necesita, primero, reconocer el contexto del país y releer los contenidos que fueron proyectados por las delegaciones de paz en La Habana.

La Comisión debe entender que, si bien su tarea está definida en el marco normativo que reglamentó el Acuerdo de Paz, la posibilidad material de realizar su tarea está atada a un contexto político y social que cambió diametralmente desde que Santos y Timochenko estrecharon sus manos hace dos años en Cartagena.

En ese momento, se creía que el Sistema Integral de Justicia Reparación y no Repetición (conformado por esta Comisión, por la JEP y la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos), estaría en pleno funcionamiento y que sería reconocido por la sociedad colombiana como un instrumento de cierre definitivo del conflicto.

Pero no fue así. El proyecto de paz perdió el plebiscito y el modo en que se dio su refrendación definitiva erosionó gravemente su legitimidad. Tan fue así que el candidato de la oposición ganó la campaña a la presidencia y se llegó al punto de poner en cuestión el cumplimiento de lo pactado.

Adicionalmente, los terceros salieron de la JEP y el nombramiento de sus magistrados y de los Comisionados de la Verdad causó polémica entre sectores conservadores de la sociedad. Le escuché decir a Eduardo Pizarro que una pieza central de la Comisión era la figura del Padre de Roux. Que él lo veía como un Desmond Tutu colombiano, que sería capaz de generar unidad en torno a su figura.

Ojalá fuera así. Valoro y respeto enormemente el aporte y la audacia del padre de Roux en el camino de la construcción de paz de Colombia, pero sería miope ignorar que su figura es vista con recelo por varios actores que tienen mucho que aportar para comprender mejor el conflicto.

Por ello, si la Comisión quiere ser exitosa, requiere ganar legitimidad y construir puentes de entendimiento con sectores de la sociedad que hoy la identifican como el vehículo de una verdad sesgada en su contra. Y eso no se logra diciéndole a sus contradictores que, si no participan, tendrán el juicio de la historia.

No es suficiente con hacer llamados generales. Para que la Comisión logre producir un relato que no reproduzca el narrado en expedientes judiciales, tiene la obligación de convocar a los incrédulos. Y cabe preguntarse: ¿el camino que se ha elegido hasta ahora logra ese propósito?

El segundo desafío tiene que ver con valorar en su justa medida el absoluto categórico de producir un relato que satisfaga a las víctimas.

El objetivo es noble, pero está lleno de inconvenientes, varios de los cuales se reflejan en la pregunta sobre quiénes son esas víctimas y quién es el que las escoge. Porque pretender desligar las posturas políticas de la representación de las víctimas es negar la realidad más básica.

¿Estarán, por ejemplo, algunas víctimas del Estado y del paramilitarismo dispuestas a reconocer como propia una interpretación de la Verdad que matice la tesis de que en Colombia hay violencia sistemática contra los opositores, y que esa violencia está orientada por individuos poderosos que, en contubernio, planean estrategias para erosionar la agencia de los sectores populares?

¿Estarán las víctimas de los grupos guerrilleros dispuestas a acoger la idea de que su victimización fue el resultado de una guerra irregular con contenidos también políticos, y que ellas mismas eran corresponsables de las lógicas de violencia que expresó en contra suyo?

Porque, en cierto modo, la tarea de la Comisión consiste en “retar” las versiones que todos tenemos sobre el conflicto, y eso incluye las versiones del Estado, de los actores armados y de las propias víctimas. Si la Comisión opta por alguno de esos relatos por encima del otro perderá la posibilidad de comprender las lógicas del conflicto como el resultado de un largo y complejo proceso social, económico y político, y dará paso a respuestas sobre los culpables y su responsabilidad. Pero eso es la tarea de los jueces.

La Colombia de la reconciliación necesita un relato lleno de matices y abierto a las diferencias. Un relato en que el reconocimiento ensanche la comprensión y no repita la historia que ya creemos saber. Y para ello necesitamos que la Comisión inspire confianza y muestre su ponderación. La mejor de las suertes en ese propósito.